El proceso judicial que llegó a su fin el 14 de junio llevaba 25 años de preparación. A 5 años del atentado, cuando la trama de encubrimiento entretejida por el gobierno de Menem, el Poder Judicial, servicios de inteligencia y dirigentes de la comunidad judía se había vuelto evidente. Esta acusación fue confirmada judicialmente el 29 de octubre de 2004, cuando el Tribunal Oral Federal Nº3 (TOF3) tomó la abrumadora evidencia de cómo se había desviado la causa AMIA (a través de la compra del testimonio de Carlos Telleldín y la acusación de policías bonaerenses que estuvieron bajo prisión preventiva durante 8 años) para afirmar que toda la investigación del exjuez Galeano “sólo buscó darle ropaje de verosimilitud y legalidad a una hipótesis arquitectónicamente armada”. Esto obligó a iniciar una nueva investigación en una imposible vuelta atrás en el tiempo, además de ser el punto de partida para la causa encubrimiento AMIA, que puso en el banquillo de los acusados a Carlos Menem, el ex titular de la Side Hugo Anzorreguy, a Galeano, los ex fiscales Mullen y Barbaccia, al ex presidente de la DAIA Rubén Beraja y otros. En el juicio por encubrimiento, la Justicia eventualmente reconoció que el encubrimiento fue una maniobra deliberada que perjudicó “de manera casi irreversible la averiguación de la verdad”, pero otorgó condenas extraordinariamente leves considerando la gravedad de los delitos cometidos, e incluso absolvió a varios acusados.
Mucho antes del histórico fallo de 2004 y el inicio del juicio por encubrimiento, el 16 de julio de 1999, Memoria Activa presentó con el auspicio del CELS una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusando al Estado argentino de no haber tomado medidas suficientes para evitar el atentado y por, una vez consumado, haber negado el derecho a la justicia a las víctimas y sus familiares. Frente a esta petición y el fallo del TOF3, el gobierno de Néstor Kirchner emitió el decreto 812 del año 2005, donde se reconoce la responsabilidad del Estado argentino por no evitar el atentado y por denegar la Justicia a través del incumplimiento, así como por violación del derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial. Se comprometió en respuesta a una serie de medidas, que incluían una ley de reparación para las víctimas, la creación de una unidad anticatástrofe y plan de contingencia ante posibles futuros atentados, el fortalecimiento de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y otras medidas para garantizar la investigación adecuada del atentado y de su encubrimiento.
De lo prometido, mucho no tuvo ningún tipo de avance a pesar de haber pasado más de dos décadas. En esos años, la causa AMIA fue utilizada una y otra vez con fines políticos, tanto locales como internacionales, llevando el tema del atentado al centro de la agenda nacional por momentos, sin que eso implique ningún tipo de avance en la búsqueda de la verdad y justicia. Frente a reiteradas promesas incumplidas de avanzar con lo anunciado en el decreto de 2005, Memoria Activa junto con el CELS decidieron denunciar al Estado argentino ante la Corte Interamericana por incumplimiento de las responsabilidades asumidas.
En su sentencia, que la Corte aclaró es reparatoria, se condenó al Estado argentino por no haber tomado medidas razonables para prevenir un segundo atentado en nuestro país, así como por no haber realizado una investigación apropiada de lo ocurrido, lo cual constituye violación del derecho a la justicia, considerando además el consiguiente encubrimiento y el impedimento al acceso a la información de la investigación a los familiares; claros actos de negación del derecho a la verdad. La Corte, reunida en San José (Costa Rica), ordenó al Estado argentino: remover todos los obstáculos a la investigación; reabrir las investigaciones con el objetivo de identificar, juzgar y sancionar a los responsables; desclasificar todos los archivos de todos los poderes estatales relacionados con la investigación; crear un archivo histórico sobre el atentado, el encubrimiento y las asociaciones de víctimas; y presentar un informe en un año detallando el progreso realizado en cada uno de estos aspectos, entre otros.
En diálogo con Nueva Sion, Diana Wassner (referente de Memoria Activa) afirmó: “El fallo de la Corte es positivo, pero a 30 años del atentado y 25 años de presentar la demanda, el papel de las víctimas no es hacer el trabajo que está obligado a hacer el Estado, ni de convertirnos en querella, investigadores y más. La Corte Interamericana dejó en claro una obviedad: el Estado argentino les debe a las víctimas verdad y justicia”. Tras el fallo, Memoria Activa anunció que planea apelar ante la Corte Suprema por las bajas penas y absoluciones otorgadas a los encubridores del atentado. “Un fallo serio, que condene debidamente a quienes nos privaron de la verdad, sería reparatorio para las víctimas”, expresó la organización a través de su cuenta oficial de X.
En un vergonzoso capítulo de nuestra historia caracterizada por la impunidad, el fallo de la Corte Interamericana es una honrosa excepción que permite vislumbrar alguna esperanza en avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia después de casi tres décadas. Es fruto de la incansable labor de los familiares nucleados en Memoria Activa y sus representantes legales del CELS en avanzar en esta dirección, a pesar del accionar de otros actores que tan sólo se refieren a la causa AMIA cuando les permite ganar visibilidad o intervenir en la defensa o al ataque de figuras políticas. Este accionar se ha convertido en el trampolín en el que se lanzaron numerosas carreras políticas, pero el rédito para estos individuos inescrupulosos, más que dispuestos a silenciar a los familiares de las víctimas que les resultan inconvenientes, no significó ningún tipo de avance en la lucha contra la impunidad.
Llama la atención el silencio de instituciones comunitarias y de medios de comunicación, que hace sólo dos meses llenaron páginas y páginas hablando sobre un fallo contra Irán de la Cámara de Casación que intervenía en la causa encubrimiento, que no era ni fallo ni tendrá grandes consecuencias jurídicas, sino tan sólo políticas. Ello permite pensar que sólo se festejan fallos convenientes, que confirman el sesgo preexistente, pero tal vez la reapertura de archivos implique la investigación o condena de amigos a los que el Poder Judicial ya absolvió. De parte del Gobierno nacional, tampoco hubo un comunicado oficial al respecto.
A casi treinta años, no hay una sola persona presa por el atentado que asesinó a 85 personas e hirió a cientos más el 18 de julio de 1994. Gracias a los encubridores, hay mucho que todavía no sabemos sobre lo que pasó ese día.
