Tras el rechazo de La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya al pedido de Argentina de detener en forma provisoria la construcción de dos plantas de celulosa en Uruguay, por 14 abrumadores votos contra 1, Greenpeace afirmó que «era un resultado absolutamente esperable» e insistió en la importancia de generar legislación al respecto, por lo que “hemos estado particularmente focalizados en hacer avanzar los incipientes proyectos en el Parlamento argentino” ·
Luego del esperado fallo al pedido que presentó el gobierno del Presidente argentino Néstor Kirchner y mantuvo en vilo al país, la flamante secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, advirtió que el rechazo al pedido «no es el fin del mundo», y dijo que a partir de la decisión del Tribunal queda abierta la posibilidad de que se ordene, en el futuro, «el desmantelamiento o la suspensión de las obras».
“Esta decisión de la Corte era un resultado absolutamente esperable, porque los especialistas en materia jurídica señalaban la dificultad que tenia Argentina de presentar esta medida cautelar por las características del Tribunal y por la naturaleza del conflicto”, señaló Villalonga.
El especialista señala al gobierno argentino como responsable de llevar adelante un pedido que claramente fracasaría: “Que no se haya podido construir un diálogo real y cierto en esto es responsabilidad de Uruguay y Argentina; Uruguay por mantenerse intransigente y en el equívoco de defender lo indefendible y Argentina por una confusión permanente de objetivos de cómo conducir este conflicto”, expresó continuó.
El Intendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen afirmó que el fallo le dejó sensación de «injusticia».
En ese sentido, y mucho más moderado y ubicado estuvo el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, quien afirmó que el dictamen de La Haya lo tomó con «tranquilidad» y manifestó «preocupación» por la actitud del intendente de Gualeguaychú «El fallo lo hemos recibido sin manifestaciones eufóricas, simplemente con tranquilidad».
Dijo sentir «preocupación por las manifestaciones del lado argentino, ya que el intendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen, está en una postura cerrada al fallo de La Haya».
Villalonga recordó, respecto a las plantas que “van a generar una perturbación al ecosistema del río Uruguay y un impacto en términos ambientales y en términos de interferencia con otras actividades como el turismo, eso es un hecho. Pero esto no lo podes dirimir en el ámbito legal”.
Y ejemplificó: “Las plantas nucleares en algunos países no son aceptadas y han decidido desactivarlas, sin embargo en otros países siguen adelante. Algunos países consideran que los riesgos a los que se someten son demasiado altos y otros consideran que son admisibles, entonces, hay una decisión política en base a un mismo dato científico”.
“La ausencia de criterios ambientales estrictos para estas plantas hacen que sean legales en Uruguay o en Argentina” y que esa decisión quede supeditada a temas políticos y no estrictamente científicos.
