Apartamiento de Lijo en la causa por encubrimiento

Lo que no se quiere investigar (¿o por qué se quiere encubrir lo encubierto?)

El 17 de mayo la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal resolvió el apartamiento del juez instructor de la causa encubrimiento del atentado a la AMIA, Ariel Lijo. ¿Una noticia para alegrarse? En principio sí: los que no investigan obstaculizan el camino a la verdad y, por lo tanto, su apartamiento debe ser celebrado. Sin embargo, este acontecimiento es sintomático de una política jurídica respecto de las distintas investigaciones vinculadas al Atentado a la AMIA: lo único que van confirmando los sucesivos fallos judiciales con los años es que “aquí no se investigó”.
Por Erick Haimovich

El primer apartamiento
El inicio de la causa de encubrimiento del Atentado a la AMIA lo encontramos en el año 2000: Claudio Lifschitz, ex secretario del entonces juez Juan José Galeano, denuncia las irregularidades en el proceso y las maniobras realizadas para desviar la investigación. Quien será el encargado de investigar la investigación (o, para ser menos obtusos y más concretos, investigar el encubrimiento) será un juez cuyo accionar sigue marcando el pulso político en la actualidad: Claudio Bonadio. Instruyó la causa desde sus inicios hasta el año 2005, cuando fue apartado por la Cámara Federal. Durante aquellos cinco años de “no-instrucción”, el expediente avanzó poco y nada. La Cámara decidió correrlo porque había ocultado sus vínculos personales con las personas que debía investigar, por un lado su amigo, el destituido juez Juan José Galeano, y, por el otro, su anterior jefe, el ex ministro del Interior, Carlos Corach. El fallo sostuvo que “Bonadio ocultó información, generando serias dudas sobre la corrección de la conducta del recusado, que ocultó los cargos que ocupó”, y envió una copia al Consejo de la Magistratura para que evalúe la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias.

El segundo apartamiento
Tras el apartamiento de Bonadio, la instrucción cayó en manos de Ariel Lijo, otro que (dado que este artículo empezó por el final) sabemos que terminará apartado. Tras seis años de planteos de nulidad y pedidos de prescripción de los delitos planteados por los acusados, el juez elevó a juicio oral la causa por el encubrimiento del Atentado a la AMIA, que se está desarrollando desde agosto del año pasado en los Tribunales Federales de Retiro, a cargo del Tribunal Oral Federal 2. En el juicio están siendo juzgados Juan José Galeano (exjuez de la causa AMIA), Eamon Mullen y José Barbaccia (ex fiscales de la causa AMIA), Carlos Saúl Menem (expresidente), Hugo Anzorreguy (ex titular de la SIDE), Jorge Fino Palacios (Comisario a cargo de la División Operaciones Federales de Drogas Peligrosas), Rubén Beraja (expresidente de la DAIA), Carlos Telleldín (último poseedor de la camioneta Traffic cuyo motor fue hallado entre los escombros de la AMIA), Ana Boragni (ex pareja de Telleldín), Víctor Stinfale (ex abogado de Telleldín), Carlos Castañeda (ex comisario de la Policía Federal), Patricio Finnen (ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado) y Juan Carlos Anchezar (ex subsecretario de Inteligencia del Estado).
Sin embargo, no todos los responsables del encubrimiento están sentados hoy en el banquillo de los acusados. El primer gran ausente es Corach, que fue sobreseído por Lijo en junio de 2014. La Cámara Federal, en diciembre del mismo año, revocó el sobreseimiento e indicó que el ex Ministro del Interior debe seguir siendo investigado. Otros grandes ausentes en el juicio son los que fueron secretarios de Galeano, para quienes Lijo había dictado la falta de mérito.  En una audiencia realizada hace unos meses, Memoria Activa se manifestó en contra de la resolución de Lijo que pretendió eximir de reproche penal a los secretarios de Galeano trayendo como argumento la presunta existencia de una “obediencia debida”.
El apartamiento de Ariel Lijo de la investigación del encubrimiento del Atentado a la AMIA fue una decisión tomada por unanimidad por la Cámara Federal con el argumento de que el juez no investigaba como correspondía, aprobando de alguna forma los argumentos de Memoria Activa, quien había dicho que Lijo insistía «con un análisis superficial, sesgado y totalmente descontextualizado de la conducta de los imputados y la responsabilidad penal de los mismos».

Lo que no se quiere investigar
En la investigación por el Atentado a la AMIA hay pocas certezas. Una de ellas es que, tanto la causa que investiga el Atentado como la que investiga el encubrimiento, molestan. En definitiva, lo único que se sabe es que hay gente que no quiere que se sepa, y que su trabajo es paralizar, enlentecer, desviar, ocultar, encubrir. De hecho, los acontecimientos aquí relatados narran la historia de dos apartamientos o, lo que es lo mismo, la historia de los que intencionadamente no cumplieron con su rol de jueces. Probablemente, porque les cueste juzgar a sus amigos, sus colegas, sus jefes. Porque de eso se trata el encubrimiento: una cofradía de amigos que, citando el fallo del Tribunal Oral Federal 3 del año 2004, maniobraron “al servicio de oscuros intereses de políticos inescrupulosos”.