Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en 1999 había 36.398.577 habitantes en nuestro país y un lustro después, en 2004, esa cifra trepó a 38.226.051 personas.
En ese mismo lapso, los detenidos en prisiones nacionales pasaron de 6.767 a 9.738 (43,9%), de los cuales 4.975 son procesados (51%), es decir reos que no han sido condenados en juicio.
Entre 2002 y 2003, la población carcelaria total -incluye a las prisiones provinciales- subió de 44.960 a 51.998 (15,6%) y los expertos la estiman hoy en 60.000.
El juez de Ejecución Penal Sergio Delgado precisó que una de las razones para que se produzca ese incremento ‘es que en el país viene aumentando, en promedio, la pena que se da a los condenados’.
Dicho de otro modo, los inculpados pasan más tiempo entre rejas, en algunos casos porque la ley endureció las penas para un mismo delito y en otros porque los jueces tienden a imponer sentencias más duras.
A juicio del magistrado, la aplicación creciente del juicio abreviado, un acuerdo por el cual el acusado acepta la sanción que pide el fiscal, potencia la subida de la población penitenciaria.
‘En caso de delitos menores, muchos reos prefieren aceptar una condena relativamente menor que afrontar el juicio, pero si comete un nuevo delito será reincidente y no podrá pedir libertad condicional, por lo que pasará más tiempo en la cárcel’, explicó.
Para el abogado penalista Eduardo Gerome, ‘lo que revelan las cifras es que hubo en esos años un ascenso en el índice del delito que se ve reflejado en el incremento del número de reclusos.
Al margen de lo que digan los datos oficiales al respecto, los niveles delictivos siguen en aumento, concluyó.
