Un año después de iniciada una “solución amistosa” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y después de reconocerse como “encubridor calificado” en el ataque a la AMIA, el Estado nacional dio muestras de su completo fracaso en lo que llama “avances” en la investigación. Lo hizo ante un grupo de familiares de las víctimas que -sin embargo- lo alienta a “profundizar” esas mismas políticas.
“Este es el resultado concreto: No estamos frente a un problema de ‘velocidad de investigación’…. No hay ningún avance ni investigación alguna. No hay un solo imputado y las maniobras de “avances” ante la CIDH sólo sirven para ocultar que el genocidio de la AMIA marcha hacia su prescripción el próximo 18 de julio”, afirmó Laura Ginsberg .
La representante de APEMIA denunció que “… se trata de una decisión política del gobierno de marchar hacia la prescripción. Y con la excusa de los “avances” en la causa AMIA, buscan imponer modificaciones a la Ley de Inteligencia para hacer más severo el control sobre los secretos de Estado”.
El proyecto de modificaciones -elaborado en el Ministerio de Justicia- es un retroceso respecto de la ya restrictiva ley vigente; el Estado podrá ocultar sus secretos incluso ante sus propios jueces. El anteproyecto contiene el espíritu de la repudiada Ley de Secretos Oficiales que Kirchner y Pichetto no pudieron imponer en setiembre pasado. Se trata de una nueva ley mordaza.
APEMIA hace un llamado especial a las organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y de derechos humanos, para enfrentar esta política que avanza hacia la próxima prescripción de la causa AMIA.
“Constituyamos una Comisión Independiente para organizar una campaña nacional e internacional contra la prescripción”.
Renovamos nuestra exigencia de apertura de los archivos secretos de la AMIA y el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del atentado y de su posterior encubrimiento.
