Durante décadas, una de las teorías conspirativas antisemitas más persistentes de la Argentina sostuvo que existía un proyecto secreto del sionismo internacional para apropiarse de la Patagonia y establecer allí un segundo Estado judío. Se lo llamó Plan Andinia. Nunca apareció el plan, nunca se identificó la organización encargada de ejecutarlo y jamás se presentó una prueba seria de su existencia. Sin embargo, sobrevivió.
Y no fue una fantasía inocua. Durante la última dictadura llegó incluso a formar parte del universo ideológico de algunos interrogadores. Jacobo Timerman relató que, durante su cautiverio, sus captores le exigían información sobre aquel supuesto proyecto sionista. La paradoja era brutal: una persona real debía responder bajo tortura por una conspiración inexistente.
Más de medio siglo después, la historia plantea una situación inversa y acaso más compleja. Esta vez los hechos existen. Una compañía israelí, Navitas Petroleum, participa junto a la británica Rockhopper Exploration del proyecto Sea Lion, destinado a explotar petróleo en la Cuenca Malvinas Norte, en un área cuya soberanía reclama la Argentina.
No existe ningún “Plan Malvinia”. Pero existen intereses económicos concretos.
Esa diferencia es precisamente la que deberíamos cuidar.
Esta vez los hechos existen.
Navitas no apareció ayer en el conflicto por los recursos de Malvinas. En 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Argentina declaró clandestinas sus actividades y la inhabilitó durante veinte años para operar en territorio nacional. La decisión se adoptó en el marco de la legislación argentina que sanciona la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización de las autoridades nacionales.
El proyecto, sin embargo, siguió avanzando.
En diciembre de 2025, Navitas y Rockhopper anunciaron la decisión final de inversión para desarrollar Sea Lion. El proyecto prevé una inversión multimillonaria y la extracción de cientos de millones de barriles durante su vida útil.
El conflicto adquirió entonces otra dimensión. El 2 de abril de 2026, Javier Milei mencionó expresamente a Navitas y Rockhopper durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y anunció respuestas diplomáticas frente al avance de la explotación. En septiembre, su gobierno profundizó las medidas contra empresas y personas vinculadas al proyecto.
Pero sería equivocado transformar esas decisiones en una reivindicación automática de la política de Milei hacia Malvinas. Su discurso sobre las islas ha estado atravesado por contradicciones: desde su conocida admiración por Margaret Thatcher hasta su idea de que los habitantes de las islas deberían algún día “preferir ser argentinos”.
A eso se agrega otra paradoja. Milei convirtió su acercamiento a Israel y a Benjamin Netanyahu en uno de los rasgos más visibles de su política exterior. Sin embargo, una empresa israelí participa ahora de uno de los proyectos económicos más cuestionados por la Argentina en Malvinas.
No hay ninguna contradicción misteriosa. Los Estados tienen intereses. Las empresas también. Y no necesariamente coinciden.
De Navitas a “los judíos”
El problema comienza cuando dejamos de hablar de una empresa y empezamos a construir identidades colectivas.
Navitas es una empresa israelí. No es “Israel”. Mucho menos representa a “los judíos”. Su participación en Sea Lion tampoco demuestra la existencia de una estrategia sionista sobre Malvinas.
Parece una aclaración elemental. La historia del Plan Andinia demuestra que no lo es.
Las teorías conspirativas no siempre se construyen inventando todos sus componentes. A veces resultan más eficaces cuando toman hechos verdaderos, los separan de su contexto y establecen entre ellos conexiones inexistentes.
Una empresa israelí participa de la explotación petrolera en Malvinas: verdadero.
La Argentina considera ilegal esa explotación: verdadero.
El presidente argentino mantiene una relación política excepcionalmente estrecha con Israel: verdadero.
Nada de eso permite concluir que “Israel viene por Malvinas”. Mucho menos que existe algún proyecto judío para apropiarse de las islas.
Sin embargo, la distancia entre una afirmación y otra puede reducirse peligrosamente cuando entra en funcionamiento el pensamiento conspirativo.
Ahí podría nacer el imaginario de un inexistente “Plan Malvinia”.
La diferencia necesaria
Hay algo todavía más incómodo que debería discutirse, particularmente dentro de espacios judíos y progresistas.
El temor al antisemitismo no puede convertirse en una protección frente a críticas legítimas hacia una empresa israelí. Investigar a Navitas no es antisemitismo. Cuestionar sus negocios tampoco. Si una compañía israelí desarrolla actividades que la Argentina considera contrarias a su legislación y a sus derechos soberanos, debe poder ser investigada y criticada exactamente igual que una empresa británica, estadounidense, china o argentina.
La nacionalidad de Navitas tampoco debe ocultarse. Es un dato relevante para comprender el mapa de intereses alrededor de Malvinas.
Pero una cosa es identificar el origen de una compañía y otra muy distinta utilizarlo como explicación de su comportamiento.
Ese es el punto donde una discusión económica y geopolítica puede convertirse en otra cosa.
Navitas es una empresa con intereses comerciales. Israel es un Estado con intereses políticos y estratégicos. El sionismo es un fenómeno político e histórico diverso. Y los judíos constituyen comunidades igualmente diversas distribuidas alrededor del mundo.
Transformar todas esas categorías en una sola palabra —“los judíos”— es precisamente uno de los mecanismos históricos del antisemitismo.
Una vieja conspiración que no murió
Por eso tampoco conviene considerar al Plan Andinia una extravagancia enterrada junto con los años setenta.
La teoría reapareció periódicamente y volvió a circular incluso durante los incendios que afectaron a la Patagonia en 2026. Otra vez aparecieron en redes sociales mapas, supuestos proyectos territoriales y acusaciones sobre intereses israelíes o sionistas en el sur argentino.
La persistencia debería preocuparnos más que la extravagancia de sus argumentos.
Las conspiraciones sobreviven porque son capaces de adaptarse. Cambian los protagonistas, incorporan acontecimientos nuevos y encuentran en cada crisis una supuesta confirmación de aquello que ya habían decidido creer.
El caso Navitas ofrece, por eso, un desafío particularmente delicado.
Con el Plan Andinia teníamos una conspiración que necesitaba inventar hechos. En Malvinas ocurre exactamente lo contrario: tenemos hechos verdaderos que podrían ser utilizados para inventar una conspiración.
La diferencia parece pequeña, pero es enorme.
Negar o relativizar la actuación de Navitas porque es israelí sería absurdo. Convertir esa actuación en la demostración de una estrategia israelí, sionista o judía sería igualmente absurdo y mucho más peligroso.
La cuestión Malvinas merece ser discutida desde la soberanía, el derecho internacional, los recursos naturales y los intereses económicos que rodean a las islas. Navitas forma parte de esa discusión y debe formar parte de ella sin privilegios ni excepciones.
Precisamente por eso conviene recordar el Plan Andinia.
No para establecer una equivalencia entre dos situaciones que son diferentes, sino para comprender cómo se construye una conspiración.
El Plan Andinia nunca existió.
Navitas, Sea Lion y el petróleo de Malvinas sí existen.
El desafío consiste en denunciar los hechos sin inventar aquello que los hechos no demuestran.
Porque el problema no es que exista un Plan Malvinia.
El peligro es que terminemos inventándolo.
