Sharón recalcó que “la evacuación de los enclaves que no tienen autorización es un compromiso que adquirí con el ‘Mapa de Rutas’”.
El Gabinete israelí aprobó por 18 votos contra 1 las recomendaciones del informe de expertos y designó una comisión que en el plazo de 90 días se encargará de confeccionar otro documento en el que definirá cuál es la mejor manera de aplicar el desmantelamiento.
Las 105 construcciones ilegales se construyeron tanto bajo gobiernos del Laborismo como del Likud, contando con financiación del Ministerio de Vivienda y del Ejército, por lo que su existencia no era ningún secreto para el Ejecutivo.
El periódico israelí ‘Yediot Ahronot’ tildó de “hipócrita” la actitud de algunos funcionarios que, comenzando por Sharón, se mostraron indignados por el contenido del informe.
