La Corte Suprema dictaminó el 1 de enero que anularía una ley aprobada por la Knesset en julio, a partir de la cual se eliminaba la cláusula de razonabilidad. Esta era una parte esencial del proyecto de golpe institucional impulsado por el gobierno de Benjamín Netanyahu.
En un episodio sin precedentes, todos los jueces de la corte participaron en esta decisión, y ocho de los 15 determinaron que la enmienda a la Ley Fundamental del Poder Judicial, que apuntaba a remover el poder de la Corte de declarar decisiones gubernamentales irracionales, es inválida.
Además, una amplia mayoría de los jueces (12 de los 15) dictaminaron que la Corte Suprema tiene la autoridad de ejercer control constitucional de las leyes fundamentales de Israel, que cuentan con status constitucional en la jurisprudencia israelí, y que la Corte puede además intervenir en casos excepcionales y extremos en los que la Knesset ha sobrepasado su autoridad como la rama de gobierno encargada de legislar artículos constitucionales a través de la aprobación de leyes fundamentales.
La ex presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut, quien recientemente se retiró de su labor judicial en conjunto con la jueza Anat Barón, tuvo tres meses luego de su retiro para escribir su opinión sobre el caso, que afirma: “En mi opinión, no es posible compatibilizar esta modificación de la Ley Fundamental del Poder Judicial con el principio de separación de podres y el principio del estado de derecho, que son dos de las características fundamentales de nuestro sistema democrático. Esta violación al corazón mismo de nuestra narrativa fundacional no puede permitirse”.
Queda entonces bajo responsabilidad de la Corte proteger el proyecto constitucional de Israel, escribió Hayut, incluyendo la capacidad de control constitucional en los casos excepcionales en los que la Knesset excede su propia autoridad de aprobar leyes fundamentales. Sin embargo, agregó, este control judicial debe ser ejercido sólo en los casos más extremos y con gran cautela.
“Hoy debemos tomar un paso adicional y dictaminar que en casos excepcionales en los que el corazón mismo de la forma israelí de constitución recibe un daño, la Corte está autorizada a declarar la invalidación de una ley fundamental que de alguna forma haya excedido la autoridad del Parlamento” de escribir una Constitución, afirmó Hayut.
Dijo además que era necesario que la Corte haga esto “a la luz de las características estructurales únicas del sistema constitucional israelí, y dada la práctica constitucional en años recientes que demuestra la facilidad con la que es posible cambiar los fundamentos de nuestro sistema político”.
Hayut también habló sobre el contexto de guerra en el que se emitió el dictamen, aclarando que “incluso en estos tiempos difíciles, la Corte debe cumplir su rol y decidir sobre los temas que se le presentan. Esto es aún más vigente cuando se refiere a temas que involucran las características esenciales de la identidad de Israel como Estado judío y democrático.”
El juez Isaac Amit escribió que “El Estado de Israel requiere mecanismos adicionales para fortalecer su democracia. Pero la enmienda a la ley fundamental que eliminaba el fundamento de razonabilidad con respecto a todo lo relacionado con las decisiones del gabinete y sus ministros, es un paso en la dirección opuesta, que fortalece aún más el poder del Ejecutivo.”
La decisión de anular esta enmienda a la ley fundamental, escribió Amit, se debía a “un paso tomado por primera vez en la historia nacional: la eliminación completa de autoridad de una entidad, de manera tal que no permitiría que las cortes israelíes proporcionaran un remedio efectivo a un campo sensible y esencial del control constitucional sobre el Poder Ejecutivo”.
Amit escribió que la enmienda que elimina la capacidad de la Corte de anular decisiones del gabinete y de sus ministros por irracionales implicaría “darles a los ministros del gobierno y al gabinete inmunidad en el tema de designaciones políticas. Esta posibilidad, o de forma más exacta, el riesgo de corromper el servicio público y dañar su incorruptibilidad como resultado de la manipulación de funcionarios públicos en ministerios, es un resultado inevitable de la eliminación del fundamento de razonabilidad. El resultado sería también una receta para el deterioro del servicio de funcionarios públicos y su corrupción”.
Los jueces Noam Sohlberg y David Mintz disintieron de la opinión de la mayoría en el tema de la jurisdicción de la Corte para ejercer control constitucional de leyes fundamentales, y de la jurisdicción de la Corte para dictaminar sobre este tema. Argumentaron que no hay una fuente de autoridad proporcionada en el derecho israelí que le otorgue a la Corte la capacidad de control constitucional. Además, los autores de la opinión minoritaria escribieron que, en caso de existir esa autoridad, la Corte no debería anular la enmienda de razonabilidad a la ley fundamental porque, en su opinión, el caso no cumple con los criterios que la mayoría determinó para la descalificación de una ley fundamental.
El juez Yosef Elron emitió su propia opinión minoritaria de forma solitaria, sosteniendo que, incluso si fuese apropiado que la Corte interviniera en casos extremos vinculados a las leyes fundamentales en lo que refiere a violación de libertades individuales, no se puede afirmar que ese sea el caso del artículo de razonabilidad. Todavía no está claro, escribió, cuáles serían las consecuencias de la enmienda a la Ley Fundamental del Poder Judicial y, por lo tanto, no se puede presuponer que serían tan severas como afirma la mayoría.
Por su parte, la jueza Yael Willner, que también se posicionó en la minoría, escribió que la ley no elimina el control constitucional y no evita que alguien perjudicado por una decisión del gabinete o de un ministro busque justicia acudiendo a la Corte. “El significado de la enmienda se encuentra en el cambio del estándar del ejercicio del fundamento de razonabilidad, con respecto a cualquier tema relacionado con decisiones del gabinete o de sus ministros”, escribió.
La ley que elimina el estándar de razonabilidad es un pilar fundamental de los esfuerzos llevados adelante por el gobierno de Netanyahu de debilitar el Poder Judicial israelí.
La cláusula de razonabilidad refiere a un artículo que requiere que las acciones de gobierno sean razonables y proporcionales, y fue utilizada como fundamento para evaluaciones legales y control judicial de decisiones tomadas por el gobierno.
Los jueces que votaron a favor de anular esta enmienda son: la ex presidenta de la corte Esther Hayut, el actual presidente temporario Uzi Vogelman, Isaac Amit, Anat Baron, Ofer Grosskopf, Chaled Kabub, Daphne Barak-Erez y Ruth Ronnen.
Los jueces que votaron a favor de la enmienda son Noam Sohlberg, Yechiel Meir Kasher, Yosef Elron, Alex Stein, Yael Willner, David Mintz y Gila Canfy Steinitz.
