¿Cuánto vale el voto de un ciudadano árabe en Israel?
Ahora queda al descubierto, en toda su magnitud, la fragilidad de los principios que encierra la democracia
israelí. Cada vez que la igualdad ciudadana entra en conflicto con su carácter judío, la balanza se inclina a favor de este último. Ha llegado el momento de decidir si todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a determinar el futuro del país o si, en la práctica, los votos de los judíos valen más que los de los árabes.
Hoy queda al descubierto la doble vara ética de aquellos sectores de la sociedad judía israelí que dicen defender la democracia mientras aceptan que los representantes de una quinta parte de la población sean excluidos de la posibilidad de participar en el gobierno. Proclaman la igualdad de todos los ciudadanos y, al mismo tiempo, justifican una práctica política que otorga mayor legitimidad a los votos judíos que a los árabes.
Esta vez no estamos hablando de los palestinos que habitan los territorios ocupados. Estamos hablando de lo que sucede dentro de Israel, de este lado de la Línea Verde, entre ciudadanos que poseen la misma ciudadanía, votan en las mismas elecciones y están sujetos a las mismas leyes. Durante décadas, la ocupación de los territorios palestinos permitió justificar muchas formas de discriminación mediante argumentos de seguridad y defensa de los ciudadanos israelíes. Esa explicación pierde todo sentido cuando la exclusión política se dirige
contra los propios ciudadanos árabes de Israel, que representan aproximadamente una quinta parte de la población.
Conviene precisar de quiénes estamos hablando. Son los ciudadanos árabes que viven en ciudades y pueblos israelíes. Trabajan en hospitales, farmacias, obras de construcción, fábricas, comercios, universidades y muchos otros ámbitos. Pagan sus impuestos y cumplen con sus obligaciones ciudadanas. Son nuestros vecinos y compañeros de trabajo, y comparten con nosotros las preocupaciones por la educación de sus hijos, el costo de vida, la vivienda, la salud y la seguridad de sus familias.
Nos atendemos con médicos árabes, compramos medicamentos en farmacias donde trabajan árabes y vivimos en edificios que construyeron trabajadores árabes. Confiamos en su capacidad profesional y ponemos nuestra salud en sus manos. Al discutir quién puede participar en un gobierno, reaparece una frontera que los coloca fuera de la comunidad política plenamente reconocida. Esa selección revela una desigualdad que se volvió demasiado habitual.
Su derecho a intervenir en las decisiones del país existe con independencia de sus profesiones, de sus ingresos y de cuánto contribuyan a la economía. Recordar sus ocupaciones permite mostrar una realidad cotidiana que muchos parecen olvidar cuando hablan de política. La igualdad ciudadana les corresponde por ser ciudadanos. También les corresponde cuando sus opiniones nos incomodan y cuando eligen representantes con quienes tenemos diferencias profundas.
Las elecciones del 27 de octubre nos colocaron frente a un espejo que refleja una realidad con una claridad difícil de ignorar.
El bloque de Netanyahu obtuvo 53 escaños y las fuerzas que se presentaron como alternativa consiguieron 48. Los partidos árabes alcanzaron una representación histórica de 19 diputados, distribuidos entre los 11 de la Lista Conjunta y los 8 de Ra’am.
La suma de todas las fuerzas contrarias a Netanyahu permite imaginar una mayoría alternativa de 67 diputados, suficiente para reemplazarlo. Varios dirigentes de la oposición se niegan a considerar esa posibilidad porque exige reconocer a los partidos árabes como participantes legítimos en la formación del gobierno.
Por otro lado es imprescindible entender por qué el Likud conservó después del 7 de octubre y de estos años de guerra, abandono y corrupción, con semejante apoyo. Como señala Omri Zerachovitz en su análisis publicado el 29 de octubre de 2026 en el diario económico TheMarker, para una parte de sus electores, votar al Likud expresa una identidad y una pertenencia construidas durante generaciones. La evaluación de la gestión convive con esas lealtades y con una desconfianza profunda hacia los sectores identificados con la izquierda.
El análisis describe una marcada división socioeconómica. El bloque de Netanyahu encuentra mayor apoyo entre los sectores de menores recursos y el bloque del cambio concentra una proporción mayor de sus votos en los sectores acomodados. Esa distribución exige comprender las experiencias de desigualdad, los resentimientos históricos y los vínculos comunitarios que intervienen en las decisiones electorales. Una alternativa política necesita tomarlos en serio para construir una relación con esos ciudadanos.
Zerachovitz interpreta que parte de quienes confiaron en Netanyahu por sus promesas de seguridad y prosperidad revisaron su
apoyo pero entre quienes lo votan como expresión de identidad, o lo consideran una protección frente a una izquierda percibida como amenazante, la lealtad mostró mayor resistencia. Esa lectura ayuda a entender por qué los fracasos del gobierno tienen efectos diferentes entre sus electores y por qué la expectativa de un castigo electoral más profundo volvió a producir frustración.
A partir de ese análisis, también corresponde preguntarnos qué alternativa se les está ofreciendo. La exclusión de los partidos árabes permite a varios dirigentes opositores disputar el liderazgo de Netanyahu conservando una de las fronteras políticas que él contribuyó a reforzar. Aspiran a recibir parte de sus votos y aceptan que la cooperación con representantes árabes continúe siendo presentada como una amenaza. De esa manera, el rechazo a Netanyahu puede crecer dentro de un marco que mantiene intacta la desigualdad entre ciudadanos judíos y árabes.
Los votos árabes pasan así a tener un valor diferente según la operación política que se quiera realizar. Se los suma cuando permiten afirmar que Netanyahu carece de una mayoría y se los excluye cuando podrían contribuir a construir una alternativa. Sus representantes aparecen dentro del bloque contrario al gobierno para interpretar el resultado electoral y quedan afuera al discutir cómo convertir ese resultado en una mayoría parlamentaria. Esa manera de contar permite apropiarse del significado político de sus votos y desconocer después a quienes los recibieron.
A esta situación se sumaron en los últimos días las denuncias sobre una supuesta intervención de Qatar y Turquía mediante el financiamiento de actividades destinadas a aumentar la participación electoral de los ciudadanos árabes. Los servicios de seguridad comenzaron a investigar esas sospechas y también se abrieron
investigaciones policiales por presuntos intentos de compra de votos. No hay discusión que se trata de hechos que deben esclarecerse y, si se comprueban delitos, corresponde sancionar a sus responsables. Hasta ahora, las investigaciones no han demostrado que se haya producido una alteración significativa de los resultados electorales. Incluso fuentes conocedoras de las investigaciones señalaron que, aunque se confirmaran las sospechas examinadas, su alcance es tan ínfimo que no podrían modificar la distribución de escaños.
Resulta preocupante que esas denuncias sean utilizadas para poner en duda la legitimidad de la participación electoral árabe en su conjunto. Una investigación sobre posibles irregularidades individuales no puede convertirse en una sospecha generalizada contra cientos de miles de ciudadanos que ejercieron su derecho al voto. También conviene recordar que el presidente estadounidense Donald Trump intervino públicamente en la campaña electoral israelí. El 18 y el 23 de octubre expresó explícitamente su apoyo a la reelección de Netanyahu y lo presentó como el candidato que mejor defendería los intereses compartidos con Estados Unidos. Se trató de una intervención política extranjera en favor de uno de los candidatos. Las sospechas de financiamiento ilegal y una declaración pública de apoyo son situaciones jurídicamente diferentes pero ambas obligan a discutir la influencia de actores extranjeros sobre nuestras elecciones. Lo que corresponde es exigir transparencia y respeto por la voluntad de los ciudadanos, cualquiera sea el sector político beneficiado.
También es necesario distinguir entre alentar la participación electoral, financiar ilegalmente una actividad y alterar los resultados de una elección. Cada conducta requiere pruebas específicas y una evaluación de sus consecuencias. La existencia de una denuncia tampoco permite atribuir los diecinueve escaños a una operación extranjera. Dar ese salto convierte una investigación que debería identificar hechos y responsables en un recurso para desacreditar la representación política de toda una comunidad.
La preocupación por Qatar exige, además, la misma seriedad cuando las sospechas alcanzan al entorno del primer ministro. Quienes encuentran explicaciones tranquilizadoras para los vínculos de sus asesores con ese país deberían aplicar el mismo rigor al evaluar las denuncias relacionadas con los votantes árabes. La defensa de la soberanía y de la limpieza electoral pierde credibilidad cuando la identidad del beneficiario determina la intensidad de nuestra preocupación.
Los diecinueve diputados árabes llegaron a la Knéset por el mismo procedimiento que los otros ciento uno. Sus electores acudieron a las mismas urnas y sus votos fueron contados de acuerdo con las mismas reglas. Cada uno de esos escaños representa ciudadanos que esperan influir sobre las decisiones que afectan sus vidas. La igualdad que se reconoce durante el recuento empieza a perder su significado cuando llega el momento de transformar los resultados en poder político.
Esos ciudadanos no necesitan incentivos de Qatar o Turquía para querer reemplazar al gobierno, tienen los propios. Conocen la criminalidad que amenaza a sus familias, las dificultades de sus municipios, los bajos presupuestos educacionales comparados con los de sectores judíos, las desigualdades en infraestructura y las declaraciones de dirigentes que los presentan como una amenaza colectiva. Sus decisiones electorales nacen también de esa experiencia. Explicar su participación mediante una supuesta manipulación extranjera les niega capacidad para interpretar su realidad y decidir qué quieren hacer para cambiarla.
Su participación tiene, además, un significado que deberíamos saber reconocer. Acudir a las urnas expresa la voluntad de influir mediante las instituciones del Estado. Quien vota está diciendo que las decisiones de ese Estado le importan, que afectan su vida y que quiere formar parte de ellas. La sociedad israelí tiene una oportunidad de fortalecer esa relación mediante el reconocimiento y la cooperación. Responder con sospechas colectivas y exclusiones transmite que la participación será bienvenida únicamente mientras carezca de consecuencias sobre la distribución del poder.
La situación resulta todavía más difícil de justificar cuando observamos las diferencias entre los dos partidos árabes. Ra’am, encabezado por Mansour Abbas, representa una corriente islámica conservadora en cuestiones sociales, que decidió adoptar una política pragmática de participación en las instituciones israelíes. Su principal preocupación se concentra en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos árabes, combatir la delincuencia, conseguir presupuestos para sus municipios, desarrollar infraestructura y reducir las desigualdades en educación, vivienda y empleo.
Abbas dio un paso histórico cuando Ra’am ingresó en la coalición de Bennett y Lapid en 2021. Aceptó participar en un gobierno dirigido por dirigentes sionistas, con posiciones sobre el conflicto palestino muy alejadas de las suyas. Demostró que era posible cooperar en asuntos civiles sin exigir una coincidencia ideológica completa. Esa experiencia terminó junto con el gobierno y dejó un precedente importante. Un partido árabe había demostrado que podía asumir responsabilidades dentro de una coalición israelí.
La Lista Conjunta representa una posición política diferente. Reúne corrientes de izquierda, nacionalistas palestinas y fuerzas que defienden la igualdad entre judíos y árabes desde distintas
concepciones del carácter del Estado. Sus dirigentes mantienen posiciones más críticas sobre la política militar israelí y sobre la definición de Israel como Estado judío. Entre sus principales demandas se encuentran la igualdad de derechos, el reconocimiento de la identidad nacional palestina y una solución política al conflicto.
Esas diferencias también se expresan en la manera en que ambos partidos consideran su participación en un gobierno. Ra’am manifestó su disposición a ingresar en una coalición encabezada por Eisenkot. La Lista Conjunta se mostró dispuesta a sostener desde afuera un gobierno minoritario que permitiera reemplazar a Netanyahu, sin incorporarse a él debido a sus desacuerdos sobre Gaza y el Líbano.
Tenemos, por lo tanto, dos fuerzas políticas árabes con posiciones distintas sobre cuestiones fundamentales y con diferentes propuestas de cooperación parlamentaria. Una está dispuesta a integrar el gobierno y la otra contempla apoyarlo desde la oposición. Ambas expresaron, de distintas maneras, su disposición a participar en una alternativa política.
Esa diversidad merece el mismo reconocimiento que damos a las diferencias entre los partidos judíos. Entendemos que un votante religioso y uno laico pueden tener prioridades distintas, y que dentro de la derecha o de la izquierda conviven posiciones enfrentadas. La sociedad árabe también está formada por ciudadanos con concepciones diferentes sobre la religión, la identidad nacional, la economía y las estrategias políticas. Reducirlos a una única categoría facilita su exclusión y evita responder a las propuestas concretas de cada fuerza.
A pesar de estas diferencias, Ra’am continúa encontrando el mismo rechazo que la Lista Conjunta por parte de varios dirigentes del bloque opositor. Incluso la disposición de Mansour Abbas a aceptar las
condiciones de Eisenkot parece insuficiente para convertirlo en un socio legítimo. La experiencia de haber participado anteriormente en un gobierno israelí tampoco alcanza para disipar ese rechazo.
Aquí aparece una pregunta que merece una respuesta clara.
¿Qué tendría que hacer Mansour Abbas para que su partido fuera aceptado como un participante legítimo en la formación de un gobierno? Ya demostró su disposición a trabajar con dirigentes sionistas, aceptó compromisos políticos importantes y volvió a ofrecer su cooperación. Si todo eso continúa siendo insuficiente, resulta inevitable preguntarse cuánto pesa su programa político y cuánto pesa el hecho de que representa a ciudadanos árabes. En sus últimas declaraciones públicas incluso ha publicado que ninguna de las exigencias de Eisenkot para sumarlo al gobierno serían para su partido un impedimento.
También conviene observar las consecuencias prácticas de este rechazo. Eisenkot dispone de 48 diputados en su bloque. La incorporación de los ocho representantes de Ra’am elevaría ese número a 56. Un acuerdo de apoyo externo con los once diputados de la Lista Conjunta podría permitirle alcanzar una mayoría parlamentaria de 67. Se trata de una posibilidad compleja, que exigiría negociaciones, compromisos y acuerdos sobre temas profundamente conflictivos. Esas dificultades forman parte de cualquier negociación entre partidos con posiciones diferentes.
Un gobierno minoritario apoyado desde afuera tampoco sería una garantía de estabilidad. Tendría que negociar presupuestos, leyes y decisiones sobre seguridad con fuerzas que mantienen importantes desacuerdos. Esas dificultades pueden ser razones legítimas para discutir la viabilidad de una coalición. Descartar la posibilidad antes de iniciar esas negociaciones, mediante una exclusión general de los representantes árabes, impide comprobar qué acuerdos serían posibles y cuáles resultarían incompatibles.
Ningún partido tiene garantizado un lugar en el gobierno por haber conseguido escaños. La igualdad democrática exige que todos puedan ser considerados interlocutores legítimos y que sus propuestas sean evaluadas con criterios políticos. Un acuerdo puede fracasar porque las partes mantienen posiciones irreconciliables sobre un presupuesto, una ley o una decisión militar. La pertenencia nacional de sus votantes no debería resolver de antemano el resultado de esa discusión.
En la política israelí estamos acostumbrados a ver coaliciones entre partidos con diferencias ideológicas profundas. Las fuerzas religiosas y laicas acuerdan participar en gobiernos compartidos a pesar de mantener posiciones opuestas sobre el servicio militar, la educación, el matrimonio y la relación entre religión y Estado. Los partidos de derecha negocian entre ellos asuntos sobre los que existen desacuerdos considerables. Esas diferencias se consideran parte de la negociación política. Cuando los posibles socios son árabes, aparece una barrera adicional que muchas veces impide incluso comenzar la conversación.
También hemos visto cómo se encuentran explicaciones para aceptar socios judíos que promueven la discriminación, cuestionan derechos fundamentales o sostienen posiciones extremistas. Se invoca la necesidad parlamentaria, se confía en que las responsabilidades de gobierno los moderen o se acuerda dejar determinados asuntos fuera del programa común. Los representantes árabes siguen sometidos a una exigencia previa de legitimidad que sus posibles socios judíos parecen tener resuelta desde el nacimiento.
Durante estos años de guerra, gran parte de la ciudadanía árabe israelí dio muestras importantes de responsabilidad cívica. Vivió situaciones de enorme tensión, soportó el deterioro de las relaciones entre judíos y árabes y continuó reclamando sus derechos mediante la participación política. La elevada representación obtenida en estas elecciones demuestra que una parte muy importante de esa población sigue considerando las instituciones democráticas como el camino para influir sobre su futuro.
Ese comportamiento merece ser reconocido. Los ciudadanos árabes no deberían tener que superar pruebas adicionales de lealtad para ejercer los derechos que les corresponden. La participación democrática es un derecho de ciudadanía y su legitimidad no depende de que la mayoría judía apruebe las posiciones políticas de quienes la ejercen.
En la medida que se cierren las posibilidades de cooperación con los partidos árabes, empezará a fortalecerse la idea de que un gobierno de unidad sería la salida “responsable”. El cansancio de la sociedad, el temor a otra elección (que es lo que Bibi estaría queriendo a raíz de los resultados) y la preocupación por la continuidad de un gobierno extremista generan una disposición comprensible a buscar acuerdos amplios. Esa necesidad también puede utilizarse para presentar como inevitable una decisión que tiene alternativas políticas.
La propuesta de unidad necesita explicar qué programa sostendría, quién la encabezaría y qué políticas permitiría cambiar. La palabra, por sí sola, no responde esas preguntas. Un acuerdo entre dirigentes puede resolver una dificultad parlamentaria y conservar las condiciones que la produjeron. Si la continuidad de Netanyahu termina aceptándose como el precio necesario para mantener afuera a los
partidos árabes, conviene decir con claridad qué prioridad orientó esa decisión.
También corresponde discutir a quiénes incluye esa unidad. Un acuerdo que reúne a partidos judíos de posiciones muy diferentes y excluye de antemano a los representantes árabes establece un límite étnico para la cooperación. Se acepta negociar entre dirigentes enfrentados sobre cuestiones fundamentales, y se considera inaceptable negociar con una parte de los representantes elegidos por la ciudadanía debido a la comunidad a la que pertenecen.
Afirmar que la ciudadanía eligió un gobierno de unidad atribuye a los resultados una interpretación que necesita demostrarse. Los ciudadanos votaron partidos con propuestas y compromisos distintos. Los votantes árabes también participaron de esa elección y sus preferencias tienen que formar parte de cualquier lectura del resultado. Dejarlos afuera permite construir una voluntad nacional a medida de quienes ya decidieron excluirlos.
Estamos frente a una desigualdad que afecta la representación política de una minoría nacional dentro del propio Estado. La exclusión sistemática de sus representantes de las posibilidades reales de gobierno plantea una discusión seria sobre la segregación política y sobre los rasgos de apartheid que algunos identificamos en esta forma de organizar el poder. Es una acusación grave, que requiere distinguir entre la igualdad formal del voto y las barreras políticas que impiden convertirlo en participación efectiva.
Lo que más me preocupa es que esta situación parece haber sido aceptada incluso por sectores que se presentan como defensores de la democracia israelí. Se habla de reemplazar a Netanyahu, de reconstruir las instituciones, de restaurar la confianza pública y de
recuperar los valores democráticos. Al mismo tiempo, se pretende construir esa alternativa dejando afuera a los representantes de aproximadamente el veinte por ciento de la población.
La contradicción entre esas aspiraciones y la exclusión política resulta difícil de eludir. Una democracia necesita que sus ciudadanos puedan elegir representantes y que esos representantes tengan la posibilidad de participar plenamente en el proceso político. La mayoría puede formarse mediante acuerdos entre partidos diferentes.
Cuando la pertenencia nacional determina quién puede ser considerado un socio legítimo y quien no, la igualdad como principio fundamental de la democracia queda seriamente comprometida.
Como israelí judío de izquierda, me resulta especialmente doloroso que esa exclusión encuentre aceptación entre personas con quienes comparto la defensa de las instituciones democráticas. Conocen el valor de la representación, reclaman respeto por sus votos y denuncian los intentos de debilitar los límites al poder. Esas convicciones también nos obligan cuando los representantes elegidos pertenecen a una minoría nacional y que en parte sostienen opiniones que nos incomodan. Su alcance se demuestra precisamente en esas circunstancias.
La voluntad de los ciudadanos árabes de participar en la construcción del futuro de Israel ofrece una oportunidad política y social. Permite desarrollar acuerdos, compartir responsabilidades y dar contenido cotidiano a la igualdad. Cada cooperación concreta puede ayudar a reconstruir una confianza que años de incitación, desigualdad y segregación fueron deteriorando. Rechazar de antemano esa disposición desperdicia una posibilidad de mejorar la vida compartida y
refuerza la idea de que siempre habrá ciudadanos cuya pertenencia será considerada insuficiente.
No hay duda que las dificultades existen y que requieren trabajo. Habrá desacuerdos sobre la identidad del Estado, el conflicto palestino, la religión y las prioridades presupuestarias. Justamente en la mayoría de estos puntos estamos estancados.
La tarea de la política consiste justamente en eso, en discutirlos y buscar compromisos que nos permitan vivir juntos.
Nuestra sociedad ya negocia diferencias profundas entre sus ciudadanos judíos. Incorporar plenamente a los ciudadanos árabes exige extender esa práctica y reconocerles la misma legitimidad.
Quienes aspiramos a un Israel judío pero democrático tenemos que preguntarnos qué significado estamos dispuestos a darle a esas dos palabras. El carácter judío del Estado puede expresarse en su historia, su cultura, su idioma y sus símbolos. La democracia requiere que la ciudadanía común sea la base de la legitimidad política. La pertenencia a una minoría nacional no debería disminuir el derecho de sus representantes a participar en la conducción del país.
Los diecinueve escaños árabes nos enfrentan a una decisión que trasciende el destino político de Netanyahu y la formación del próximo gobierno. Nos obligan a decidir si la igualdad que reconocemos en las urnas continuará siendo válida cuando sus resultados determinen quién gobierna.
Al final, la pregunta sigue siendo bastante sencilla. Si los ciudadanos árabes votan de acuerdo con las mismas leyes, eligen a sus representantes y aceptan participar en las instituciones del Estado,
¿qué razones democráticas permiten excluirlos de antemano de la formación de un gobierno? Y si incluso Mansour Abbas, después de
haber demostrado su disposición a compartir responsabilidades con dirigentes sionistas, continúa siendo considerado un socio inaceptable, y aceptando las condiciones propuestas por Eisenkot tendremos que preguntarnos cuánto de ese rechazo responde a verdaderas diferencias políticas y cuánto a una concepción de Israel en la que la ciudadanía judía conserva un privilegio sobre la árabe.
El voto de un ciudadano árabe tiene que valer lo mismo que el mío durante el recuento y también durante las negociaciones que vienen después. Esa igualdad incluye la posibilidad de que sus representantes apoyen un gobierno, lo integren, lo cuestionen o contribuyan a reemplazarlo. Reconocerles esa capacidad forma parte de aceptar que este país también les pertenece y que su futuro tiene que construirse con ellos.
Quizás esa sea una de las cuestiones más importantes que nos dejaron estas elecciones. Podemos cambiar de primer ministro y continuar arrastrando la misma desigualdad. Podemos reemplazar un gobierno y conservar una concepción de la democracia que reconoce a los ciudadanos árabes el derecho a votar, mientras limita la legitimidad de sus representantes para participar en el poder. Si eso es lo que estamos dispuestos a aceptar, tendremos que reconocer que nuestro problema democrático es mucho más profundo que Netanyahu.
