En la noche del 20 de noviembre de 1975, un compungido Carlos Arias Navarro, último presidente del gobierno designado por Francisco Franco, transmitía lacónicamente a la nación ibérica: «Españoles, Franco ha muerto». Los restos del Generalísimo fueron llevados al Valle de los Caídos, monumental edificación a las afueras de Madrid, construida por prisioneros de guerra y presos políticos del franquismo. Recién en octubre de 2019 el féretro de Franco fue extraído de la catedral del Valle de los Caídos y enterrado en un cementerio de Madrid junto a su esposa, Carmen Polo.
Sin duda, el militar de origen gallego determinó entre 1939 y 1975 la política de su nación. Pero más de cuatro décadas después de su muerte, el franquismo sigue siendo determinante en ciertos aspectos de la política local.
De la Transición a la democracia: pactos, silencios y continuidad del poder
Durante las primeras décadas de dictadura, Franco utilizó y asumió los principios de la Falange como propios. Esta versión local del fascismo, creada por José Antonio Primo de Rivera, estaba más ligada al pensamiento mussoliniano que a los postulados del nazismo alemán. Hacia finales de los años cincuenta, fueron apartados de los cargos de gobierno los falangistas, y el régimen se nutrió de cuadros del Opus Dei. Estos impulsaron una modernización económica del país, mientras que la vida cultural, social y política seguía regida por los principios nacional-católicos de la Falange.
Recién hacia finales de los años sesenta el régimen franquista comenzó a relajar paulatinamente sus atávicas costumbres de la primera posguerra.
La muerte de Franco y la ya planeada sucesión, en la que Juan Carlos I de Borbón asumió la Jefatura del Estado, hicieron pensar que, como había dicho el Generalísimo, «todo estaba atado y bien atado». Sin embargo, la designación de Adolfo Suárez como sucesor de Arias Navarro en la Presidencia del Gobierno habilitó el camino para acercar a España a la modernidad europea de finales de los años setenta. Suárez, exfuncionario del Movimiento Nacional, tuvo el acierto de legalizar al principal partido de la oposición antifranquista, el Partido Comunista. Este paso posibilitó la firma de los Pactos de la Moncloa, que cimentaron la transición española a la democracia. En esos acuerdos se decidió transformar la estructura dictatorial del Estado en un Estado de derecho. La Ley de Amnistía de 1977 posibilitó, por un lado, la salida de prisión de los opositores antifranquistas, pero también sirvió para blanquear y asegurar la permanencia en diferentes partes del aparato estatal de las élites y grupos que habían apoyado el franquismo. El PCE, fuerza clave del antifranquismo y artífice de la transición, fue perdiendo apoyos en la sociedad y hoy solo perdura como parte de una coalición de izquierdas.
En España se fue consolidando un sistema bipartidista entre los herederos del régimen (antes Alianza Popular, hoy Partido Popular) y una oposición medianamente progresista, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español). El acceso al poder de este último partido en 1982 significó la definitiva modernización del país. La integración en la Unión Europea y la OTAN llevadas a cabo durante los gobiernos del PSOE, así como la reconversión de ciertos sectores de la industria pesada, determinaron la evolución del país hasta mediados de los noventa.
Mientras España se modernizaba, persistían las sombras del pasado. La «guerra sucia» contra el separatismo vasco o la existencia de institutos correccionales para mujeres solteras hasta mediados de los ochenta demostraban que el espíritu franquista no se había disuelto. Si bien partidos ultraderechistas como Falange o Fuerza Nueva perdieron peso en las Cortes, en el Poder Judicial sobrevivió buena parte del aparato franquista. En la administración del Estado continuaron los hechos de corrupción del régimen anterior, con la única diferencia de que, debido al régimen de autonomías instalado en los años ochenta, hubo más fuerzas políticas que se beneficiaron. Así, Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003, era conocido como «Mr. 3%», por el porcentaje que supuestamente recibía de la obra pública. Los nacionalismos catalán y vasco fueron negociando su apoyo a los grandes partidos nacionales a cambio de mayor autogobierno.
Herencias del franquismo y tensiones del presente democrático
Este sistema funcionó con relativa estabilidad hasta la crisis financiera de 2008. El estallido de la burbuja inmobiliaria, que había intentado transformar al país en un paraíso vacacional europeo, se quebró cuando llegaron las exigencias de la UE y el Banco Central Europeo de modificar el sistema de reparto de fondos, que hasta ese momento aceitaba las relaciones entre las distintas fuerzas políticas.
La crisis económica fue el detonante de un terremoto político que transformó el sistema de partidos. Mientras el nacionalismo catalán conservador acentuaba su perfil independentista, que desembocó en la efímera declaración de independencia de 2017, en Madrid los «indignados» se reunían en la Puerta del Sol y daban origen a Podemos y, luego, a Sumar. En medio del desconcierto catalán nació Ciudadanos, una fuerza supuestamente liberal y equidistante del PSOE y del PP, pero de escaso recorrido electoral.
La reacción del gobierno central al intento independentista catalán demostró la persistencia de élites retrógradas en el aparato estatal. El Tribunal Supremo condenó a varios políticos independentistas por sedición y malversación de fondos públicos. El actual gobierno de Pedro Sánchez, mediante indultos y una ley de amnistía (aún resistida por la judicatura), logró descomprimir esta crisis.
Todo esto ocurre en un país donde miles de víctimas del franquismo yacen sin identificar en cunetas y fosas comunes, donde muchos represaliados no han sido reconocidos como opositores democráticos, y donde aún existen calles y avenidas con nombres de figuras del franquismo. Recién en 2007 el gobierno de Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica, que reconoce derechos a quienes sufrieron persecución durante la Guerra Civil y la dictadura, promueve la retirada de símbolos franquistas y fomenta el conocimiento de la historia democrática de España.
A pesar de esta legislación, subsisten bares temáticos de exaltación del franquismo, algo impensable en otros países.
Mientras gran parte de la sociedad ha avanzado en derechos sociales y de género, amplios sectores siguen aferrados a la nostalgia franquista. Su expresión política es VOX, aunque también hay reivindicadores del franquismo en el PP. Santiago Abascal, líder de VOX, fue diputado del PP en el Parlamento Vasco. Su representación en el Parlamento Europeo quiso exhibir, a partir del 18 de julio de 2025, una muestra sobre el Valle de los Caídos en la que se afirmaba que los presos que lo construyeron eran voluntarios que cobraban lo mismo que los obreros libres.
Ese mismo partido, aliado del presidente argentino Javier Milei, promueve un discurso antinmigración que incluye la repatriación de inmigrantes legales que no se hayan «integrado». En el plano extraparlamentario actúan grupos neonazis responsables de agresiones contra minorías étnicas, sociales y sexuales.
Más allá del apoyo parlamentario, los intolerantes cuentan con la tolerancia de sectores de las Fuerzas de Seguridad del Estado (como en las manifestaciones violentas frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz en el invierno pasado) y con la complicidad de parte de la judicatura, que ha emprendido un proceso de acoso a la coalición de gobierno (PSOE y Sumar, con apoyos nacionalistas vascos, catalanes, gallegos y de Podemos). El llamado al «lawfare» fue formulado por el expresidente José María Aznar cuando, tras las elecciones del 23 de julio de 2023, el PP no logró formar gobierno al querer incluir a VOX, lo que fue rechazado por los partidos nacionalistas. Aznar declaró: «El que pueda hacer, que haga», legitimando el acoso judicial y mediático.
A cinco décadas de la muerte del Caudillo, un franquismo sociológico sigue influyendo en ciertos sectores de la sociedad.
