La propuesta del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, de construir una “ciudad humanitaria” sobre las ruinas de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, y trasladar allí a toda la población civil de Gaza ha suscitado críticas masivas tanto dentro de Israel como en el extranjero.
El ex primer ministro israelí Ehud Olmert afirmó que dicha ciudad constituiría un “campo de concentración”, mientras que destacados expertos israelíes en derecho internacional han advertido de que la aplicación del plan supondría una serie de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y podría conducir a una forma de genocidio.
El Wall Street Journal informó que los abogados militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comunicado al jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, que el plan sería ilegal si implicara coaccionar a los civiles palestinos para que se trasladaran a la zona e impedirles salir de ella.
¿Cuál es el plan de Katz?
En una rueda de prensa celebrada la semana pasada, Katz afirmó que había dado instrucciones al ejército israelí y al Ministerio de Defensa para que avanzaran en los planes de construir una “ciudad humanitaria” sobre las ruinas de Rafah.
Según la visión de Katz, toda la población civil de Gaza —más de dos millones de personas— acabaría confinada en esta zona. Los palestinos que entraran en la ciudad serían sometidos a controles para garantizar que los miembros de Hamás no tuvieran acceso, y no se permitiría salir a nadie, afirmó Katz. El ministro de Defensa también hizo hincapié en que su ambición era animar a los palestinos a “emigrar voluntariamente# de la Franja de Gaza a otros países.
En una reunión del gabinete de seguridad celebrada el domingo, a la que asistieron Katz, el primer ministro Benjamin Netanyahu y otros ministros y altos cargos de Defensa, se debatió la aplicación del plan. Según se informó, en la reunión, los responsables de las FDI estimaron que la construcción llevaría un año y costaría hasta 20 000 millones de NIS (5900 millones de dólares).
Según informan los medios de comunicación hebreos, Netanyahu respondió con enojo al plazo y al costo presentados por el ejército, y pidió a los responsables que presentaran una propuesta más “realista” . “Tiene que ser más breve, más barato y más práctico”, afirmó Netanyahu en la reunión, según Ynet.
Desplazamiento forzoso y derecho internacional
El Cuarto Convenio de Ginebra y el derecho internacional consuetudinario prohíben en general el “traslado forzoso masivo” y la deportación de la población civil, aunque permiten las evacuaciones por motivos de seguridad de dicha población o por “razones militares imperiosas”.
El Convenio de Ginebra también estipula que dichas evacuaciones deben ser temporales, y establece que todas las personas evacuadas deben ser trasladadas de vuelta a sus hogares “tan pronto como cesen las hostilidades en la zona en cuestión”.
Si se llevan a cabo evacuaciones, se debe proporcionar un alojamiento adecuado a la población civil, y las evacuaciones deben realizarse “en condiciones satisfactorias de higiene, salud, seguridad y nutrición”.
Además, el Estatuto de Roma, que es el documento fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), incluye “la deportación o traslado ilícitos o el confinamiento ilícito” como crímenes de guerra, y “la deportación o traslado forzoso de población” como crímenes contra la humanidad.
Israel no es signatario del Estatuto de Roma y sostiene que la CPI no tiene jurisdicción sobre sus ciudadanos. La cuestión está siendo examinada actualmente por la propia CPI, a raíz de la decisión del tribunal de emitir órdenes de detención contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant el año pasado.
Una severa advertencia
La semana pasada, 16 académicos y profesores de facultades de derecho israelíes escribieron una carta a Katz y Zamir, con copia al fiscal general y otras personas, para advertir sobre “la ilegalidad clara y explícita inherente al plan de concentrar a la población de Gaza”. Su aplicación, afirmaron, constituiría un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad.
La carta fue firmada, entre otros, por Eyal Benvenisti, antiguo miembro de la Universidad de Cambridge, que fue uno de los expertos que defendió a Israel en el caso de genocidio presentado contra él por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia.
Otros firmantes destacados fueron Yuval Shany, de la Facultad de Derecho de la Universidad Hebrea, que ha presentado escritos amicus curiae en defensa de Israel ante la CPI, así como David Kretzmer, Eliav Lieblich, Tamar Megiddo y otros.
En su carta, los expertos jurídicos señalaron que las evacuaciones previstas no se realizaban desde ninguna zona específica de hostilidades en Gaza, sino desde todo el territorio, lo que ponía en duda la “necesidad militar imperiosa” del plan. También subrayaron que no se había presentado ninguna “consideración legítima de protección o necesidad militar” que justificara el plan.
Los académicos israelíes también afirmaron que el estado de las infraestructuras en Rafah, que ha quedado prácticamente arrasada durante la guerra, es insuficiente para proporcionar las condiciones humanitarias e higiénicas mínimas incluso para las 600 000 personas que Israel pretendería reubicar inicialmente en la zona. Además, señalaron que Katz había dicho que fomentar la “emigración voluntaria” de la población de Gaza fuera del territorio era una parte específica de su plan.
Esto violaría las disposiciones de la Convención de Ginebra, según las cuales las personas evacuadas deben poder regresar a sus hogares lo antes posible. También podría socavar cualquier argumento que se esgrima para afirmar que las evacuaciones o deportaciones a la ciudad humanitaria tienen por objeto la seguridad de la población civil o son una necesidad militar imperiosa.
“En nuestra opinión, si este plan se materializara, no se trataría de una evacuación en el sentido jurídico, sino más bien del establecimiento de un campo de detención masiva, cuyo objetivo principal sería la limpieza étnica y la expulsión”, escribieron los académicos.
Afirmaron que el plan de Katz constituiría, por lo tanto, crímenes contra la humanidad de deportación o traslado forzoso, privación grave de la libertad física y persecución de un grupo identificable en virtud del Estatuto de Roma.
«Además, existe un alto riesgo de que, dadas las pésimas condiciones humanitarias en Gaza, y concretamente si se empuja a la población a una zona reducida, se materialice el delito de exterminio debido a la probable creación de condiciones de vida que conduzcan a la destrucción de parte de la población», añadieron los académicos.
Los académicos también advirtieron que la «concentración de civiles en condiciones de extrema densidad y en las condiciones humanitarias existentes» podría interpretarse como la «imposición deliberada al grupo de condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial», que es una de las definiciones de genocidio según la Convención sobre el Genocidio de 1948, de la que Israel es parte.
Y afirmaron que cualquier directiva para aplicar el plan sería «una orden manifiestamente ilegal» que debería ser rechazada.
Igualmente crítica se mostró la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, que afirmó que los planes de “reubicación” de palestinos dentro de Gaza o de deportación fuera de Gaza contra su voluntad “constituirían un crimen de guerra de traslado o deportación ilegales. Cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, también constituiría un crimen contra la humanidad”.
En declaraciones a The Guardian, el ex primer ministro Olmert describió la semana pasada la propuesta como “un campo de concentración” y argumentó que estaba diseñada para facilitar un plan de limpieza étnica de los palestinos de Gaza.
“Cuando construyen un campo donde (planean) “limpiar” más de la mitad de Gaza, entonces la interpretación inevitable de la estrategia es que no se trata de salvar 8a los palestinos). Se trata de deportarlos, empujarlos y deshacerse de ellos. Al menos, yo no le veo otra interpretación”, afirmó el ex primer ministro.
