Como egresada de la Universidad Hebrea de Jerusalén, expreso mi profunda preocupación y descontento ante la conferencia del presidente Javier Milei, el jueves 12 de junio en esta institución, bajo el título “Postales del milagro económico argentino”.
Considero que este título no solo resulta engañoso, sino que constituye una falta de respeto hacia millones de argentinas y argentinos que hoy enfrentan una situación de extrema vulnerabilidad social y económica, en buena medida como consecuencia directa de las políticas aplicadas por este gobierno.
Mientras el presidente habla de “milagros”, en Argentina se vive una realidad muy distinta:
Recortes brutales a los sectores más vulnerables
El gobierno planea vetar una ley que prevé un aumento para las jubilaciones mínimas, dejando a muchos adultos mayores con ingresos que no alcanzan para cubrir la canasta básica. Aun con ese aumento, las jubilaciones mínimas no cubren las necesidades básicas de una persona jubilada (medicamentos, comida, alquiler). Las personas con discapacidad también han sido duramente afectadas por recortes en pensiones y apoyos, lo que ha motivado movilizaciones y un reclamo urgente por una ley de emergencia.
En paralelo, el Hospital Garrahan —principal centro pediátrico del país— reclama recomposición salarial tras perder más del 50 % de su poder adquisitivo en solo seis meses. Médicas, médicos, enfermeras y equipos esenciales siguen atendiendo en condiciones críticas, con sueldos congelados.
Crisis en la educación universitaria pública
El veto a la Ley de Financiamiento Universitario generó paros y protestas en más de 60 universidades. Los presupuestos anuales se recortaron entre un 30 % y un 70 %, mientras que los salarios docentes y no docentes cayeron entre un 45 % y un 50 % en términos reales.
Desmantelamiento de políticas de género y derechos humanos
La eliminación del Ministerio de las Mujeres y el cierre de programas de prevención de violencia de género, junto con un recorte del 33 % en las partidas destinadas a combatir la desigualdad, constituyen retrocesos peligrosos. En un país donde cada 30 horas una mujer es asesinada por violencia machista, estas decisiones no son meramente administrativas: son decisiones de riesgo social.
En agosto de 2024, el gobierno dispuso la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Fundado en 1995, el INADI fue un organismo clave en la promoción de derechos humanos y en la prevención de actos discriminatorios. Su cierre implicó no solo el despido de más de 400 trabajadores, sino también la pérdida de una herramienta federal de protección ante cualquier acto de discriminación, como el antisemitismo. El INADI garantizaba el derecho a no ser discriminado, amparado por la Ley 23.592. Recibía denuncias, emitía dictámenes, capacitaba funcionarios y generaba estadísticas esenciales para diseñar políticas públicas. Su desaparición deja sin canal institucional a miles de personas vulneradas.
Caída del poder adquisitivo y distorsión de indicadores
Aunque el gobierno celebra una reducción de la inflación al 117,8 % interanual, los rubros esenciales como vivienda y alimentos aumentaron muy por encima de ese promedio. Solo los alquileres subieron un 173 % desde 2023, según el Colegio Inmobiliario de CABA. Al mismo tiempo, los salarios registrados han caído entre un 9 % y un 15,2 % en términos reales desde diciembre de 2023.
Endeudamiento y beneficios a grandes actores económicos
En mayo de 2025, la Argentina volvió a emitir deuda externa por mil millones de dólares, con una tasa del 29,5 %. Mientras tanto, se promueven exenciones fiscales a grandes patrimonios, profundizando aún más la desigualdad.
Rechazo social masivo
El pasado 4 de junio, una multitudinaria movilización frente al Congreso unió a científicos, docentes, jubilados, profesionales de la salud, personas con discapacidad y organizaciones feministas. No fue una marcha sectorial: fue un grito colectivo frente a un modelo que excluye a la mayoría para beneficiar a unos pocos.
¿De qué “milagro económico” estamos hablando?
Lo que se presenta como un “milagro” es, en realidad, un ajuste brutal que recae sobre los sectores más débiles. No hay mérito alguno en reducir el déficit fiscal a costa de las jubilaciones, la salud pública y los derechos humanos.
Este supuesto “milagro” implica, además, un retroceso cultural e institucional grave. La disolución de organismos como el INADI y el desmantelamiento de políticas de género no son simples gestos administrativos: son señales claras de un proyecto político que busca erosionar derechos conquistados, silenciar voces disidentes y debilitar los pilares de una sociedad democrática.
Como egresada de esta universidad, creo que tenemos la responsabilidad ética de señalar que no puede haber verdadero progreso económico si este se construye sobre la base de la desigualdad, la discriminación y el silenciamiento. La universidad es —y debe seguir siendo— un espacio para el pensamiento crítico, el debate informado y el respeto irrestricto por los derechos humanos. Espero que, al menos, la visita presidencial sea una oportunidad para abrir una conversación honesta sobre lo que realmente está ocurriendo en nuestro país.
