Agregaron, por otra parte, que los problemas de defensa externa de los países del hemisferio sí deben atenderse militarmente, y las cuestiones de investigación y persecución de delitos a través de medios policiales, porque “el poder militar y policiaco deben estar sometidos a una autoridad civil legalmente constituida”.
Lamentaron que en el proyecto de declaración de la Conferencia Especial sobre Seguridad no se contemplen las transferencias militares entre los países americanos, sobre todo tomando en cuenta que Estados Unidos es el principal exportador de armas en la región, y que dichas transferencias -sin ninguna referencia en el texto- deben darse de acuerdo con el derecho internacional en materia de derechos humanos, “siempre también con transparencia y rendición de cuentas”.
En su propuesta a la Comisión de Seguridad de la OEA, Amnistía Internacional exhortó, a todos los países miembros de la organización, a ratificar “cuanto antes el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional -que tampoco cuenta con referencia alguna en la declaración-, como el mecanismo más importante de lucha contra la impunidad y en defensa de la humanidad”, y criticaron la práctica diplomática de la bilateralidad impuesta por Washington, en un esquema que constituye “un ataque al sistema global de protección, porque se hace al margen de todo el sistema internacional de protección de los Derechos Humanos”.
Pusieron como ejemplo el caso del acuerdo firmado entre la Casa Blanca y Colombia, que prohíbe juzgar en suelo colombiano a ciudadanos estadounidenses involucrados en violaciones a los Derechos Humanos cometidas en ese mismo territorio, “o el acuerdo firmado entre México y Colombia”.
Esta bilateralidad, que atenta contra el sistema multilateral de negociación, “le recorta influencia al sistema de la OEA o a cualquier sistema universal de derecho, de defensa de los Derechos Humanos o en contra de la impunidad”.
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