El diputado Tzvi Sucot entra a la aldea palestina de Madama con una masa en la mano y destruye un monumento levantado por los vecinos en homenaje a los shaidim —los mártires, terroristas abatidos por Israel a lo largo de décadas—, frente a la mirada impasible de los soldados que le franquearon el paso. Después se dirá que fue una provocación irresponsable, que puso en riesgo la vida de soldados y palestinos, que a fin de cuentas se trató de un acting para la cámara, porque el ejército ya tenía prevista la demolición de todos modos. Todo eso es cierto. Y sin embargo no explica nada.
Los actos de la derecha radical en Judea y Samaria cumplen una doble función. Por un lado, normalizan la ocupación «cotidiana» al presentarse como excesos, como violencia por fuera de la norma —esa que quiere distinguirse de la violencia «legal» que el ejército ejerce todos los días— y le permiten al supremacista vergonzante diferenciarse del radical irresponsable y seguir apoyando, con la conciencia lavada, la ocupación de siempre. El mazazo de Sucot es un escándalo; el bulldozer de la Administración Civil, que hace lo mismo con los formularios en regla, es rutina. La indignación por el primero es la coartada del segundo. Así funcionan también las declaraciones escandalosas del líder del partido de Sucot, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, a cuyo lado el primer ministro que le dio el poder, Benjamín Netanyahu, puede presentarse como el adulto responsable.
Por el otro, esa misma violencia es la extensión de una política de Estado. Sucot no es un díscolo: preside la subcomisión de la Kneset que supervisa Cisjordania. Y el propio ejército, al condenarlo, confesó la trama. Calificó su maniobra de «engañosa y manipuladora», se quejó de haber desviado tropas de sus tareas —no del vandalismo—, y aclaró que él desmantela rutinariamente «símbolos de incitación» con las aprobaciones correspondientes, que otra operación ya estaba planificada. Es decir: la transgresión de Sucot fue de procedimiento, no de fondo. El desacuerdo entre el diputado y el mando no es sobre qué se destruye, sino sobre quién sostiene la masa y si la cámara está encendida. Gilad Kariv, diputado de Los Demócratas, lo dijo sin eufemismos: semana tras semana venía pidiendo que el ejército le coordinara la entrada a Kusra —una aldea palestina asediada por los colonos radicales, donde meses de ataques, incendios y casas tomadas quedan impunes— para ejercer su tarea de control parlamentario, y semana tras semana se lo negaban por falta de efectivos; los mismos efectivos que sí aparecieron para escoltar al pirómano hasta el corazón de Madama, el mismo día en que el Mando Central advertía que basta un fósforo para prender Cisjordania.
Se dirá —y con razón— que es insoslayable que los palestinos rinden culto a sus criminales. Es verdad. También lo hacen casi todos los nacionalismos: la conmemoración de los muertos violentos es constitutiva y aberrante a la vez, pero no es esa la cuestión que importa. También el sionismo ha reconocido, y hasta condecorado, a quienes otros llamaron terroristas.
Pero no hace falta remontarse al Leji y al Irgún para incomodar la buena conciencia. Alcanza con recordar de dónde salió el dispositivo legal que hoy permite destruir monumentos en Cisjordania. La ley israelí contra los monumentos a terroristas, y la práctica del ejército de desarmar «símbolos de incitación» —el marco exacto que opera en Madama—, se estrenaron sobre un santuario judío: el de Baruch Goldstein, el colono de Kiryat Arba que en Purim de 1994 masacró a veintinueve fieles musulmanes en oración en la Cueva de los Patriarcas, y cuya tumba se volvió sitio de peregrinación, con una lápida que lo consagra «santo», mártir de «manos limpias y corazón puro». Recién en 1999 el ejército desmanteló el santuario que la rodeaba, y dejó en pie la lápida y su epitafio. El dispositivo que hoy cae sobre los «mártires» (asesinos) de Madama nació para contener a los nuestros, y con ellos fue clemente. La asimetría no es que un bando conmemora asesinos y el otro no. Es quién tiene el monopolio de nombrar: el poder decide, retroactivamente, cuál lápida es intolerable y cuál puede tolerarse y hasta protegerse.
Todo esto adquiere su sentido pleno bajo la clave que propone Danny Gutwein: la “sectocracia”. Si el poder del Estado se reparte en feudos entre sectores afines, sobre las ruinas del Estado de bienestar, en un marco corporativo apenas disfrazado de democracia nominal, entonces Judea y Samaria es el feudo adjudicado a los colonos radicales. Netanyahu no le «delega» Cisjordania a Smotrich por debilidad ni por chantaje de coalición: se la entrega como su renta, un dominio del Estado puesto a administrar por sus propios beneficiarios. Sucot, entonces, no usurpa ninguna soberanía. La ejerce. El mazazo no es la excepción a la ley: es la ley de los colonos radicales, actuada a cielo abierto, la performance de un poder que efectivamente les fue transferido.
La presión emigratoria se lee en sus efectos, y en un fin cada vez menos disimulado. El acoso diario, la impunidad de los puestos de avanzada, las demoliciones, el pastoreo del terror: todo empuja en una sola dirección, hacer la vida palestina imposible hasta que la emigración parezca una decisión propia. Es una política que trabaja por acumulación y por delegación —los colonos radicales la ejecutan a cielo abierto—, que se lee en sus resultados, y que sus ejecutores confiesan cada vez con menos pudor.
Invisibilizar la ocupación
De esto no se habla en las comunidades judías de la diáspora, y apenas asoma en la campaña israelí. Buena parte de los que apoyan el «campo del cambio» —Bennett, Aizenkot, Lapid, incluso parte de los candidatos de Los Demócratas— cree que el tema del próximo gobierno no será el palestino sino la reconstrucción de Israel fronteras adentro: reparar el tejido roto, la economía, las instituciones, como si Cisjordania fuera un expediente que se puede posponer. Y el aplazamiento ya no es un supuesto tácito: Naama Lazimi, diputada de Los Demócratas y una de las pocas voces que todavía defienden abiertamente un Estado palestino como salida negociada, viene diciendo sin rodeos que el arreglo político que hay que buscar es uno que, en la próxima cadencia, no cree un Estado palestino. Que la señal venga de nuestro propio campo indica cuánto se corrió el piso bajo nuestros pies. Es la ilusión de que el volcán tiene la gentileza de esperar a que ordenemos la casa. Y descansa en una fantasía de hiperagencia: la de que todo depende de la voluntad israelí, y de que enfrente y alrededor —los palestinos, los actores internacionales— solo hay una pasividad dispuesta a aguardar nuestro turno. Es, con amarga paradoja, el mismo supuesto de omnipotencia israelí que agitan los peores adversarios de Israel; y los últimos años demostraron de sobra lo contrario: el problema palestino no permanece mucho tiempo bajo la alfombra esperando que tengamos tiempo de ocuparnos.
Las urgencias del gobierno por venir
Y ahí están los pogromistas judíos para recordárnoslo. Porque un pogrom —¿de qué otra forma llamarlo? — nunca fue solo la turba: fue siempre la turba más la autoridad que se hace a un costado, la mirada impasible que autoriza. Eso, exactamente, es lo que se vio en Madama, y con mucha más fuerza en Kusra y en Huwara y en decenas de aldeas palestinas en los últimos años. Esas fuerzas de choque estarán ahí para desestabilizar cualquier intento de marcha atrás en la normalización de la ocupación, para que ningún gobierno futuro pueda desandar lo andado sin pagar el precio del caos. Ese polvorín no queda en un confín remoto de un territorio desconocido: está a las puertas de Kfar Sava.
Hay quienes desconfían de la capacidad de la sociedad israelí para producir su propio tikún, su propia reparación del caos y la violencia, y ven en las esperanzas que amplios sectores democráticos depositan en las próximas elecciones una ilusión mesiánica, casi inevitablemente destinada a estrellarse. Es tentador imaginar que podremos sanar Israel mientras dejamos para más adelante “la contradicción principal”, esperando tiempos más tranquilos para ocuparnos de la ocupación. Pero la ocupación no espera. Las profecías de Leibowitz —que su corrupción penetraría el ejército, la política, la educación y cada rincón de la sociedad israelí, hasta llevarse consigo al propio sionismo— adquieren una actualidad difícil de ignorar. La violencia supremacista, la impunidad y un ejército que aprendió a tolerarlas, y a veces a apuntalarlas, muestran hasta qué punto ese proceso ya está entre nosotros. Por eso no hay un momento posterior en el que podamos ocuparnos tranquilamente de desarmarlo: cada demora lo profundiza. Y cada atajo que pretenda evitar el costo de enfrentarlo solo deja detrás más violencia, más sangre y más corrupción, a ambos lados de la Línea Verde.
