Los países firmantes son: Gran Bretaña, Francia, Luxemburgo, Grecia, Italia, Bélgica; Polonia y Holanda, afirmaron que lo harán próximamente.
El acuerdo amplía el acceso a los documentos, unos 30 millones, hasta ahora abiertos solamente a las víctimas y familiares inmediatos. Bajo un tratado de 1955, otras personas podían acceder con la autorización escrita de una víctima.
El servicio fue fundado luego de la Segunda Guerra Mundial para rastrear desaparecidos. Sobrevivientes que podían obtener una indemnización reclamaban al archivo las pruebas documentales del maltrato padecido.
Los documentos son listas de personas a matar en un campo de concentración, enfermedades mentales, homosexualidad, tratamientos médicos y hasta la presencia de piojos.
Ancianos sobrevivientes del Holocausto y sus familias habían pedido el cambio, señalando que de otro modo se perderían las historias de sus seres queridos.
Alemania argumentaba que el acceso a los archivos, por parte de los investigadores, violaba las leyes sobre intimidad.
El vicecanciller alemán, Guenter Gloser, dijo que el proceso fue «largo y a veces engorroso», pero que finalmente fue un «gran éxito para los investigadores».
El protocolo aún debe ser ratificado por la mayoría de los países, pero Brigitte Zypries, la ministra de Justicia alemana, ya afirmó que en los próximos meses se abrirán los archivos a los investigadores.
