Los crímenes que llevan a cabo los colonos -y sus seguidores, civiles e incluso uniformados- en los territorios ocupados no son “crímenes de guerra”. Son crímenes de odio. El odio de quienes se perciben como “amos de la tierra” frente a una población indefensa, convertida progresivamente en enemigo permanente, obstáculo demográfico o simple presencia tolerada provisoriamente.
La memoria histórica no existe solamente para recordar víctimas. Existe también para reconocer procesos antes de que terminen por devorar a las propias sociedades que los generan. “Recordar y no olvidar” no significa únicamente mirar hacia atrás con horror moral; significa aprender a identificar mecanismos políticos que reaparecen bajo nuevas formas, en nuevos contextos y con otros lenguajes. Las analogías históricas nunca son equivalencias absolutas, pero pueden funcionar como señales de advertencia.
Por eso resulta imposible observar la violencia creciente de los colonos extremistas en los territorios ocupados sin pensar en otros momentos históricos donde grupos ideologizados, inicialmente marginales, fueron tolerados, utilizados o minimizados por sectores centrales del poder hasta transformarse en actores capaces de condicionar al propio Estado.
La comparación con las SA alemanas antes de 1934 debe entenderse en ese sentido. No como identidad mecánica ni como repetición automática de la historia, sino como analogía política. También entonces aparecieron fuerzas radicalizadas convencidas de representar una verdad superior a la ley, útiles para empujar los límites del nacionalismo y legitimadas bajo la idea de que su violencia constituía una expresión auténtica del “pueblo”. La violencia era presentada como exceso juvenil, patriotismo exaltado o reacción comprensible frente a amenazas mayores. Hasta que la fuerza auxiliar comenzó lentamente a actuar como poder propio.
Más cercana para el mundo latinoamericano resulta quizás otra analogía: la Triple A en la Argentina de los años setenta. Grupos violentos conectados ideológicamente con sectores del aparato estatal, alimentados por discursos de odio y por la necesidad política de señalar enemigos internos sobre los cuales descargar frustraciones, miedo y fanatismo.
Algo parecido ocurre hoy en Cisjordania. No se trata solamente de jóvenes fanáticos aislados en colinas lejanas. Existe financiamiento, cobertura legal intermitente, protección política y una atmósfera ideológica producida desde dentro mismo de la coalición gobernante. Ministros fundamentales para la supervivencia política de Netanyahu impulsan abiertamente anexión, supremacismo territorial y subordinación de cualquier límite democrático o jurídico a una visión mesiánica de soberanía total. A eso se suma la influencia de rabinos extremistas, racistas y xenófobos que ofrecen legitimación moral y religiosa a la violencia.
En ese contexto, el hostigamiento sistemático contra comunidades palestinas, la destrucción de cultivos, los ataques a viviendas y el desplazamiento forzado de poblaciones enteras ya no pueden describirse únicamente como vandalismo nacionalista. En numerosos casos se trata de acciones que se acercan peligrosamente a formas de limpieza étnica de baja intensidad: expulsar lentamente, volver inhabitable el territorio y quebrar la continuidad de vida cotidiana hasta forzar la partida.
La llamada “Marcha de las Banderas” en Jerusalén constituye quizás la expresión urbana, masiva y legitimada públicamente de esa misma cultura política. Lo que alguna vez fue una fiesta popular del Día de Jerusalén fue reemplazado progresivamente por una demostración de fuerza etno-religiosa y dominación colectiva. Las hordas religioso-nacionalistas que recorren barrios árabes al grito de “muerte a los árabes”, que atacan comerciantes o agreden también a judíos considerados traidores o izquierdistas, no son un fenómeno separado del “ejército de colonos”. Son parte de la misma matriz ideológica: supremacismo religioso, nacionalismo mesiánico y convicción de que la fuerza otorga derechos superiores a la ley.
Lo más inquietante no es solamente la violencia en sí, sino su normalización pública. Miles de personas marchando entre cánticos de odio, protegidas por un gigantesco dispositivo estatal que parece haber renunciado a distinguir entre celebración nacional y demostración tribal de dominación.
Pero esa lógica ya no se limita a los territorios ocupados ni a Jerusalén Este. La brutalidad policial asociada al aparato de seguridad controlado políticamente por Ben Gvir, el acoso contra opositores, periodistas, activistas y familiares de rehenes, o la legitimación creciente de discursos racistas y autoritarios muestran que la lógica del enemigo interno comienza lentamente a expandirse hacia el corazón mismo de la sociedad israelí.
La cuestión central ya no es solamente moral. Es democrática y estatal. Todo Estado necesita monopolizar la fuerza. Cuando grupos ideológicos violentos comienzan a actuar como poder autónomo mientras sectores del gobierno los toleran, justifican o necesitan políticamente, la frontera entre Estado y milicia empieza lentamente a erosionarse.
La historia enseña que esos procesos no se detienen solos.
Y precisamente por eso, frente a las próximas elecciones, la sociedad israelí todavía conserva algo que muchas sociedades perdieron demasiado tarde: la posibilidad de elegir. Elegir si continúa naturalizando el odio, el supremacismo y la violencia política como parte del paisaje cotidiano, o si decide reconstruir una democracia capaz de volver a poner límites antes de que la degradación moral y política se vuelva irreversible.
