A las diez de la noche, cuando los canales difundieron las primeras proyecciones, sentimos un alivio que hacía tiempo necesitábamos. Los números parecían anunciar una caída contundente del Likud y abrían la posibilidad de terminar con el gobierno de Netanyahu. Durante un rato nos permitimos creer que el desgaste de estos últimos años finalmente se había expresado en las urnas. Después llegó la primera tanda de resultados reales y nos dio vuelta la tortilla. La esperanza inicial se mezcló con la incredulidad, la bronca y esa frustración conocida de haber vuelto a confiar en un anuncio que el recuento empezaba a desmentir.
Por segunda o tercera elección consecutiva, las encuestadoras de los principales canales parecían repetir el mismo error. Presentaban la pérdida de fuerza del Likud con una contundencia que los votos después se encargaban de relativizar. Su retroceso en escaños alimentaba la impresión de un derrumbe, mientras el recuento mostraba que seguía siendo el partido más votado, con una ventaja considerable sobre los demás.
Las primeras proyecciones nos habían permitido ilusionarnos con un cambio profundo, y el recuento nos enfrentó otra vez con la persistencia del apoyo a Netanyahu entre la población judía israelí.
Ahí estuvo nuestra mayor decepción.
Después del 7 de octubre y de estos tres años consecutivos de guerra, destrucción y corrupción, esperábamos que muchos más ciudadanos le retiraran su confianza y exigieran otro rumbo.
Cuesta aceptar que todo lo vivido no haya alcanzado para provocar un rechazo más amplio a su liderazgo y a una forma de hacer política que alimenta el miedo, promueve el odio y convierte la desigualdad entre judíos y árabes en algo cotidiano y aceptable.
Ese respaldo nos obliga a reconocer la profundidad del arraigo del proyecto de la derecha y la distancia que todavía nos separa de construir una alternativa capaz de convencer a una mayoría. También nos deja la angustia de pensar que los próximos cuatro años puedan prolongar aquello que tanto esperábamos dejar atrás.
La frustración crece al considerar las condiciones que los propios dirigentes del bloque anti-Bibi impusieron para formar gobierno. Eisenkot, Bennett y Lieberman prometieron reemplazar a Netanyahu y, al comprometerse a excluir a los partidos árabes, cerraron uno de los caminos que podrían permitirles cumplir esa promesa.
Los diecinueve escaños de los partidos árabes se cuentan como parte del bloque anti-Bibi para afirmar que existe una mayoría capaz de reemplazar a Netanyahu. Después, los mismos dirigentes que celebran esa mayoría se niegan a negociar con los representantes árabes para formar gobierno. Se cuenta con sus votos para anunciar la victoria y se los excluye de los acuerdos necesarios para hacerla realidad.
Esa misma decisión es la que puede impedir el cambio que esperábamos.
De ahí nace buena parte de nuestra frustración, de ver que los escaños podrían alcanzar para terminar con este gobierno y que quienes prometieron reemplazarlo pueden dejarlo en el poder por negarse a reconocer a los partidos árabes como interlocutores legítimos.
Esa posición nos deja frente a dos posibilidades con perspectivas muy desiguales. La primera sería conseguir formar un gobierno alternativo, lo que requeriría llegar a un acuerdo con los representantes de los partidos árabes y reconocerlos como socios legítimos. Como expuse anteriormente, las negativas anticipadas de quienes deberían construirlo vuelven esa posibilidad casi nula. En esas condiciones, cobra fuerza la formación de un gobierno de unidad nacional encabezado por Netanyahu e integrado por partidos judíos de centroderecha y derecha. Quienes pidieron el voto para desplazarlo podrían terminar ofreciéndole la mayoría necesaria para seguir gobernando.
La fórmula de un gobierno compuesto únicamente por partidos «sionistas», promovida desde la oficina de Netanyahu, facilita ese desenlace. En ese uso político, la palabra sionismo funciona como un filtro que permite excluir a los partidos árabes y a los jaredíes y presentar esa exclusión como una expresión de responsabilidad nacional. Se establece quién puede participar en las decisiones del país mediante una definición con la que una parte de sus ciudadanos, por su historia y su pertenencia nacional o sus principios religiosos, difícilmente pueda identificarse. El carácter racista de ese criterio se manifiesta al convertir la pertenencia nacional de los ciudadanos árabes en una razón para negarles legitimidad política.

La aceptación de esa condición por los partidos sionistas, con la excepción de Los Demócratas, encabezados por Yair Golan, revela hasta qué punto Netanyahu consiguió imponer sus reglas de juego entre quienes prometieron reemplazarlo. Una unidad nacional construida sobre esa base dejaría afuera a una parte de la sociedad desde el momento mismo de su formación y ampliaría el respaldo a uno de los principios sobre los que la derecha consolidó su poder.
Desde una mirada de izquierda, la igualdad ciudadana tiene consecuencias concretas. Exige reconocer el derecho de los ciudadanos árabes a participar, a través de sus representantes, en la definición de las políticas, las prioridades y el presupuesto del Estado. Supone negociar con ellos, discutir diferencias y asumir compromisos recíprocos. La posibilidad de un cambio depende también de que los dirigentes judíos estén dispuestos a compartir el poder y a explicar ante sus propios votantes por qué esa participación forma parte de la democracia que dicen defender.
Por eso hoy encontramos tan poco para celebrar. Fuimos a estas elecciones con la esperanza de cerrar una etapa y nos enfrentamos a la posibilidad de que sus principales responsables obtengan otros cuatro años para continuarla, acompañados esta vez por algunos de quienes se comprometieron a ponerle fin. Un gobierno más amplio podría darle a Netanyahu nuevos socios, mayor legitimidad y menos resistencia parlamentaria, sin que exista un acuerdo capaz de cambiar el rumbo que nos trajo hasta acá.
Ahí está nuestra mayor frustración. Después de todo lo vivido, los próximos cuatro años empiezan a perfilarse como una prolongación de los últimos cuatro, con la continuación de la guerra, corrupción, deterioro democrático y aislamiento internacional. A quienes queremos un país que busque la paz, reduzca las desigualdades y garantice una vida digna a todos sus ciudadanos, nos cuesta encontrar esperanza en un cambio de socios que preserve la conducción y las políticas responsables de este presente.
La salida exige revisar la exclusión de los partidos árabes y construir con ellos un acuerdo político que permita abrir otro camino. Esa responsabilidad recae sobre todos los que prometieron una alternativa y, de manera inmediata, sobre quienes hoy se niegan a negociar con sus representantes. Mientras mantengan ese veto, el futuro que tantos israelíes anhelamos seguirá alejándose y Netanyahu podrá encontrar, entre sus adversarios, los apoyos que necesita para quedarse.
La exclusión de los partidos árabes plantea también una cuestión democrática fundamental. Descalificar de antemano a representantes elegidos por una parte de la ciudadanía, debido a su pertenencia nacional, establece una desigualdad en el derecho a participar en las decisiones del país. Esa posición muestra los límites del proyecto que podría suceder al gobierno actual y nos obliga a examinar qué lugar tienen en él la igualdad y la asociación política entre judíos y árabes.

Para nosotros, como gente de izquierda, esa asociación debe orientar la construcción de un nuevo proyecto propio. Requiere compartir decisiones, escuchar prioridades diferentes y aceptar que la participación del otro transforme nuestras propuestas. Nuestra capacidad de ofrecer un horizonte de reconocimiento entre israelíes y palestinos empieza por defender la participación igualitaria de los ciudadanos judíos y árabes dentro de Israel.
También debo decir que, a mí personalmente, la posible coalición que podría reemplazar a Netanyahu me entusiasma poco. Al frente aparece un general, acompañado por fuerzas que, con la excepción parcial de Los Demócratas, siguen pensando el futuro casi exclusivamente en términos militares. Sus principales objetivos son eliminar a Hamás, continuar el enfrentamiento con Irán y acabar con la amenaza de Hezbolá en el norte. Esas propuestas responden a miedos profundos de la sociedad israelí y encontraron apoyo electoral. Queda pendiente explicar qué realidad política y social pretenden construir mediante esas acciones y cómo piensan avanzar hacia una situación en la que nuestra seguridad deje de depender de una guerra tras otra.
El cumplimiento de esos objetivos también exigiría definir cómo resolver el conflicto israelí-palestino, qué relaciones establecer con los pueblos de la región y qué sociedad queremos ser. La protección de nuestros ciudadanos requiere respuestas inmediatas y una política capaz de reducir las condiciones que reproducen la violencia. Un gobierno debe explicar hacia dónde conduce sus acciones y qué futuro ofrece a quienes les pide confianza, sacrificios y, tantas veces, la vida de sus hijos.
Lamento ser un aguafiestas y, al mirar el horizonte de esta posible coalición, preveo que el conflicto continuará. Cambiarán sus intensidades, sus escenarios y las operaciones consideradas necesarias. Seguiremos hablando de la próxima amenaza y preparando la próxima respuesta. La solución política quedará sujeta a unas condiciones que se postergan una y otra vez.
En definitiva, la posibilidad de formar un gobierno sin Netanyahu depende de un acuerdo con los partidos árabes. Si Eisenkot, Bennett y Lieberman mantienen su negativa a negociar con ellos, las alternativas serán acordar con el propio Netanyahu o dejar al país sin una mayoría capaz de formar gobierno. Esa es la decisión que los dirigentes del bloque anti-Bibi deben explicarles a sus votantes y que nosotros, quienes todavía formamos parte de la izquierda sionista, necesitamos considerar para entender qué cambio puede surgir de estos resultados.
Un gobierno de unidad nacional con el Likud también podría tener como condición la exclusión de Los Demócratas, encabezados por Yair
Golan. Nuestra posición debería quedar clara desde ahora. Como izquierda sionista, tendríamos que decidir por nosotros mismos que no vamos a integrar un gobierno que mantenga a Netanyahu en el poder y dé continuidad a las políticas que venimos combatiendo.
Esta situación deja más claros que nunca los límites de la unidad que construimos con las fuerzas democráticas de centroderecha durante los últimos tres o cuatro años. Las urgencias, el miedo y el dolor ocuparon casi todo nuestro espacio político. Defender la democracia y terminar con este gobierno fueron objetivos que concentraron nuestras energías y nos reunieron con sectores cuyas posiciones sobre el futuro del país estaban muy lejos de las nuestras. La necesidad de sostener esa movilización fue postergando discusiones fundamentales sobre la ocupación, la igualdad, la participación política de los ciudadanos árabes y los derechos nacionales palestinos. Hoy, esas diferencias determinan con quién está dispuesto a gobernar cada dirigente y qué políticas podría impulsar una nueva coalición.
Como izquierda sionista, tenemos que reconocer nuestra parte en ese proceso. Fuimos permitiendo que el rechazo a Netanyahu definiera una porción cada vez mayor de nuestra identidad política. Dedicamos más esfuerzo a explicar por qué debía irse que a desarrollar y defender el proyecto de país que queríamos construir. Con el tiempo, nuestras propuestas perdieron presencia y nuestra capacidad de actuar quedó cada vez más sujeta a las decisiones de dirigentes que nunca las compartieron.
Pensar en el futuro exige de nosotros recuperar una voz propia y organizarnos para darle fuerza política. Necesitamos expresar con claridad qué significa para nosotros defender la democracia, cómo se relaciona esa defensa con el fin de la ocupación y qué compromisos estamos dispuestos a asumir para construir una sociedad con igualdad de derechos y un horizonte de paz entre ambos pueblos. Desde esa posición podremos decidir qué alianzas tienen sentido, para qué objetivos y bajo qué condiciones, y ofrecerle a la sociedad razones para acompañarnos que vayan más allá del rechazo a Netanyahu.
Por eso pienso que es este el momento de salir al encuentro de la sociedad israelí con una propuesta propia. Necesitamos darle un contenido concreto a la esperanza de resolver nuestra tan complicada situación. Tenemos que explicar qué futuro proponemos, cómo pensamos avanzar hacia él, qué garantías de seguridad requiere y qué responsabilidades estamos dispuestos a asumir. Quien nos escuche tiene el derecho a saber cómo esa propuesta puede proteger su vida, reconocer su historia y ofrecerles a sus hijos un futuro que puedan desear. Aunque a la mayoría le parezca utópica.
Nuestro punto de partida debe ser el reconocimiento sin vacilaciones de la presencia de dos pueblos en una sola tierra, de que ambos pertenecen a ella y de que los dos tienen derecho a la autodeterminación y al reconocimiento recíproco.
Debemos reconocer y decir en voz alta que tanto los judíos como los árabes palestinos vamos a seguir viviendo aquí.
Ahora nuestra tarea deberá consistir en explicar cómo podemos organizar esa permanencia compartida con seguridad, libertad e igualdad de derechos.
Para avanzar necesitamos que el pueblo israelí recupere la capacidad de imaginar un futuro compartido y de integrarlo con la memoria de nuestros muertos, la protección de nuestras vidas y el reconocimiento de nuestra historia.
La violencia fue estrechando nuestro horizonte hasta volver sospechosa cualquier conversación sobre una salida. Muchos israelíes
aprendieron a escuchar una propuesta de paz como una invitación a quedarse indefensos. Tenemos que comprender esa sensación y ofrecer respuestas que les permitan tomar en serio una nueva propuesta.
Debemos decir en voz alta que, como todos los ciudadanos de este país, somos conscientes de que en estos últimos tres años hemos perdido personas, hogares, comunidades y una gran parte de la confianza con la que habíamos organizado nuestra vida. Que hay ausencias irreparables y experiencias trágicamente irreversibles que seguirán acompañándonos durante años. Que cada persona tendrá sus propios tiempos para reconstruir su vida.
Una propuesta que aspire a transformar esta realidad debe reconocer esos tiempos y crear condiciones para volver a confiar, respetando la memoria de lo vivido.
El 7 de octubre dejó una herida que acompañará a la sociedad israelí durante generaciones. Los asesinatos, los secuestros y la destrucción de comunidades quebraron la certeza de que existía una protección sobre la cual construir la vida. Desde entonces, para muchos israelíes, cualquier discusión sobre el futuro empieza por la necesidad de saber quién garantizará que esto no vuelva a ocurrir. Tenemos la obligación de responder con seriedad, comprender qué falló y proponer garantías capaces de funcionar en un contexto de profunda desconfianza.
Esa responsabilidad incluye reconocer el sufrimiento palestino. Las muertes, la destrucción de hogares y comunidades, los desplazamientos y la experiencia de vivir sin poder decidir sobre el propio futuro forman parte de la realidad que queremos transformar. Cada pueblo debe poder expresar su dolor y reconocer el del otro. Cada
familia destruida constituye una pérdida humana que merece ser reconocida por sí misma. Nuestro sufrimiento nos compromete también con la sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno.
Hoy ese reconocimiento parece lejano. La sociedad israelí está muy lejos de creer que ese futuro compartido sea posible. Para muchos israelíes, mirar al otro significa todavía ver a quienes asesinaron a sus familiares, secuestraron a sus seres queridos o destruyeron su casa. Modificar esa mirada requerirá experiencias que permitan recuperar una sensación de seguridad. La confianza tendrá que apoyarse en compromisos verificables, acuerdos que se cumplan y formas de cooperación que ayuden a vivir mejor.
Como educador, sé que lo vivido modifica profundamente lo que una persona puede escuchar y las barreras emocionales que habrá que atravesar. También sé que podemos aprender a mirar de otra manera mediante el tiempo, los vínculos y los cambios en las condiciones de nuestra vida.
El conocimiento que nuestros hijos tengan del pueblo palestino en los territorios y de los árabes israelíes influirá en las relaciones que podrán construir. Necesitan acercarse a su lengua, su historia, su vida cotidiana y sus diferencias internas.
Ese aprendizaje puede ayudarlos a reconocer personas con las que sea posible acordar cómo vivir.
Una tarea política fundamental consiste en recuperar la convicción de que el conflicto puede ser resuelto.
La afirmación de que carece de solución terminó convirtiéndose como máximo en un axioma o como mínimo en una manera de organizar nuestra existencia.
La expectativa de un enfrentamiento permanente convierte cada período de calma en una preparación para la siguiente guerra. Cada nueva guerra refuerza esa expectativa y reduce el espacio para imaginar una salida. La repetición de la violencia adquiere así una apariencia de normalidad y la posibilidad de terminar con ella se vuelve cada vez más difícil de concebir.
Tenemos que revisar esa certeza. Los conflictos con los ciudadanos árabes dentro de Israel y con los palestinos de los territorios ocupados tienen una historia y características propias. Fueron producidos y transformados por decisiones humanas y siguen reproduciéndose mediante decisiones, instituciones y relaciones de poder. Su resolución requerirá acuerdos sobre derechos y territorios, mecanismos de seguridad, límites al ejercicio del poder y compromisos cuyo cumplimiento pueda exigirse. Comprender cómo se construyeron las condiciones actuales puede ayudarnos a identificar qué debemos transformar.
Una de las dificultades más profundas es que ambos pueblos sentimos un vínculo con toda esta tierra. Las fronteras distribuyen jurisdicciones y establecen responsabilidades políticas. La memoria y la pertenencia siguen recorridos propios, que muchas veces atraviesan esas fronteras. Hay judíos cuyo vínculo histórico y afectivo incluye lugares que quedarían bajo soberanía palestina, y palestinos cuya historia familiar y nacional está ligada a lugares que hoy forman parte de Israel. Un acuerdo tendrá que reconocer esos vínculos y encontrar formas de expresarlos compatibles con los derechos de quienes viven allí.
Necesitamos crear una organización política que permita a cada pueblo mantener su relación con esta tierra y gobernar su vida colectiva, dentro de límites que protejan la libertad del otro. La memoria, el arraigo
y la pertenencia deben encontrar una expresión compatible con la igualdad y el reconocimiento recíproco. Esa es la cuestión que debemos abordar cuando hablamos de una patria compartida. Y los árabes israelíes pueden desempeñar un papel fundamental como interlocutores entre ambos pueblos.
Ya no más dos estados para dos pueblos porque ante la situación de la colonización judía en los territorios ocupados sería casi imposible de separarlos. Desde esa comprensión podemos tomar las propuestas que movimientos como “Dos pueblos, una patria” vienen desarrollando desde hace algunos años. Dos entidades políticas propias, una israelí y otra palestina, vinculadas por acuerdos, instituciones y obligaciones comunes, ofrecen una base para discutir cómo combinar la autodeterminación nacional con la cooperación que exige nuestra realidad geográfica y humana.
Habrá que estudiar qué organización institucional puede sostener mejor ese objetivo. Una confederación, una federación y otras formas de asociación distribuyen el poder de maneras diferentes y requieren garantías distintas. La elección dependerá de lo que ambos pueblos acuerden y de la capacidad de esas instituciones para proteger sus derechos. Tendremos que definir qué decisiones corresponden a cada gobierno, cuáles necesitan organismos comunes y qué procedimientos garantizan una resolución equitativa de los desacuerdos.
También será necesario distinguir ciudadanía, residencia y pertenencia nacional. Una persona puede vivir en un lugar, sentirse parte de un pueblo y mantener vínculos con otro territorio. El acuerdo deberá establecer cómo se expresan esas relaciones y garantizar derechos y representación a todas las personas sujetas a las decisiones de cada autoridad. Cada fórmula tendrá que ser evaluada por sus consecuencias concretas para quienes vivirán bajo ella.
El agua, el ambiente, los caminos, la salud pública y buena parte de la economía ya vinculan nuestras vidas. Esas relaciones existen bajo condiciones profundamente desiguales. Transformarlas requiere instituciones que distribuyan responsabilidades, garanticen el acceso a los recursos y permitan exigir el cumplimiento de lo acordado. La cooperación podrá generar confianza cuando las personas comprueben que mejora su vida y que cuentan con medios efectivos para defenderse de los abusos.
Para los palestinos, una nueva propuesta necesita ofrecer desde el comienzo un horizonte definido. Después de Oslo y de tantos años de provisionalidad, debemos comprender la desconfianza ante otra hoja de ruta cuyo final quede pendiente de una negociación futura.
Los palestinos tendrán que expresar sus propias condiciones mediante una representación legítima, y a nosotros nos corresponderá decir con claridad qué entendemos por el “fin del conflicto” y qué estamos dispuestos a hacer para alcanzarlo.
Eso exige acordar el destino y organizar desde allí el recorrido. Habrá que definir qué ocurrirá con la ocupación y los asentamientos, cómo se resolverán las jurisdicciones, qué pasará con Jerusalén y con los refugiados, qué derechos quedarán garantizados y qué mecanismos protegerán a ambas poblaciones.
Harán falta plazos, responsabilidades y procedimientos para enfrentar los incumplimientos.
Cada etapa deberá acercarnos a una situación acordada y ofrecer a ambos pueblos garantías efectivas de avance.
La sociedad israelí necesitará respuestas igualmente concretas sobre la protección de sus ciudadanos durante el proceso, la prevención de nuevos ataques y la capacidad de actuar frente a quienes intenten
hacer fracasar el acercamiento. Habrá actores de ambas partes interesados en utilizar la violencia para destruir la confianza y desacreditar los acuerdos. Un programa serio debe prever esa posibilidad y establecer quién tendrá la responsabilidad y la capacidad de intervenir para proteger a la población y sostener el proceso.
Una esperanza pragmática necesita un horizonte comprensible, un recorrido posible y garantías que permitan avanzar con una confianza inicial mínima. Para desarrollarla hace falta una fuerza política y social dispuesta a escuchar los miedos de nuestra sociedad, defender la igualdad y construir, junto con interlocutores árabes palestinos, una propuesta que ambos pueblos puedan reconocer como una base para negociar su futuro.
La asociación entre judíos y árabes que proponemos para el futuro tiene que empezar en nuestra manera de hacer política hoy.
Eso exige compartir las decisiones con los ciudadanos árabes de Israel y reconocer que sus necesidades y aspiraciones deben influir en los objetivos y las prioridades que definamos juntos. También exige luchar por la derogación de la Ley Básica del Estado Nación, que consagra una desigualdad incompatible con la ciudadanía que defendemos, y, por sobre todo, sostener el derecho de los no judíos a participar en el gobierno con la misma firmeza con la que defendemos el nuestro.
Vuelvo a decir. Se que esta propuesta parece utópica y hace elevar las cejas como signo de desconfianza. Pero se también que será nuestra práctica política la que le dará credibilidad y nos permitirá construir, desde ahora, las relaciones de igualdad y confianza que queremos para nuestro país.
Los sentimientos encontrados que nos dejaron los resultados de estas elecciones expresan una pregunta que tenemos pendiente sobre el alcance del cambio que buscamos. La posibilidad de reemplazar a Netanyahu despierta esperanza. El apoyo que conserva y la exclusión de los partidos árabes generan decepción e incertidumbre sobre la profundidad de ese cambio. Nuestra responsabilidad como gente de izquierda consiste en volver a construir una fuerza política capaz de darle un rumbo razonable a esta oportunidad y avanzar hacia una vida compartida en la que ambos pueblos tengan seguridad, libertad y derechos.
Tenemos que empezar ahora, con todo aquel que esté dispuesto a asumir esta tarea y a construir un proyecto que podamos explicar con claridad, discutir abiertamente y llevar a la práctica.
Nuestros hijos y nietos ya están pagando las consecuencias de demasiadas decisiones equivocadas que tomamos y de otras que seguimos postergando. Nos corresponde hacernos cargo de lo que todavía podemos cambiar y comenzar a construir el país que queremos dejarles. Y cuanto antes empecemos, mejor.