Crónica de la represión
El 12 de marzo pasado, Gabriela concurrió por primera vez a la manifestación habitual de los miércoles que los jubilados realizan frente al Congreso, en reclamo por el significativo atraso de sus haberes. Esta vez, los jubilados no estuvieron solos: una inorgánica congregación de hinchas de diferentes clubes de fútbol los acompañaba. Los raquíticos ingresos jubilatorios pasaron de ser un problema “invisible” a constituir el indicador del malestar social producto de, entre otros temas, el descenso de más de un 10% interanual en el consumo de alimentos. Como tantos otros, la joven quiso expresar su apoyo a la reunión, haciendo uso del legítimo derecho constitucional a expresarse en la vía pública, a protestar y peticionar ante las autoridades. Tomó la línea A del subte en la estación Río de Janeiro, y descendió en Sáenz Peña. Ya desatada la feroz represión ordenada por la ministra de seguridad, la camaleónica Patricia Bullrich, y ejecutada por la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, con un ambiente irrespirable por la acción de los gases lacrimógenos lanzados directamente sobre los manifestantes, Gabriela cambió de rumbo y se dirigió hacia Corrientes y Callao, evitando pasar por la Plaza Congreso. En la esquina de la disquería Zivals se encontró con un grupo de personas que, como ella, no había podido participar de la protesta dado el clima de violencia desatado por las fuerzas represivas desde antes de la hora fijada para la convocatoria. Desorientada, no supo bien qué hacer: si alejarse de la zona, o aguardar allí a la espera de que la calle recuperara la normalidad. Antes de que pudiera tomar una decisión, por la avenida Callao vio avanzar a unas quince motos policiales, con dos agentes cada una, munidos con bastones y escopetas. Los policías descendieron de sus vehículos, arrinconando al grupo contra una pared sobre la mano derecha de Callao. En cuestión de segundos, entre gritos e insultos por parte de los uniformados, Gabriela se contrajo sobre sí misma, aterrada y temiendo lo peor. Lo último que vio antes de cerrar los ojos fueron tres o cuatro robocops que, armas largas en mano, les apuntaban. Lo siguiente que escuchó fueron gritos de desesperación, y un estruendo muy cercano que hizo temblar las ventanas y vidrieras de los comercios de la cuadra. Sintió un zumbido en los oídos, y un fuerte ardor en el muslo izquierdo. Cuando abrió los ojos, los uniformados arrastraban de los pelos, desencajados y con total saña, a algunas de las personas que la rodeaban. Como pudo, se desplazó un par de metros hasta la puerta de entrada de un edificio aledaño, a cuyo hall pudo ingresar en busca de refugio. Paralizada por el miedo, con lágrimas en los ojos, fue asistida por una mujer que la invitó a sentarse sobre la escalera. Alguien en el interior del edificio advirtió que Gabriela no trabajaba ni residía allí, sino que venía “de la calle”. La mujer que la había asistido cambió su actitud compasiva por una más inquisitiva: “Flaca: ¿Qué hacías vos ahí afuera?”. No respondió, y volvió a la calle unos minutos más tarde, para retirarse de la zona tomando la línea B hacia donde fuera que la alejara de ese infierno.
Al día siguiente pude hablar con Gabriela. Aún cargaba con la tensión del momento, y las huellas del horror que le tocó vivir. Fue taxativa, no dudó por un instante en calificar lo que le había sucedido: “Ayer me fusilaron”. La herida en la pierna le provocó un hematoma uniforme del tamaño de un disco compacto, con un centro más oscuro, como si de un golpe rápido y certero con un objeto puntiagudo se hubiera tratado. La bala de goma no penetró ni la ropa ni su piel, pero funge como advertencia: la misma escopeta podría disparar, eventualmente, balas de plomo. La herida se cura, los tejidos se regeneran. Pero del terror que los agentes del Estado grabaron a fuego en su corazón, no se recuperará en breve plazo.
La represión neoliberal-libertaria
La represión desatada en el Congreso, de la cual el relato precedente es sólo una muestra, debería no sólo plantear el repudio de los partidos políticos del arco democrático, organizaciones de la sociedad civil, instituciones y comunicadores, sino que suscita un conjunto de reflexiones en torno a la actual coyuntura histórica. No es la primera vez que un gobierno ejecuta un plan de ajuste neoliberal, a través de un ataque frontal a los ingresos populares, el desfinanciamiento del Estado (que en este momento implica su desmantelamiento…), la eliminación de políticas de promoción y protección de sectores de la industria local, y un programa de endeudamiento externo acordado con el FMI no con fines productivos, sino para alimentar el esquema de especulación y fuga de capitales en beneficio de las fracciones más concentradas del capital local e internacional. A lo largo de las últimas siete décadas de historia, el instrumento represivo se utilizó para asfixiar las protestas y demandas de los sectores damnificados por el rediseño de la estructura económica y social: la masacre de José León Suárez en 1956, el Plan Conintes durante el gobierno de Frondizi, la proscripción política durante el largo periodo 1955-1973, el reformateo profundo de la sociedad a partir de 1976 sustentado en una represión atroz sin precedentes, y los 39 muertos con que concluyó el gobierno de De la Rúa, constituyen hitos que trazan el derrotero histórico que atravesaron miles de víctimas, sacrificadas en el altar de la libertad de mercado, la desregulación de la economía, y la distribución regresiva de los ingresos. En el caso de la represión de Bullrich, hay que considerar las escenas obscenas que se pudieron apreciar gracias a la proliferación de cámaras de video: armas plantadas, policías vestidos de civil incitando a la violencia e incendiando bienes y vehículos convenientemente librados a su suerte, disparos a quemarropa con postas de goma y cartuchos de gas lacrimógeno… una funcionaria inepta aún para fraguar escenarios.
Una democracia que sangra por sus heridas
El gobierno encabezado por Javier Milei viene propinando duros golpes, no solamente a los sectores populares, cuyo destino se encuentra atado al de la suerte del mercado interno. También la institucionalidad democrática exhibe heridas preocupantes, demostrando que ninguna conquista social e histórica se sustenta por su propia justicia, sin la defensa de las mayorías. El actual gobierno asumió con la promesa de eliminar la inflación, y para ello se planteó dos estrategias: por un lado, mantener atrasado el tipo de cambio; por otro, desfinanciar al Estado congelando la obra pública, fundamental para garantizar el mantenimiento y desarrollo de la estructura productiva (obras viales e hídricas, generación y transporte de energía, comunicaciones, mantenimiento urbano, etc.). La realidad es que la inflación no descendió a tasas razonables, sino que erróneamente ponderada, oculta el incremento sustancial de los alimentos, principal bien de la canasta básica. En algún sentido, exhibir el “logro” de una inflación estabilizada con un mercado de consumo contraído es tan absurdo como estimar que la temperatura estable de un muerto es síntoma de su excelente salud. El desmantelamiento de áreas completas del Estado es también un hecho de suma gravedad, ya que han sido atacados aquellos organismos y/o programas establecidos para regular el funcionamiento del mercado, o intentar compensar las inequidades que su dinámica produce.
Hasta hace algunas semanas, no faltaban periodistas críticos que, a pesar de estas evidencias y con una asombrosa dosis de ingenuidad, se preguntaban “¿Y si sale bien?”, en relación con las estrategias recién referidas para contener el alza de precios y promover la inversión y el crecimiento. Lo que estos análisis soslayan es el hecho de que los ciclos de valorización financiera fundada en el atraso cambiario y las altas tasas de interés ofrecidas en diferentes bonos y colocaciones con la finalidad de mantener elevado el nivel de reservas en el Banco Central, encuentra su límite cuando los agentes perciben que el combustible de la bicicleta financiera se va agotando. El incógnito acuerdo con el Fondo es, de algún modo, síntoma de la debilidad del programa económico y financiero, y la bandera de largada para acelerar la fuga (ya con o sin el apoyo financiero del organismo internacional). El arsenal de problemas acumulados por esta gestión en términos sociales, productivos y financieros, tiene hoy una mecha muy corta. Cualquier evento fortuito podría detonarlo (inclusive las complicaciones legales a nivel internacional de Milei por su participación en la estafa de la criptomoneda $Libra). Como un gato acorralado, la reacción del gobierno frente a los problemas que él mismo generó consiste en desalentar toda protesta a partir de la represión o su amenaza. Esto pudo verse en los anuncios por parlantes y pantallas de las estaciones de tren el 19 de marzo, el miércoles siguiente a la represión de Bullrich y sus agentes.
Fundado en todas estas evidencias, este cronista se atreve a responder: “no, por este rumbo nada puede salir bien”
