El fascismo entre la Historia y la hermenéutica
El concepto «fascismo» puede haberse convertido en uno de esos significantes vacíos que, al desprenderse de su referente histórico específico, pueden articular las más diversas denuncias políticas contemporáneas. La trayectoria del término desde su emergencia en la Italia de entreguerras hasta su uso actual ilustra cómo los conceptos políticos se transforman a lo largo del tiempo, acumulando nuevos significados mientras pierden o modifican otros. Un concepto nacido para designar una experiencia política específica se ha convertido, a través de sucesivas reinterpretaciones, en una categoría que oscila entre la precisión analítica y la inflación retórica.
Esta transformación obedece a los usos estratégicos que diferentes actores políticos hicieron del concepto según sus intereses y circunstancias. Durante la Guerra Fría, los movimientos comunistas encontraron en la expansión del término «fascismo» una herramienta eficaz para deslegitimar tanto a sus enemigos directos como a regímenes democráticos burgueses. Paralelamente, la cultura liberal de posguerra encontró en el fascismo el símbolo perfecto del mal político absoluto, utilizándolo para consolidar un consenso democrático occidental. Esta instrumentalización ha diluido su capacidad explicativa justo cuando más necesitamos instrumentos conceptuales para comprender fenómenos políticos contemporáneos que, sin replicar exactamente las experiencias del siglo XX, presentan afinidades estructurales inquietantes con aquella matriz histórica.
Marcos interpretativos para el análisis contemporáneo
La recuperación del fascismo como herramienta analítica requiere sintetizar diferentes perspectivas académicas.
Franz Neumann, en su análisis pionero del Estado nazi (1942-1944), propuso una interpretación particularmente sugerente del nazismo como modalidad política que busca desarmar al Estado moderno: un Behemot antes que un Leviatán. Esta referencia directa a Hobbes recupera las figuras bíblicas del Libro de Job —el Leviatán como monstruo del orden y el Behemot como bestia del caos— para reinterpretarlas como modalidades del poder político moderno. Para Neumann, el nazismo operaba más como fragmentación institucional deliberada que como concentración soberana tradicional. Esta perspectiva revela la plasticidad del concepto fascista, capaz de abarcar desde el corporativismo estatista hasta la fragmentación institucional deliberada. La distinción puede ayudarnos a comprender las modalidades que asume la ultraderecha contemporánea, que parecen acercarse más al caos que describe Neumann que al control leviatánico habitualmente asociado al fascismo.
Zeev Sternhell identificó al fascismo como una «revolución conservadora» que combina nacionalismo radical con elementos revolucionarios, preservando las jerarquías tradicionales mientras moviliza a las masas para proyectos de dominación nacional.
Robert Paxton desarrolló un modelo funcionalista de cinco etapas diseñado para identificar procesos fascistas en diferentes contextos, enfatizando el papel crucial de las élites conservadoras que creen poder «domesticar» a los movimientos fascistas pero terminan siendo instrumentalizadas.
Umberto Eco, desde su experiencia en la semiología, sugirió la existencia de un Ur-fascismo, un fascismo universal identificando un conjunto de signos que trascienden contextos históricos y particularidades ideológicas. Para Eco, el fascismo no constituye una ideología coherente sino una «nebulosa» de actitudes emocionales y retóricas que pueden cristalizar en diferentes combinaciones según las circunstancias locales..
Esta perspectiva permite desarrollar un análisis de grados de fascistización que reconoce rasgos fascistas en patrones sistémicos: narrativas de decadencia nacional, fantasías de pureza étnica, destrucción de las instituciones democráticas independientes, instrumentalización del trauma colectivo, subordinación del pensamiento crítico, obsesión por el enemigo interno, y legitimación de los movimientos supremacistas por parte de las corrientes conservadoras tradicionales.
Esta aproximación fenomenológica resulta particularmente pertinente para analizar las transformaciones políticas que experimenta Israel desde la formación de la coalición Netanyahu-Ben Gvir-Smotrich. El caso israelí no constituye una réplica de los fascismos europeos del siglo XX, pero presenta una constelación específica de elementos que justifica el uso del concepto como herramienta analítica para comprender cómo procesos autoritarios contemporáneos se desarrollan dentro de marcos institucionales democráticos, utilizando crisis reales para justificar transformaciones radicales en un viraje claramente antiemancipatorio.
Una Revolución Conservadora en el Israel Contemporáneo
En el Israel actual, es posible observar la manifestación de elementos fascistas, especialmente intensificados desde la formación de la coalición Netanyahu-Ben Gvir-Smotrich en diciembre de 2022. Ya en 2018, la Ley del Estado-Nación estableció el derecho a la autodeterminación nacional solo para el pueblo judío, eliminando el árabe como idioma oficial y priorizando el «asentamiento judío» como «valor nacional». Esto cristalizó un supremacismo étnico legal, avanzando hacia una codificación constitucional de la jerarquía étnica, a pesar de la fuerte oposición.
La Reforma Judicial: Núcleo de la Transformación Autoritaria
La intensificación autoritaria se manifiesta decisivamente con la reforma judicial propuesta en enero de 2023 por Yariv Levin. Esta reforma es central para transformar el Estado israelí, buscando eliminar la independencia del poder judicial respecto al ejecutivo/legislativo, lo que representa un cambio de régimen. Sus componentes incluyen la eliminación del «criterio de razonabilidad» para anular decisiones gubernamentales, el control gubernamental directo sobre la selección de jueces, y la subordinación del fiscal general al ejecutivo. Estas no son solo modificaciones técnicas, sino una ingeniería institucional para crear un Estado sin mediaciones liberales.
La reforma es clave porque el poder judicial ha sido un obstáculo para la expansión territorial ilimitada y la codificación legal del supremacismo étnico. La Corte Suprema, a pesar de sus limitaciones, ha controlado políticas extremas de asentamientos, protegido derechos de minorías y preservado espacios democráticos. También sostiene principios constitucionales de libertad e igualdad, que contradicen el proyecto «sectocrático» de la coalición. Eliminar estos controles es la condición para el proyecto supremacista, permitiendo la anexión de Cisjordania, expulsiones masivas de palestinos, eliminación de derechos laborales y sociales, y una reestructuración estatal basada en criterios étnicos y religiosos. La reforma judicial es la llave al autoritarismo pleno.
El Proyecto de Ben Gvir: Paramilitarización y Persecución del Enemigo Interno
Por primera vez, figuras y corrientes supremacistas judías ocupan ministerios clave. Itamar Ben Gvir controla el Ministerio de Seguridad Nacional, y Smotrich maneja políticas en Cisjordania, dándoles un control sin precedentes sobre la seguridad interna y las políticas hacia los palestinos. Sus políticas no encuentran oposición en el Likud, que a menudo compite en retórica supremacista.
Las acciones del kahanista Ben Gvir exhiben rasgos fascistas, especialmente en la persecución del «enemigo interno». Ha politizado la policía, reprimiendo activistas en protestas de 2023, mientras la acción policial contra la violencia de colonos disminuía. La relajación de restricciones sobre la posesión de armas y la promoción de guardias vecinales armadas en asentamientos crean milicias paramilitares fuera del control estatal. Sus declaraciones tachan de «terroristas» a quienes «cantan, apoyan y distribuyen dulces» en referencia a Hamás, expandiendo peligrosamente la definición de enemigo interno para incluir cualquier solidaridad con víctimas palestinas.
La Guerra Económica de Smotrich: Colapso Financiero como Arma Política
Smotrich ha instrumentalizado su control económico para perseguir enemigos políticos. En respuesta a sanciones occidentales en junio de 2025, canceló exenciones bancarias que permiten operar a bancos palestinos, usando el colapso económico como arma. Su estrategia incluye congelar transferencias de ingresos fiscales a la Autoridad Palestina y amenazar con no renovar exenciones para bancos israelíes que operan con bancos bajo control palestino, lo que colapsaría el sistema financiero palestino en Cisjordania. Sus declaraciones niegan la identidad palestina, deshumanizándolos para facilitar la persecución sistemática. La nueva Administración de Asentamientos bajo su control le permite determinar construcciones palestinas «ilegales» y expropiar tierras, convirtiendo decisiones administrativas en instrumentos de persecución étnica.
Estado de Excepción y Estado de Guerra
El 7 de octubre de 2023 se ha usado como justificación para acelerar reformas previas, siguiendo la instrumentalización fascista de las crisis. La reforma judicial de Levin ya era central antes del ataque, pero las protestas masivas de 2023 habían frenado su avance. El «estado de emergencia» post-ataque ha creado una paradoja: la guerra generó de facto el estado de excepción que la reforma judicial buscaba institucionalizar de jure. Medidas de emergencia, como restricciones a medios y expansión de detenciones administrativas, materializaron objetivos de la reforma, posponiendo su necesidad inmediata al crear condiciones autoritarias.
Esto revela una tensión estratégica: ¿institucionalizar el autoritarismo con reformas permanentes, o mantener un estado de excepción indefinido justificado por la guerra? Ben Gvir usó la crisis para expandir la distribución de armas a civiles y milicias «populares» bajo control político, mientras Smotrich congeló transferencias a la Autoridad Palestina y avanzó en la anexión económica de facto de Cisjordania. Sin embargo, estas medidas temporales podrían requerir su codificación legal permanente. La guerra demostró la centralidad y contingencia de la reforma judicial: reveló lo que el gobierno logra sin controles, y que ciertos objetivos autoritarios se alcanzan temporalmente por estados de excepción sin transformaciones legales formales.
El Control del Discurso: Monopolización de la Narrativa Nacional
El fracaso gubernamental el 7 de octubre impulsó el control del discurso para eludir responsabilidades e instalar sospecha contra el «enemigo interno» y el «deep state» israelí. Sectores afines al gobierno persiguieron a familias de secuestrados israelíes que pedían su retorno, tildándolas de enemigas por contradecir la estrategia oficial. Simultáneamente, impulsaron una campaña para evitar una Comisión Nacional Investigadora, alegando que no sería objetiva al estar formada por miembros del «deep state» (jueces y militares).
El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi (Likud), ha buscado monopolizar la narrativa, cerrando Al Jazeera en Israel y Cisjordania por «seguridad nacional», y hostigando a Haaretz, el principal diario liberal. Su estrategia incluye agregar el Canal 14, pro-coalición, a la televisión terrestre exento de tarifas, mientras Kan (la televisión pública, crítica) enfrenta severas restricciones presupuestarias.
Reconfiguración Permanente del Estado
La coalición no busca solo ganar elecciones, sino reconfigurar permanentemente el Estado israelí. Esto incluye la reescritura de libros de texto, eliminación de políticas de igualdad de género, y reestructuración total del sistema judicial. Karhi propuso eliminar organismos reguladores de medios y crear uno de nueve miembros, mayoritariamente políticos. También acusó al personal de Haaretz de «propaganda anti-israelí» y calificó a la academia israelí de «triste broma» cuando presidentes universitarios critican al gobierno.
La intensificación autoritaria no se limita al control mediático y la reconfiguración institucional, sino que manipula el proceso electoral. Aviad Hominer-Rosenblum documenta estrategias autoritarias para vaciar de contenido la participación democrática, especialmente contra ciudadanos palestinos. El caso de Aymen Huda, expulsado de la Knesset en julio de 2023 por «apoyo al terrorismo» tras visitar familias palestinas y expresar solidaridad con presos políticos, es emblemático. La arbitrariedad de estas acusaciones, que expanden la definición de «terrorismo», sienta un precedente alarmante para futuras descalificaciones masivas de candidatos árabes. Proyectos de ley buscan «bajar el umbral de evidencias para la descalificación», permitiendo la exclusión electoral por «una declaración única de apoyo a incidentes aislados».
Lo revelador del caso Huda fue la complicidad de la oposición liberal, que se sumó a la persecución, a pesar de presentarse como defensora de la democracia. Esto ilustra cómo el proyecto supremacista opera bajo la consigna de «sin Tribunal Supremo, sin B’Tselem y sin ciudadanos palestinos». La oposición liberal está dispuesta a sacrificar derechos políticos palestinos si desafían el consenso sionista. Estos precedentes preparan el camino para la manipulación electoral, desde la descalificación de candidatos hasta el control de comisiones electorales. La expulsión de Huda es un ensayo para vaciar de contenido la ciudadanía árabe israelí, asegurando que no se repitan coaliciones como la de Oslo o la Lista Conjunta.
Esta constelación de elementos configura un proceso autoritario con afinidades estructurales a los fascismos del siglo XX. La monopolización de la información busca presentar el 7 de octubre como justificación retrospectiva para políticas autoritarias preexistentes, silenciando voces críticas.
El Foro Kohelet: Emergente Ideológico de la Revolución Conservadora
En los últimos años, el Foro Kohelet se ha convertido en una referencia clave para entender la transformación autoritaria del Estado israelí. Opera como un think tank ideológico de la revolución conservadora israelí, con gran afinidad con el gobierno actual. Fundado en 2012 por Moshe Koppel y financiado por Arthur Dantchik, su agenda coincide con los intereses de la coalición Netanyahu-Ben Gvir-Smotrich. Documentos del Ministerio de Justicia revelan que Yariv Levin se reunió al menos once veces con líderes de Kohelet desde que el gobierno asumió el poder, incluyendo una reunión «pocas horas después» de que Levin presentara su plan de reforma judicial. Un miembro del Likud admitió que el partido no discutió internamente los proyectos de ley de reforma judicial «suministrados por Kohelet antes de tramitarlos rápidamente en el parlamento», mostrando la adopción sin crítica de sus ideas.
Lo más significativo de Kohelet es su síntesis ideológica: libertarianismo económico, nacionalismo étnico y conservadurismo religioso. Esta «alquimia» encarna la «revolución conservadora» de Sternhell, una transformación radical para consolidar nuevas jerarquías. El Estado se reduce en áreas de redistribución y protección de derechos, pero se fortalece en dominación y expansión. La estrategia de Kohelet presenta esta síntesis como coherente: el «Estado mínimo» libertario coincide con la eliminación de protecciones para palestinos y trabajadores, mientras el «Estado fuerte» nacionalista coincide con la expansión de asentamientos y aparatos represivos. El discurso libertario enmascara un proyecto revanchista, donde la «reducción del Estado» justifica la eliminación de protecciones a palestinos y la «democracia representativa» legitima la subordinación judicial para futuras anexiones.
La Reforma Judicial como Proyecto Central de Kohelet
Más allá de proponer las líneas generales, Kohelet ha operado directamente en la reforma judicial. Sus representantes participan en negociaciones, con su asesor legal Aviad Bakshi autoproclamándose «arquitecto principal». Para Kohelet, la subordinación judicial es la condición para todos sus objetivos: sin controles judiciales, pueden proceder con privatizaciones masivas, eliminación de protecciones laborales, subordinación educativa a criterios ideológicos, y codificación legal del supremacismo étnico.
Documentos internos de Kohelet revelan que la organización ve la reforma judicial como una «ventana de oportunidad histórica» para transformar Israel de manera irreversible. No es solo modificar el equilibrio de poderes, sino crear un nuevo tipo de Estado donde el ejecutivo, controlado por la coalición supremacista, opere sin mediación institucional o control democrático. Kohelet ha presentado la destrucción del poder judicial como «democratización», argumentando que jueces no electos no pueden limitar la voluntad de las mayorías parlamentarias. Este argumento técnico-democrático encubre el objetivo real: un régimen sin controles constitucionales donde el 51% elimine derechos del 49%, y «mayorías» judías codifiquen legalmente la subordinación de minorías palestinas. En educación, reescribió libros de texto cívicos, eliminando secciones de historia palestina y enfatizando valores judíos sobre democráticos. En economía, promueve una agenda ultraliberal con privatizaciones masivas, eliminación de regulaciones laborales y reestructuración estatal en función del mercado.
De Oslo a Gaza: La Herida Fundacional del Supremacismo
Un fantasma recorre Israel desde hace dos décadas: la imagen de una joven arrastrada por la policía durante la Desconexión de Gaza de 2005. Con una camiseta naranja que decía «Un judío no expulsa a otro judío», su detención administrativa simbolizó un sentimiento de traición que redefiniría la política israelí. Aunque la detención administrativa se aplica sistemáticamente a miles de palestinos y activistas de izquierda, esta imagen cristalizó un profundo resentimiento en miles de israelíes.
Para entender este trauma, es crucial analizar la narrativa de resentimiento contra el «establishment» israelí. Tiene dos momentos fundacionales: los Acuerdos de Oslo (1993) y la Desconexión de Gaza (2005). Oslo fue la primera «puñalada por la espalda» al proyecto del Gran Israel para la derecha radical, culminando en el asesinato de Yitzhak Rabin en 1995. Sin embargo, la Desconexión de Gaza fue el trauma catalizador. Para colonos y aliados, demostró que el Estado liberal israelí podía «traicionar» el proyecto nacional judío. La evacuación reveló que instituciones democráticas (Corte Suprema, burocracia) y la presión internacional podían limitar la expansión territorial, una posibilidad intolerable para quienes ven la dominación territorial como mandato divino. También evidenció que el ejército podía reprimir su propio proyecto colonial. De ahí que el discurso supremacista combine belicismo radical con sospecha sobre la «lealtad nacional» de los mandos militares.
La Voz del Trauma: Meir Rubin como Símbolo de la Revancha Institucional
Esta narrativa, a menudo ignorada por observadores externos, oculta una matriz emocional que alimentó décadas de resentimiento: la convicción de que el Estado liberal israelí puede «traicionar» a los judíos verdaderamente comprometidos con el proyecto nacional. El fantasma de la joven de la camiseta naranja se ha convertido en el mito fundacional de una nueva derecha israelí que presenta la eliminación de controles democráticos como reparación histórica, la subordinación judicial como justicia restaurativa, y la supremacía étnica como autodefensa nacional. Es el rostro humanizado de una revolución que promete reencauzar Israel hacia su destino manifiesto, destruyendo las instituciones que representan barreras para la plena realización del sueño supremacista, que requiere un estado de excepción permanente acorde al momento mesiánico.
Meir Rubin, CEO del Instituto Kohelet y arquitecto intelectual de la reforma judicial, encarna la transformación del trauma personal en un proyecto político totalitario. En el programa «Tiempo Real», defendiendo las reformas, Rubin reveló: «No hay nada que me dé más miedo que el gobierno. El gobierno de Israel es el que destruyó el hogar legal de mi familia y la arrancó y desarraigó del lugar donde vivía. Una vez en Yamit, una segunda vez en Gush Katif». Esta lógica se ha vuelto común entre defensores del «golpe judicial», que preguntan «¿Dónde estaban ustedes durante la Desconexión?» para justificar su autoritarismo.
La biografía de Rubin ilustra cómo el resentimiento personal alimenta la destrucción institucional: evacuado del Sinaí (años 80) y de Gaza (2005), ahora dirige la organización que diseñó reformas para subordinar el poder judicial que hizo posibles esas evacuaciones. La paradoja es reveladora: dice «temer al gobierno» mientras lidera un proyecto para crear un gobierno sin controles independientes, ejemplificando el análisis de Neumann sobre el «Behemot» fascista que busca fragmentar instituciones que limitan el poder supremacista. Para Rubin y Kohelet, la reforma judicial no es técnica, sino una misión de venganza histórica: destruir la institución que «traicionó» el proyecto del Gran Israel. Cada componente de la reforma responde a decisiones judiciales pasadas que limitaron la expansión colonial.
La reforma judicial sintetiza un trauma grupal y un proyecto político totalitario. Utiliza el lenguaje técnico de «eficiencia gubernamental» y «democracia representativa» para enmascarar una revancha que busca impedir que el poder judicial interfiera con el proyecto supremacista. El trauma de 2005 cataliza resentimientos históricos más profundos: la marginación mizrahí por élites ashkenazíes, el resentimiento religioso contra el secularismo, y los intereses ultraortodoxos. Cada componente se siente víctima de las mismas élites liberales, creando una alianza donde la destrucción institucional se disfraza de «reforma judicial», el resentimiento social de «democracia representativa», y la supremacía étnica de «retorno a valores tradicionales».
Kohelet surge como respuesta organizacional a este trauma colectivo, obsesionado con subordinar el poder judicial al control gubernamental. La reforma judicial es el núcleo de su proyecto autoritario: eliminar el «criterio de razonabilidad» para cuestionar decisiones irracionales, someter la selección de jueces al ejecutivo, y subordinar al Fiscal General para eliminar investigaciones independientes. Cada elemento de la reforma responde a una lógica de revancha institucional: el criterio de razonabilidad limitó asentamientos extremos; la independencia del Fiscal General permitió investigar corrupción; la selección judicial independiente mantuvo la autonomía de las cortes. Eliminar estos mecanismos no busca «mejorar» la democracia, sino crear un régimen sin controles donde el proyecto supremacista se despliegue sin obstáculos legales o institucionales.
La Revancha del Behemot
El caso israelí revela cómo los rasgos fascistas contemporáneos operan en los intersticios de los traumas colectivos y la manipulación de la memoria para transformar resentimientos en una promesa imaginaria de restauración. Esto es parte de una ultraderecha global que explota heridas históricas y miedos colectivos. El discurso técnico enmascara una revancha contra el Estado, buscando transformar Israel en una sociedad behemótica, caótica y sin garantías.
El recrudecimiento autoritario en Israel muestra cómo los modelos autoritarios globales se adaptan a un conflicto territorial y traumas históricos reales. Sin embargo, comprender esto abre oportunidades para la resistencia. La revolución conservadora de Kohelet, paradójicamente, traiciona el sionismo histórico: mientras el sionismo clásico buscaba un Estado judío moderno liberal, el proyecto supremacista actual aspira al caos institucional permanente, a un estado de excepción perpetuo para su utopía mesiánica.
La resistencia efectiva debe comprender los miedos y dolores que la ultraderecha instrumentaliza: inseguridad existencial, traumas de evacuación, fragmentación social. No se trata de legitimar respuestas autoritarias, sino de ofrecer alternativas que respondan a esas heridas sin destruir instituciones democráticas. El caos behemótico se detiene no con nostalgia liberal, sino construyendo coaliciones que incluyan a todos los sectores amenazados: trabajadores, mujeres, palestinos, judíos laicos, incluso sectores religiosos y tradicionalistas relegados por élites liberales, que hoy descubren que el proyecto supremacista no los representa.
Es urgente reconocer que el tiempo de las mediaciones institucionales liberales se agota. Defender la democracia en Israel requiere construir una mayoría política que trascienda divisiones étnicas y ofrezca una visión alternativa de seguridad, dignidad y pertenencia, una que no necesite un estado de excepción para sobrevivir, ni la subordinación del Otro para definirse.
Foto principal: Carteles en manifestación contra el plan de Desconexión de Gaza (2005)
