Estas líneas se escriben en un contexto donde las redes sociales viralizan la presentación del nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. En su exposición ante congresales de su país, el diplomático define los ejes centrales de su gestión: la guerra comercial con China, el apoyo irrestricto al gobierno de Javier Milei, la celebración del arresto de Cristina Fernández de Kirchner y, finalmente, la causa AMIA.
Cada aniversario del atentado contra la AMIA confirma que la memoria sobre lo ocurrido se sostiene a través de tres pilares: las acciones comunicacionales de la propia institución, la persistente lucha de Memoria Activa, y los intereses geopolíticos. Mientras tanto, las causas judiciales apenas avanzan: sólo acumulan nuevas conjeturas, sin producir certezas.
El reciente enfrentamiento bélico entre Israel e Irán, bautizado como “La guerra de los doce días”, sirvió tanto para afectar las capacidades del programa nuclear iraní como para reforzar una narrativa: que Irán representa la fuente de todos los males que amenazan a Occidente y al mundo civilizado.
La versión oficial sobre el atentado a la AMIA se construye a partir de informes de inteligencia que sostienen que la masacre fue planificada en Teherán, ejecutada por Hezbollah desde el sur del Líbano, y articulada por redes de células terroristas en América Latina. Sin embargo, la llamada “conexión local” —el soporte logístico dentro del país—, lejos de consolidarse en términos judiciales, se ha desdibujado, con pocos o nulos avances significativos. Lo único que parece conservar vigencia es el vínculo del caso con la geopolítica de Medio Oriente.
Lo paradójico es que buena parte de la comunidad judía argentina y del discurso político oficial concentran sus acusaciones en Cristina Fernández de Kirchner y su entorno, a quienes señalan como los principales encubridores del atentado. Y resulta, cuando menos, curioso: la expresidenta fue una de las integrantes más activas de la comisión bicameral de seguimiento del caso, denunció en su momento las maniobras del juez Galeano y de los fiscales Mullen y Barbaccia —más tarde condenados por encubrimiento—, y sostuvo, junto a Néstor Kirchner, el reclamo ante la Asamblea General de Naciones Unidas para que Irán extraditara a los imputados con pedido de captura internacional.
La principal acusación que hoy se le formula gira en torno al fallido Memorándum de Entendimiento con Irán, aprobado por el Congreso argentino, pero nunca tratado por el Parlamento iraní. En su libro Sinceramente, Fernández de Kirchner reconoce ese acuerdo como un paso en falso, motivado por el intento de alinearse con la política exterior de Barack Obama, que buscaba abrir un canal de diálogo con Teherán. El memorándum nunca se implementó y la política de acercamiento fracasó.
Resulta llamativo, en este sentido, que otros actores involucrados en el encubrimiento hayan quedado prácticamente al margen del reproche social. Tal es el caso del expresidente Carlos Menem —en funciones durante los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA—, asociado directamente a maniobras de encubrimiento, o del expresidente Mauricio Macri, quien designó como jefe de la Policía Metropolitana a Jorge “Fino” Palacios, sospechado de desviar la investigación sobre Alberto Kanoore Edul, vinculado al volquete utilizado en el atentado.
También quedó en el olvido el desplazamiento del radical Mario Cimadevilla de la Secretaría de Seguimiento del caso AMIA, luego de denunciar presiones del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, para exonerar a los fiscales procesados en el juicio por encubrimiento. Tras esa salida, la Secretaría fue degradada institucionalmente.
Asimismo, una parte de la comunidad judía celebró con entusiasmo la figura de Javier Milei durante el acto por un nuevo aniversario del atentado. Sin reparar, tal vez, en que su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue procesado en su momento por encubrimiento en la causa AMIA y fue pareja de Lourdes Di Natale, cuya muerte también forma parte del oscuro entramado de muertes sospechosas del menemismo.
Este sesgo de confirmación se refuerza con dos episodios recientes. Primero, la cancelación de un acto conjunto entre la AMIA y senadores nacionales al saberse que participaría Oscar Parrilli, estrecho colaborador de Cristina Fernández de Kirchner. Segundo, la aprobación de la ley que habilita el juicio en ausencia, largamente resistido por agrupaciones de familiares de víctimas. La sospecha es clara: ante la debilidad probatoria de la acusación —sustentada en informes de inteligencia sin correlato judicial—, la única alternativa a la impunidad podría ser la absolución por falta de pruebas.
En este contexto, las palabras del embajador Lamelas no hacen más que explicitar lo que ya se manifiesta año tras año: la causa AMIA ha sido absorbida por intereses geopolíticos que exceden por completo a la Argentina.
La verdad de los hechos parece ya no importar. Lo que importa es en qué narrativa política se encuadra cada actor —países, gobiernos o individuos— para construir su propia versión de la verdad.
