Tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023, Australia experimentó un aumento sin precedentes en incidentes antisemitas, acompañado por tensiones políticas, marchas neonazis en espacios públicos, y un atentado terrorista que ha reconfigurado el debate sobre seguridad nacional, libertades civiles, control de armas y cohesión social. En los meses posteriores al 7 de octubre, la comunidad judía australiana enfrentó una ola de ataques que incluyeron desde grafitis y mensajes amenazantes hasta intentos de incendio en sinagogas y negocios judíos. Amenazas de bomba a sinagogas en octubre de 2023, la pintura de “Jew die” en una escuela judía en mayo de 2024 y el incendio provocado en octubre de ese mismo año en un local kosher en Bondi son solo algunos ejemplos. El 6 de diciembre de 2024, la sinagoga Adass Israel de Ripponlea (Melbourne) fue atacada con gasolina e incendiada durante un servicio matutino, y en julio de 2025 se registró otro incidente en una sinagoga de Melbourne durante una cena de Shabat. Estas agresiones no fueron aisladas: entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se registraron al menos 1 654 incidentes antisemitas, comparado con 2 062 en el año anterior, lo que refleja un incremento de casi cinco veces respecto al promedio previo a octubre de 2023.
Protesta, causa palestina y la frontera difusa entre crítica política y odio
Las protestas pro-Gaza en Australia han reunido a una mezcla variopinta de participantes. Entre ellos se encuentran activistas pacíficos y críticos de la política de Netanyahu, algunos de ellos judíos. Sin embargo, también han contado con la participación de antisemitas que aprovechan la multitud para promover discursos de odio. Cánticos como “Globalicen la Intifada” han generado particular alarma: para sectores conservadores del judaísmo, ese lema representa una amenaza directa a toda persona judía, mientras que organizaciones judías progresistas como el Consejo Judío de Australia (JCA) lo interpretan como una expresión de resistencia a la ocupación.
En este marco, el primer ministro Anthony Albanese, líder del Partido Laborista (una formación de centroizquierda defensora de políticas sociales, derechos laborales, inclusión y acción climática) designó en julio de 2024 a Jillian Segal como Enviada Especial contra el antisemitismo. Su informe, presentado en julio de 2025, incluyó 49 recomendaciones, como la creación de una base de datos nacional de incidentes, regulación del discurso de odio y mayor supervisión en universidades. El gobierno prometió implementarlas de forma gradual.
En un giro significativo de política exterior, el gobierno laborista anunció el reconocimiento del Estado de Palestina el 21 de septiembre de 2025, condicionándolo a que la Autoridad Palestina renuncie a la violencia, reconozca el derecho de Israel a existir, realice reformas y excluya a Hamás de su gobierno. Esta decisión fue tomada en línea con Canadá y el Reino Unido, como parte de una estrategia para reactivar la solución de dos Estados. El reconocimiento generó fuertes críticas internacionales, incluido el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien acusó a Australia de “verter aceite al fuego” y afirmó que esta decisión “recompensa el terrorismo” en medio de una ola global de violencia.
Bondi como punto de quiebre: cuando la violencia irrumpe sin advertencia
El 14 de diciembre de 2025, el ataque en Bondi Beach conmocionó al país. La masacre dejó 15 muertos, incluida una niña de diez años. Los agresores, inspirados por ISIS, portaban seis armas de fuego legales (rifles y escopetas), lo que puso en evidencia fallas en un sistema de control de armas considerado hasta entonces ejemplar. De hecho, el término «Estándar de Oro» (Gold Standard) se utilizaba internacionalmente para describir el modelo australiano porque parecía demostrar que era posible reducir drásticamente la violencia armada mediante la voluntad política, sin prohibir totalmente las armas, sino regulándolas estrictamente. El ataque reveló que el «estándar de oro» tenía grietas críticas al permitir la acumulación legal de múltiples armas potentes por una sola persona y carecer de una integración nacional de datos que detectara riesgos de extremismo en tiempo real.
Por este motivo, tras la masacre, el ejecutivo anunció una serie de reformas estructurales para endurecer el control de armas y las licencias en todo el país. Asimismo, Albanese adelantó que, al comenzar el próximo año, se tramitarán reformas legales para endurecer la normativa federal sobre delitos de odio. Dentro de este paquete de medidas, se otorgará mayor autoridad a la cartera de Interior para revocar el visado a extranjeros involucrados en discursos de odio o exhibición de símbolos terroristas, y nuevas penas para ‘predicadores de odio’ que inciten a la violencia, y para quienes intenten radicalizar a menores de edad. Además, se ordenó una auditoría de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) para analizar por qué no se detectó la radicalización digital de los atacantes y si el enfoque previo en el extremismo de derecha de tipo neo-nazi generó puntos ciegos ante amenazas islamistas. En medio de la tragedia, la valentía de Ahmed al-Ahmed, ciudadano musulmán de origen sirio que desarmó a uno de los atacantes, se convirtió en un símbolo de unidad; su gesto le valió más de 2 millones de dólares australianos en donaciones, aunque también fue objeto de ataques por parte de extremistas musulmanes en redes.
Una comunidad dividida ante un mismo temor
Albanese afronta ahora una prueba crítica. Si bien su gobierno había comenzado a aplicar las recomendaciones de Segal antes de la masacre de Bondi, sectores conservadores del judaísmo australiano han criticado duramente lo que consideran una falta de seriedad en la protección de la comunidad judía frente al antisemitismo creciente que habían denunciado repetidamente. Expresaron que el Ejecutivo no actuó con la urgencia ni firmeza necesarias para abordar la violencia y amenazas continuadas.
Mientras que muchos judíos conservadores responsabilizan al gobierno por no garantizar la seguridad de la comunidad, muchas voces progresistas judías argumentan que el ataque fue un caso de radicalización de dos hombres que no debe emplearse para silenciar protestas políticas legítimas, o como herramienta en contra del gobierno australiano de centroizquierda. El desafío que enfrenta Australia es complejo: equilibrar la seguridad nacional, las libertades civiles y la cohesión social en un país cada vez más polarizado.
Imagen de portada: Steve Markham/AP Photo/picture alliance
