Comienzan a hacerse los balances y saltan a los primeros planos los probables escenarios que podrían presentarse en lo que ya se pronostica como un semillero de procesos judiciales.
A juzgar por importantes figuras de instituciones sociales que llevan casi tres décadas reclamando justicia, lo primero que debía dilucidarse es el grado de complejidad en perspectiva para emprender procesos judiciales, así como el número de probables acusados.
De acuerdo con Estela de Carlotto, Presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, serían más de 1.600 si se toma como referencia válida la lista que arrojó la indagación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), en 1984.
En tanto, Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, sostiene que hay evidencias sobre más de 4.000 militares implicados.
El jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, ya mencionó la cifra de 400 militares que deben rendir cuentas ante la justicia por su papel en la represión y afirmó que de ellos, alrededor del 10% -entre 10 y 50 personas- están aún en actividad.
Pero ambas activistas llaman la atención sobre un asunto que, de manera deliberada o no, está siendo silenciado por los medios: los civiles que desde distintas responsabilidades fueron cómplices de los crímenes de la última dictadura militar (1976-1983).
Bonafini va aún más lejos al afirmar que las transnacionales nunca fueron tocadas en el pasado y no deberían quedar afuera ahora.
Otro asunto que preocupa a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, por los precedentes ya sentados, tiene relación con el eventual escenario de los procesos y cómo los futuros condenados van a cumplir sus penas.
Se trata de rechazar que los juicios se celebren en instalaciones castrenses, así como que las penas se purguen en esos lugares o en los respectivos domicilios por cuestiones de avanzada edad.
La nueva situación creada con el fallo puso de nuevo sobre el tapete un asunto no menos controvertido y sensible: los indultos decretados por el ex presidente Carlos Menem, que beneficiaron a los principales jerarcas de la dictadura militar.
En declaraciones desde su provincia natal de La Rioja, Menem dijo que acepta la decisión de los jueces sobre las leyes del perdón y que haría lo mismo ante similar decisión sobre el indulto.
El promotor de Punto Final y Obediencia Debida, el ex presidente Raúl Alfonsín, al referirse al fallo de la Corte, dijo que la cuestión “sufre aún de una evidente renguera, debido a que permanecen incólumes los indultos aplicados por el presidente Carlos Menem”.
Al respecto, el jefe de gabinete, Alberto Fernández, dijo desconocer si el Presidente Néstor Kirchner tiene la intención de anularlos, porque si bien son facultad de un mandatario, ignora si eso es jurídicamente factible o posible.