Informe del veedor de la OEA en el juicio por la conexión local en la Causa AMIA

Acuerda en la denegación de justicia

El jurista chileno Claudio Grossman, el experto enviado por la OEA como observador para la Causa AMIA, criticó la actuación de Juan José Galeano y Claudio Bonadío. Grossman hizo hincapié en “conductas ilegítimas y posibles actos criminales”. “A más de diez años de ocurrido este criminal ataque terrorista, continúa impune” afirma Grossman quien -además- deja constancia de esta derrota judicial y de la defensa que algunos sectores hicieron de Juan José Galeano.

El observador designado por la OEA en el caso AMIA, el jurista Claudio Grossman, fue durísimo en su informe oficial sobre la investigación del atentado: “El juicio oral reveló un amplio espectro de conductas ilegítimas, que van desde posibles irregularidades producto de simple incompetencia e incluso posibles actos criminales de encubrimiento o de otro tipo, con participación de actores políticos, jurídicos, policiales y de inteligencia”.
El ‘Informe Grossman’ convalida el fallo y el trabajo del Tribunal Oral Federal número 3 y afirma que “la sentencia contribuye a interpretaciones de que en vez de perseguirse a los actores verdaderos de este atentado, sobre todo sus responsables directos externos, se ha dirigido la investigación a establecer responsabilidades secundarias, que por lo demás aparecen viciadas de nulidad”.
Por sus conclusiones, el Informe Grossman constituye otra derrota para quienes defendieron al juez Juan José Galeano y la pesquisa que encabezaron las fuerzas de seguridad e inteligencia principalmente en época del gobierno de Carlos Menem. Y esa derrota debe mirarse hacia fuera y hacia adentro de los marcos de la comunidad judía de la Argentina.
Grossman, incluso, critica también al juez Claudio Bonadío quien debería investigar las irregularidades de todo el caso AMIA. Sin embargo, en cuatro años, dice el jurista chileno, “no se ha ordenado que se reciban declaraciones indagatorias, por lo cual el titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa, solicitó el juicio político del magistrado”.
Grossman convalida lo actuado por los magistrados del TOF 3 y transcribe, en su propio informe, larguísimos párrafos de la sentencia y habla de una investigación llena de “conductas ilegítimas, irregularidades, posibles actos criminales de encubrimiento e incompetencia”.
“Respecto de la conexión local, continúa Grossman, no existe una sola persona detenida o acusada de participar del atentado, aunque existen algunos imputados y sospechosos contra quienes se dictaron órdenes de captura” internacional. “A más de diez años de ocurrido este criminal ataque terrorista, continúa impune.”
El siguiente es un detalle de algunas de las irregularidades descriptas por Grossman:

– Se deja de manifiesto que luego de que estalla el coche-bomba se determina que el motor fue de Carlos Telleldín. Agentes de la SIDE se instalan en la casa de Telleldín durante 48 horas pero esto no figura en el expediente de la causa. En esas primeras 48 horas los hombres de la SIDE negocian telefónicamente con un Telleldín prófugo. Los famosos cassettes con esas conversaciones desaparecieron misteriosamente.

– La desaparición de los videos de entrevistas con otros testigos e imputados.

– El juez ordenó la detención de un cómplice de Telleldín, César Fernández. Después el magistrado sostiene que recibió un llamado anónimo que señalaba que se encontraba en Bella Vista y le pide a un jefe de la Bonaerense que lo detenga. En el juicio oral se demostró que Fernández fue detenido por la SIDE en Entre Ríos, secuestrado, torturado y luego entregado a la Policía bonaerense. Le hicieron firmar una declaración donde hicieron desaparecer la sigla de la SIDE.

– Grossman transcribe que los jueces del Tribunal Oral ordenaron investigar a los hombres del gobierno de Menem por el pago secreto e ilegal de 400.000 dólares a Telleldín para que éste declarara contra cuatro policías. “Se les reprocha no sólo haber aceptado realizar el pago, sino haber sido parte de los ideólogos del pago y del armado de la pista policial y haber dado sostén político necesario para que el plan (de encubrimiento) se llevara a cabo.”

Grossman está convencido que no hay objeciones al juicio oral del caso AMIA ni a las conclusiones contra Galeano y los funcionarios políticos, de inteligencia, seguridad y judiciales. Así que considera legítimo el reclamo de los familiares nucleados en Memoria Activa y recomendó a la CIDH que acepte la denuncia contra el Estado argentino por no haber prevenido el atentado y existir, luego, denegación de justicia para los familiares de las víctimas.