“El fallo de la Corte Interamericana en el caso Amia ha sido un hito en el proceso de reclamo de los familiares y de Memoria Activa ante los gravísimos problemas de investigación y el encubrimiento”, dijo Litvachky.
Oportunamente, en su alegato final, Paula había señalado que “la historia del caso AMIA es la historia de cómo pelear para derribar el secreto. Secreto sobre el expediente, sobre el uso de los fondos reservados de inteligencia, sobre la documentación producida por la ex SIDE y otras dependencias estatales”.
“Pasados casi 30 años, con una investigación arruinada y difícil de reconducir, la dimensión individual del derecho a saber y la colectiva del derecho a la verdad cobran fuerza. Es lo que todavía se puede hacer. Es ética y políticamente ineludible”, sostuvo también la representante de los familiares de las víctimas del atentado.
En un comunicado conjunto, Memoria Activa y el CELS informaron que el tribunal internacional ratificó que el Estado argentino es responsable por violar los derechos humanos de las víctimas y sus familiares y el derecho colectivo a la verdad, y que debe comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación.
NS. ¿Cómo evalúan ustedes la política del gobierno en materia de derechos humanos?
PL. Para este gobierno a la conflictividad social se la tiene que enfrentar con dureza y con los organismos policiales y los aparatos de seguridad. Pone así en discusión el derecho a la protesta. Al mismo tiempo, ante los distintos intereses sociales, posiciones contrapuestas y conflictividades respecto de la puja distributiva, cree que el Estado tiene que disciplinar el conflicto. No concibe la idea de encarar y resolver con los dispositivos políticos y de articulación propios de la democracia.
NS. ¿Cuál sería el objetivo?
PL. En ese planteo lo que se persigue es desmovilizar a la sociedad y enfrentar a las organizaciones sociales, neutralizando las estrategias que se fueron desplegando durante estas décadas de democracia. Se estigmatiza y se ataca en forma directa a los movimientos sociales, bajo la idea de que son un curro y son corruptos, y que por eso van a cobrarles el costo de los operativos de seguridad, una iniciativa de Bullrich. El planteo con el protocolo anti protesta no es facilitar la libertad de expresión sino entorpecer, obstaculizar y en algunos casos reprimir o criminalizar la protesta.
NS. La represión no es igual en todos los casos en que la gente sale a la calle a manifestarse…
PL. Tenemos una evaluación de seis meses y pico de gobierno y excepto manifestaciones muy masivas, como la del 8m, la del 24 de marzo y la de la universidad pública, el resto han terminado con detenciones, heridos por balas de goma, personas que han perdido la visión por el uso de armas no letales. Hay una decisión de que, a las protestas sectoriales, donde se reclaman y critican políticas específicas, el dispositivo de seguridad intente evitarlas, dispersarlas y que no se sostengan en el tiempo.
NS. El cambio respecto de los gobiernos democráticos previos, peronistas, neoliberales, radicales, etc. es muy notorio y negativo.
PL. Este gobierno pretende desarmar lo que han sido las políticas de derechos humanos, inclusive aquellas que han sido transversales a todos los partidos durante estos 40 años, obviamente con idas y vueltas. Pensemos en la política de Memoria, Verdad y Justica. No se están afectando los juicios en sí, pero se está desfinanciando la Secretaría de Derechos Humanos y todas las actividades que se realizaban desde allí. Se están cerrando los equipos de relevamiento de archivos del Ministerio de Defensa, desfinanciando y echando a la mayoría de personal de los sitios de memoria. Milei, la vicepresidenta, Bullrich y Petri ponen en discusión el terrorismo de Estado como forma de repensar la violencia estatal del presente. Los derechos son pensados por el presidente como un obstáculo o como ventajas estatales asociadas a la corrupción. Las políticas contra la violencia institucional han dejado de realizarse. Hoy no hay una política de derechos humanos, se incentiva el uso de armas de fuego, se desarmó la política de género bajo la idea de que cuidar a las mujeres es ponerlas en mejor situación que a los hombres. Y apareció un alineamiento en la crítica a Cuba, Venezuela y Nicaragua, desde una posición afín a los Estados Unidos e Israel. Cuando se consulta al Gobierno sobre otras agendas, la 2030 de Naciones Unidas, la ambiental o la antirracial, no hay respuestas ni políticas específicas, sino una estigmatización y definiciones como que el derecho internacional no obliga a la Argentina a ningún posicionamiento. Ahí hay una desarticulación y una utilización instrumental de ciertas agendas de Derechos Humanos para definir su alineamiento estratégico geopolítico. Otro aspecto vinculado con derechos humanos es la libertad de expresión y su restricción, no solo con la protesta sino con los ataques a periodistas en las redes y las manifestaciones, el cierre de los medios públicos, la falta de pluralidad y de acceso a la información en distintos lugares, en un país sin medios ni cobertura en la totalidad. Todo está concentrado en la ciudad de Buenos Aires y otras grandes ciudades. Ha habido hostigamientos y decisiones de que ciertos periodistas críticos no pueden seguir cubriendo algunas notas. El gobierno apunta a la desinformación, característica propia de otros gobiernos de derecha de la región y a nivel global. El uso de redes y la desinformación son parte de su estrategia política.
NS. ¿La mayoría de la sociedad avala estas políticas duras?
PL. Hay cierto corte transversal de apoyo al endurecimiento de las políticas de seguridad o un hastío frente a las protestas, pero lo relevante es cómo trabajan agencias del Estado, las organizaciones y los medios de comunicación para no agudizar el enojo y la frustración cotidianas, de modo de encontrar salidas que no sean punitivas o violentas. Venimos de muchos años de discutir cómo generar herramientas para que enojos y malestar por la desigualdad y la violencia social y estatal puedan revertir en valores de solidaridad, de comunidad, de encarar tareas que se hagan cargo de situaciones de violencia, por ejemplo, la acción de bandas narcos en los barrios populares, que generan situaciones muy angustiantes y de restricciones de la vida. Debemos tratar de reconstruir nuevas respuestas, que el Estado no favorezca que las personas tengan armas. Las experiencias de Brasil y Estados Unidos mostraron que no las sociedades armadas son más violentas. Hay que trabajar en otras soluciones, saldar discusiones pendientes, que el gobierno no alimente sentimientos punitivos, de rechazo al otro, acentuados por la fractura social, que se reconstruya lo comunitario y lo solidario para vivir con dignidad.
NS. ¿La gente pacífica y masivamente en la calle le pone límites al gobierno?
PL. Como ocurrió en tiempos de Macri, cuando la gente se volcó a las calles contra el 2×1, las manifestaciones más recientes fueron muy masivas y diversas en términos de clases sociales y sectores políticos. Reflejaron el mismo sentimiento y acuerdo social. En este momento, la discusión sobre políticas de Memoria y Justicia de la dictadura han quedado lejos de las experiencias cotidianas, pero eso no significa que haya un espacio para que se desarme todo lo que se hizo o se justifique nuevamente la violencia estatal. Aun así, hay que prestarle atención al Gobierno y discutir socialmente, reconstruir los debates, volver a enlazar el pasado y el presente a partir de experiencias actuales. Es lo que nosotros intentamos hacer con nuestro trabajo de políticas de Memoria o de construcción social. A la movilización hay que sostenerla, hacerla crecer, asociarla a nuevos horizontes, a valores que resignifiquen los derechos en relación al día a día y a pensar como esa movilización puede expresar una nueva articulación política que interpele y construya una nueva mayoría, nuevas alianzas y encadenamientos de demandas que hagan un contrapunto para salir de esta crisis.
NS. Volviendo al tema AMIA, ¿qué efectos concretos tendrá el pronunciamiento de la CIDH?
PL. La decisión es muy importante porque reafirma la idea de que hasta el momento no se sabe ni se puede saber qué pasó en el atentado por las acciones de encubrimiento y desvío de la investigación de varios funcionarios que entorpecieron la investigación desde el Estado. Y también hay una decisión respecto de que el Estado argentino luego del atentado a la embajada de Israel tenía información con la que podría haber prevenido el atentado a la AMIA. El funcionamiento de la inteligencia nacional, la SIDE en ese momento, y el Poder Judicial, fue muy malo. La CIDH le impone al Estado argentino varias obligaciones: comprometerse con una investigación imparcial y exhaustiva para finalmente llegar a una verdad histórica y para definir las responsabilidades del atentado y las responsabilidades de quienes impidieron una correcta investigación. Hubo algunos avances en el juicio con la sentencia de 2019, pero no termina de ser una investigación exhaustiva ni en el tiempo oportuno, que requirió un esfuerzo muy importante de los familiares y de las víctimas. Esa decisión fue puesta en discusión por el fallo de la Cámara Federal de Casación que desestimó cierto tramo del encubrimiento y bajó las penas, dejando como mensaje que no ha sido tan grave lo que han hecho esos funcionarios. Muy al contrario, la CIDH dice que los funcionarios con sus acciones directas de entorpecimiento impidieron que se conozca la verdad sobre uno de los atentados terroristas más graves de la historia de Latinoamérica y del país. Esa diferencia de apreciación entre distintos tribunales tiene que ver con el corporativismo, con la dificultad de que el Estado se investigue a sí mismo y que el Poder Judicial lleve adelante una investigación seria que dé cuenta de lo que hicieron fiscales, policías y jueces.
Otra dimensión de la Corte Interamericana es la apertura de los archivos, un derecho de las víctimas, los familiares y toda la sociedad argentina para conocer qué pasó en estos treinta años, lo que derivará en acciones que seguirán siendo difíciles porque derribar el secreto es muy complicado, igual que desarticular la relación de funcionamiento de la agencia de inteligencia con el Poder Judicial. Eso pasa hoy, sigue habiendo vestigios secretos, no terminamos de saber ni de creer en la información que deriva de inteligencia y es muy difícil de verificar, ha perdido mucha credibilidad. El Estado tiene que reconstruir con transparencia, desde lo judicial e histórico, una verdad sobre el atentado que lleve adelante la reparación por lo que sucedió.
