Juan carlos Blumberg, un ingeniero de 67 años convertido en una figura emblemática de la lucha contra la inseguridad, lidera desde una fundación -que lleva el nombre de su hijo- el reclamo por la defensa de los derechos civiles, el endurecimiento de las penas y el cese de la impunidad de la que gozan los delincuentes y funcionarios acusados de corrupción. También, hay que decirlo, atenta contra el trabajo de los jueces llamados ‘garantistas’ a quienes acusa de ser blandos con los delincuentes. Ese mismo concepto de ‘garantistas’ hizo, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires descendiera significativamente el índice de secuestros y asaltos.
«Estamos aquí para reclamar como ciudadanos por una Argentina más justa, en paz y con trabajo. Pero eso es imposible si la justicia, la salud, el trabajo y la educación no son prioridad para este gobierno», dijo Blumberg mientras los manifestantes se unían al grito de «justicia, justicia».
«Presentamos un petitorio al presidente de la Corte Suprema con muchos de los puntos que venimos reclamando desde hace más de un año: decisión en la persecución de la delincuencia de todo tipo, cumplimiento efectivo de las penas, declarar el estado de emergencia de la justicia… respeto por las garantías constitucionales para todos», dijo Blumberg.
La convocatoria se realizó en momentos en que gran parte de la sociedad se encuentra sensibilizada por polémicas decisiones tomadas por la justicia.
Al respecto, cabe recordar que a principios de mayo, un tribunal otorgó la libertad provisoria a la ex funcionaria María Julia Alsogaray, procesada en varias causas por corrupción durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
Días después, otro tribunal le concedió la excarcelación a Omar Chabán, dueño de la discoteca «República de Cromañón» incendiada a fines del año pasado en la que fallecieron 193 jóvenes.
En ambos casos, los jueces que les otorgaron la libertad argumentaron que nadie puede permanecer detenido hasta tanto no se pruebe su culpabilidad en un juicio.
Aunque válido, para una sociedad hastiada de la corrupción política y judicial, el argumento resultó insultante y fue rechazado en grandes espacios de la opinión pública local.
