Tras meses de especulación, el pasado 15 de enero se anunció el establecimiento de la “Junta de la Paz” (Board of Peace), uno de los elementos centrales de la segunda fase del acuerdo firmado bajo los auspicios de la Casa Blanca en octubre de 2024, ideada como instrumento para poner fin a la violencia iniciada el 7 de octubre de 2023 y comenzar la reconstrucción de Gaza bajo una nueva realidad política.
La creación de esta nueva entidad no carece de polémica. Dentro de Israel, el Foro de Familiares de Secuestrados anunció reiteradamente oponerse al inicio de la segunda etapa del acuerdo de octubre (enfocada en la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza y el desarrollo de una estructura de gobierno alternativa a Hamas) si no se produce antes la devolución del último rehén que queda, el policía Ran Gvili, cuya muerte fue declarada en enero de 2024. Aunque, tras el regreso de los otros rehenes que quedaban el año pasado, sólo el cuerpo de Gvili permanece en Gaza, los familiares siguen actuando en solidaridad, de acuerdo a la promesa de luchar por la liberación “hasta el último rehén” y, por lo tanto, denuncian el incumplimiento por parte de Hamas de las condiciones acordadas durante la primera fase. Desde el lado palestino, donde plantean dificultades técnicas para localizar el cuerpo, señalan la continuidad de los ataques dentro de Gaza, que según la Oficina de Medios -manejada por Hamas- llevó a más de 400 muertes adicionales, así como la detención de 50 palestinos en Gaza, para indicar que no existe cese al fuego real por parte de Israel. Señalan también que las inspecciones israelíes realizadas a los camiones dirigidos a Gaza ocasionan demoras innecesarias al ingreso de ayuda humanitaria y que Israel sigue prohibiendo el ingreso de determinadas categorías de alimentos. Esto tiende un manto de incertidumbre sobre el futuro del cese al fuego firmado.
Por otro lado, el anuncio de esta Junta de Paz trae nuevos interrogantes. Tras una demora de varias semanas para su establecimiento en relación con lo pautado el año pasado, el estatuto de la Junta la define como “una organización internacional que busca promover la estabilidad, restaurar la gobernanza confiable y legal, y garantizar la paz duradera en áreas afectadas o amenazadas por conflicto. La Junta de la Paz asumirá funciones de mantenimiento de la paz de acuerdo con el derecho internacional según sean aprobadas de acuerdo a este Estatuto”. En otras palabras, la Junta no estará dedicada exclusivamente a la reconstrucción de Gaza, como se había anunciado el año pasado, y según el mandato que le dio la resolución 2803. De hecho, el Estatuto no menciona en ningún momento a Gaza o a los palestinos e israelíes, dando a entender objetivos más ambiciosos y, probablemente, más atractivos para Trump en este momento. Parecería que Washington busca establecer un nuevo tipo de entidad, bajo el liderazgo indiscutido de EEUU y sin las trampas democráticas de las Naciones Unidas, para resolver y prevenir conflictos armados, incluyendo -pero no limitándose a- la supuesta reconstrucción de Gaza. De acuerdo al Estatuto, a diferencia de las Naciones Unidas, la única forma de ingresar a la Junta de la Paz es por invitación de su presidente, Donald Trump, quien también tendrá la autoridad para designar de forma inconsulta a su sucesor: es la personificación de un proyecto de Pax Trumpiana.
Al momento de escribir estas líneas, se sabe que 16 países han sido invitados a ser parte a esta Junta. La República Argentina es uno de ellos y -al igual que Albania, Canadá, Paraguay y Vietnam- ya aceptó convertirse en miembro fundador. Es probable que se sigan extendiendo invitaciones los próximos días y que no sepamos la lista total de países invitados (por ejemplo, hay rumores no confirmados de que Israel fue invitado). Sin embargo, no quedan del todo claras las condiciones en las que ingresaría nuestro país. Esto es relevante dado que se anunció que los miembros permanentes deberán pagar 1.000 millones de dólares -aparentemente para ayudar a financiar la reconstrucción de Gaza, aunque nuevamente esto no queda del todo claro- con la posibilidad de una participación temporaria de tres años, que no implicaría este alto costo de ingreso. Hasta ahora, Canadá ya anunció que no pagará esa suma.
Se trataría de la primera disputa seria a las Naciones Unidas como organismo multilateral por excelencia para resolución de disputas internacionales desde su fundación al final de la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de su competencia, la Junta elimina la idea de igualdad entre los países y de democracia internacional, quedando bajo el indiscutido liderazgo de los Estados Unidos y excluyendo aparentemente a China, pero incluyendo -según los informes recientes- a Rusia.
Un Comité Ejecutivo para Gaza, dependiente de esta Junta de la Paz, tendría la responsabilidad específica por Gaza. Lo coordinará Nickolay Mladenov (un político búlgaro designado por EEUU como Alto Representante para Gaza) y conformado, entre otros, por Jared Kushner (el yerno de Trump) y representantes de Turquía, Qatar, EAU y Egipto. No hay ningún miembro palestino en este Comité, mientras que hay un israelí (el magnate israelí-chipriota Yakir Gabay, que no tiene experiencia política). La poca presencia en el Comité de mujeres (solo la holandesa Sigrid Kaag, que trabaja para las Naciones Unidas, y la ministra emiratí Reem Al-Hashimy, entre sus 11 miembros) también fue un aspecto criticado. Este Comité supervisaría a los miembros de otra entidad: el Comité Nacional para la Administración de Gaza, una entidad tecnocrática conformada por representantes aprobados previamente por la Autoridad Nacional Palestina y por Israel, quienes administrarían Gaza temporalmente. Este Comité será dirigido por Ali Shaath, exfuncionario de la ANP.
La falta de claridad sobre los mandatos entre la Junta y el Comité, la ambigua estructura organizativa y la misión ampliada de la Junta anunciada esta semana no parecen una excepción, sino una conformación de la regla sobre cómo la administración de Donald Trump maneja asuntos internacionales: anuncios grandilocuentes y declaraciones de victoria anticipadas, pero una aversión a los detalles y a los conflictos asociados con resolver la letra chica (que, en este caso, no es tan chica) que amenaza con llevar a esta Junta de la Paz a la irrelevancia absoluta. Mientras tanto, posiblemente perjudique también el funcionamiento de la ONU, a la que Trump prefiere enterrar antes que intentar repasar sus evidentes fallas. Es posible también que el objetivo inicial de la Junta -el de hacer mantener el cese al fuego y permitir la reconstrucción de Gaza- sea progresivamente abandonado en pos de un plan más amplio de transformación del orden internacional para sostener la hegemonía estadounidense.
La aversión a darle un enfoque en Gaza a esta nueva entidad -anunciada para permitir la reconstrucción de Gaza- puede también ser entendida como consecuencia de los enormes obstáculos que provienen del terreno. La creación de esta Junta fue criticada desde su anuncio por los sectores más radicalizados del gobierno israelí, referenciados en Itamar Ben-Gvir y Betzalel Smotrich, que se oponían a la firma del cese al fuego y a cualquier plan de reconstrucción de Gaza que no implique antes la destrucción total de Hamas. Ben-Gvir ha reiterado en numerosas ocasiones que su solución ideal para este conflicto sería fomentar la “migración voluntaria” de los gazatíes a otros territorios, mientras que Smotrich ha promovido abiertamente la reconstrucción de asentamientos civiles permanentes en Gaza, como los que existían antes de la desconexión unilateral israelí de 2005. Todos estos planes irreales -sumados al plan más realista, y a la vez trágico, de reanudar la guerra, que Netanyahu es incapaz de contradecir públicamente en un año electoral- deben ser descartados si la Junta de Paz y sus entidades subsidiarias operan plenamente. A eso se le deben sumar las críticas de la oposición israelí, que planteó este nuevo anuncio como un nuevo fracaso de Netanyahu. Tras más de dos años de una guerra devastadora en todo sentido, que -además de las enormes pérdidas humanas y materiales en Gaza- costó del lado israelí cientos de vidas de soldados y un aislamiento internacional sin precedentes, el futuro de Gaza ahora estará parcialmente en manos de Qatar y Turquía. Tal vez es por eso que el gobierno israelí anunció formalmente su oposición a la conformación del Comité Ejecutivo para Gaza (en una “disputa” con la Casa Blanca que a todas luces apunta a cuidar las apariencias y que quedará en la nada).
Otra gran incógnita es cómo Hamas reaccionará ante esta nueva etapa, que supone pasar del cese el fuego a la desmilitarización de la organización terrorista y la transición política en Gaza. Hasta ahora, Hamas planteó su oposición a entregar las armas y ceder el poder en cualquier escenario donde Gaza no sea gobernada por palestinos, aunque este nuevo orden propuesto ofrece un grado importante de ambigüedad que tal vez abra una ventana a las negociaciones.
Las conversaciones en este sentido parecen todavía estar en una etapa inicial, e indudablemente constituyen uno de los grandes obstáculos a enfrentar si se espera que esta nueva fase -con sus contradicciones, sus claros contratiempos futuros, y el hecho de que los palestinos siguen bajando de prioridad en la agenda- produzca algún resultado positivo para israelíes y palestinos.
