Luego de que en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner instara a que la oposición «presente un proyecto viable, lógico, jurídico, atado a las normas del derecho internacional para lograr que los acusados declaren», Santiago Kaplun, secretario de Asuntos Jurídicos de la DAIA, manifestó que la entidad está abocada a la presentación de un proyecto de ley tendiente a obtener la derogación del marco legal que permitió el acuerdo con Irán, que al cabo de un año de haber sido firmado en Etiopía no tuvo avance alguno desde el lado del régimen islamista.
“La idea de la institución es que sea una iniciativa totalmente apolítica, en el sentido partidario, y surge del Departamento Jurídico de DAIA”, aseguró Kaplun. El directivo detalló que la iniciativa es una herramienta prevista en el artículo 39 de la Constitución “para la que estamos incluidos como ONG y que puede llevar por primera vez en la historia argentina a una institución a que por este mecanismo pueda obtener el tratamiento de un proyecto de ley tan trascendente como la derogación de la ley que aprobó el Memorándum de Entendimiento”.
El dirigente aseguró que la declaraciones presidenciales del sábado precipitaron la presentación. “Lo íbamos a anunciar en los próximos días, pero nos parece adecuado hacerlo ahora a raíz del discurso presidencial del sábado”, afirmó.
Asimismo, aclaró que si bien existen “proyectos de ley similares presentados por partidos políticos”, en la DAIA entienden que cuentan con la “capacidad y deber por estar “avalados por el plenario de presidente, que nos dio mandato para presentar nuestro propio proyecto”.
Respecto a los pasos que debe cumplir la iniciativa para poder tener vigencia, Kaplun agregó que: “Es una campaña muy ardua, donde la institución tendrá que generar los mecanismos para poder recolectar las firmas y el Congreso tiene 12 meses para tratar el proyecto que se presente”, ya que la legislación exige para la iniciativa popular reunir un porcentual del padrón electoral dividido en un mínimo de jurisdicciones electorales nacionales. Son necesarias un total de 500.000 firmas para que la iniciativa popular prospere.
