En las últimas 24 horas se ha vivido una considerable agitación política a raíz de la declaración del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá (UTJ), que afirma haber abandonado el «bloque» del primer ministro Benjamin Netanyahu e impulsar la disolución de la Knéset, lo que provocaría elecciones anticipadas.
Miembros del Likud, el partido de Netanyahu, y del partido de extrema derecha Otzma Yehudit de Itamar Ben Gvir, han instado al UTJ a reconsiderar su postura. Todos observan con inquietud al segundo partido ultraortodoxo, Shas, de Aryeh Deri, para ver si se aliará con el UTJ y los partidos anti-Netanyahu de la Knéset para formar una mayoría y derrocar al gobierno en las próximas semanas, o incluso días.
Pero el supuesto drama de las «elecciones anticipadas» es relativamente banal. Y la supuesta pérdida de confianza y la ruptura de la cooperación política con Netanyahu por parte de la UTJ es exagerada y engañosa.
En cuanto al calendario electoral, Israel debe celebrar elecciones, en cualquier caso, antes del 27 de octubre, y la ley prevé una campaña electoral mínima de 90 días. Esto significa que, incluso si la Knesset se disuelve este mes, las elecciones no podrían celebrarse antes de finales de agosto. Entre las muchas razones por las que Israel casi nunca celebra elecciones en agosto (1961 fue la única excepción) se encuentran la baja participación prevista en verano y la logística de abrir las escuelas, que suelen funcionar como centros de votación, durante las vacaciones. Por lo tanto, es improbable que se celebren elecciones «anticipadas» antes de septiembre, apenas unas semanas antes de la fecha límite obligatoria, un cambio mínimo en la duración de una coalición que, de forma muy inusual, ha logrado gobernar durante casi la totalidad de su mandato de cuatro años.
Se entiende que los partidos ultraortodoxos —UTJ y Shas— desean que las elecciones se celebren poco después del regreso de los estudiantes de yeshivá tras las vacaciones de verano a mediados de agosto, cerca de las Altas Fiestas de septiembre, cuando la sensibilidad religiosa y la participación electoral probablemente alcancen su punto álgido. Dado que las elecciones suelen celebrarse los martes —el día por defecto para evitar la profanación del Shabat durante el proceso—, lo más probable es que la fecha sea el 1 de septiembre; otras fechas de ese mes están demasiado cerca de las Altas Fiestas y Sucot.
Netanyahu, por el contrario, prefiere la fecha límite legal del 27 de octubre. Sin embargo, sus cálculos son complejos y reconoce que podría ser beneficioso celebrar las elecciones antes.
Consideraciones del primer ministro
Acudir al público el 27 de octubre o en fechas cercanas daría a la coalición de Netanyahu el máximo tiempo para aprobar rápidamente componentes clave de su agenda legislativa, incluidas leyes para debilitar la independencia de los medios de comunicación, el Poder Judicial y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, en particular despojando al papel fundamental del fiscal general de casi todo su poder y autoridad.
Además, cuanto más se postergue la fecha, mayor será el potencial de Netanyahu para alcanzar un éxito estratégico en el esfuerzo —hasta ahora infructuoso— no necesariamente de provocar el colapso del régimen iraní, al que considera genocida, pero sí, al menos, de bloquear a mediano plazo su camino hacia un arsenal nuclear. Para ello, buscaría eliminar su reserva de 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60% e, idealmente, también sus aproximadamente 10 toneladas de uranio enriquecido a distintos niveles inferiores.
En cuanto al conflicto multifrente desencadenado por la invasión, la masacre y los secuestros masivos perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, Netanyahu también espera haber avanzado significativamente en el confinamiento del resurgido y sanguinario Hezbolá, que actualmente mantiene una guerra contra Israel y desafía abiertamente el supuesto alto el fuego vigente.
Finalmente, se mostraría cauteloso ante la posibilidad de convocar elecciones mientras Hamás reaparece fortalecido en Gaza, prácticamente sin oposición debido a las restricciones impuestas por Estados Unidos, y mientras las fuerzas israelíes —sobrecargadas— concentran su atención en Irán y Hezbolá.
Su posición política se ha visto significativamente debilitada, aunque no destruida, por la ausencia de resultados definitivos en las guerras y conflictos posteriores al 7 de octubre y, especialmente, por su responsabilidad central —como primer ministro de Israel ese día y durante 15 de los 17 años previos— en el pecado original: el fracaso catastrófico a la hora de impedir el ataque de Hamás.
Un un revelador pasaje de su entrevista del domingo con CBS, en el programa 60 Minutes, Netanyahu intentó —como suele hacer— diluir su responsabilidad principal en los fracasos del 7 de octubre, afirmando que “todos tienen responsabilidad”. Sin embargo, luego procuró sostener, con notable desfachatez, que “el verdadero problema” radica en lo ocurrido “desde el 7 de octubre”, y se jactó de sus logros posteriores a esa fecha al asegurar que liberó a Israel de “esta horrible soga de muerte que los iraníes nos tendieron”.
La realidad, sin embargo, es que, aunque hubo éxitos en múltiples frentes, estos no se tradujeron en un cambio estratégico duradero. No constituyen la “victoria total” que prometió y que Israel necesitaba, algo que él mismo reconoció —de manera poco habitual— en otro tramo de esa fascinante conversación.
“Si Irán, si este régimen, se debilita o incluso es derrocado, creo que será el fin de Hezbolá, el fin de Hamás, probablemente el fin de los hutíes, porque toda la estructura de la red de organizaciones proxy terroristas que Irán construyó se derrumbaría junto con el régimen iraní”, afirmó. Y añadió, con cautela: “Ahora bien, eso no está garantizado. Pero el debilitamiento de ese régimen también debilita a sus aliados. Todavía queda mucho camino por recorrer. Ya saben, no es algo que vaya a lograrse de la noche a la mañana”.
Pero Netanyahu también llega profundamente debilitado, especialmente desde el 7 de octubre, por sus desesperados esfuerzos por apaciguar a los dos partidos ultraortodoxos de los que depende su coalición y, sobre todo, por haber avalado su insistencia —considerada ilegal, irreligiosa y socialmente devastadora por amplios sectores de la sociedad israelí— en mantener la evasión masiva del servicio militar por parte de casi todos sus jóvenes aptos para alistarse.
Su desafío al fallo del Tribunal Supremo de 2024 que ordenó el reclutamiento de los ultraortodoxos, así como sus intentos de consagrar esa exención masiva en la legislación —mientras demoniza, busca neutralizar y, en última instancia, subordinar al poder judicial que podría anular una ley semejante—, resultan anatema no solo para los partidos sionistas anti-Netanyahu y sus simpatizantes, sino también para una porción significativa de su propia base electoral dentro del Likud, Otzma Yehudit y el Partido Sionismo Religioso.
Todos esos partidos —tanto de la oposición como de la coalición— cuentan entre sus votantes con soldados en el frente, integrantes del ejército regular y reservistas exhaustos, que arriesgan y, en cientos de casos, pierden la vida en defensa de Israel, mientras el primer ministro exime del servicio militar a unos 80.000 jóvenes aptos para servir, pertenecientes a una comunidad ultraortodoxa que reivindica una suerte de inmunidad divina y exige, además, que el resto de la sociedad israelí subvencione económicamente esa renuncia a las obligaciones comunes.
Si Netanyahu hubiera conseguido aprobar la ley que exime a los ultraortodoxos del servicio militar obligatorio, probablemente habría pagado un alto costo electoral. Y, con elecciones potencialmente inminentes, tenía todavía menos incentivos para impulsarla. Por eso, aunque efectivamente busca disponer del mayor tiempo posible para exhibir los logros militares de Israel, también podría obtener un claro beneficio político presentándose ante la opinión pública con esa legislación bloqueada, argumentando que intentó hallar una solución viable al problema: una que respondiera a la urgente necesidad de efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y que, al mismo tiempo, contemplara las legítimas preocupaciones de la comunidad ultraortodoxa, pero que terminó chocando con la intransigencia de la dirigencia haredí.
Los cálculos ultraortodoxos
Por su parte, a los partidos ultraortodoxos también les resulta sumamente funcional proclamar, a viva voz, que lucharon valientemente por su comunidad, que fueron frustrados por secularistas inflexibles y que, por lo tanto, decidieron romper su alianza con Netanyahu. Todos esos mensajes apuntan a evitar una fuga de votantes hacia la ultraderecha religiosa de Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich y, en consecuencia, a justificar su impulso para adelantar las elecciones a una fecha que maximice la participación de su electorado.
Su aparente ruptura con el bloque encabezado por Netanyahu supone la creencia de que podrían eventualmente tejer una alianza política con el bloque anti-Netanyahu. Pero esa hipótesis parece, al menos por ahora, una quimera.
Todavía no está claro qué nuevas alianzas —potencialmente significativas— podrían emerger y alterar el mapa político israelí: ¿aparecerá, por ejemplo, una especie de “Likud B” integrado por antiguos aliados desencantados de Netanyahu? ¿O una coalición electoral entre el partido de los Reservistas, el debilitado Benny Gantz y otros actores? Sin embargo, la idea de que el actual bloque anti-Netanyahu acepte la exigencia ultraortodoxa de mantener la exención del servicio militar obligatorio resulta difícilmente concebible.
La política es un terreno áspero, y conservar el poder exige pragmatismo. Pero parece extremadamente improbable que la nueva alianza Together de Naftali Bennett, junto con Yair Lapid, Yashar de Gadi Eisenkot, Yisrael Beytenu de Avigdor Liberman o los Demócratas de Yair Golan siquiera contemplen acceder a esa demanda ultraortodoxa, dado que tanto sus votantes como sus dirigentes la rechazan de manera visceral
Una vez contados los votos —ya sea en septiembre o en octubre—, los partidos ultraortodoxos probablemente no tendrán otro socio viable que el bloque liderado por Netanyahu. Y eso, a su vez, implicaría que el propio Netanyahu no necesariamente saldría perjudicado por una convocatoria electoral anticipada que fortaleciera a los partidos haredíes, incluso si ello ocurriera a expensas de otras fuerzas de su propio bloque.
Un plazo más corto
La gran incógnita es si el momento de las elecciones, el nivel de participación, la evolución de la guerra en múltiples frentes, la credibilidad de Netanyahu y una multitud de otros factores —muchos de ellos todavía imposibles de prever— permitirán el regreso al poder de una coalición muy similar a la actual.
Si eso ocurriera, las alianzas hoy fracturadas podrían recomponerse rápidamente y, dependiendo del equilibrio de fuerzas en la Knéset y de la capacidad de chantaje político de los distintos socios a expensas de intereses considerados esenciales para Israel, el proyecto de ley de exención del servicio militar volvería inmediatamente a la agenda.
En otras palabras, la cuestión de fondo es si el bloque anti-Netanyahu —todavía fragmentado y sin una conducción plenamente consolidada— logrará convencer a la mayoría del electorado de que puede proteger a Israel frente a las amenazas externas con mayor eficacia que Netanyahu y, al mismo tiempo, reparar las profundas fracturas internas del país. Una tarea que, tras el 7 de octubre, parecía destinada a ser relativamente sencilla, pero que, según reflejan las encuestas, sigue siendo extraordinariamente compleja.
El entusiasmo con el que numerosos legisladores opositores presentaron el martes proyectos de ley para disolver la Knéset sugiere que los adversarios de Netanyahu creen que las elecciones no pueden llegar lo suficientemente pronto. Habrá que ver si tienen razón: el tiempo disponible para prepararse para el próximo momento decisivo de la política israelí podría terminar siendo varias semanas más breve de lo previsto.
