Hay momentos y lugares que ponen a prueba nuestra integridad moral. Durante las décadas de 1970 y 1980, la comunidad judía de Chile enfrentó tal dilema.
Todo comenzó el 4 de septiembre de 1970 con una multitud jubilosa en las calles de Santiago, cuando Salvador Allende saludaba al pueblo tras su triunfo electoral. Era la primera vez en la historia mundial que un socialista había sido elegido presidente en elecciones democráticas, sorprendiendo felizmente a muchos y alarmando a otros, a nivel internacional y nacional.
Entre la multitud que aplaudía el discurso de Allende estaba Claudia Chaimovich, entonces estudiante de derecho. Ella recuerda ese día como “uno de los momentos más felices de mi vida”.[i] En las frecuentes marchas que se organizaron durante los tres años siguientes para mostrar apoyo al gobierno de la Unidad Popular (UP) de Allende, “caminé por las calles sintiendo que esas calles eran mías, rebosantes de felicidad. Creía que el cambio estaba a mi alcance y que la felicidad había llegado para todos. Todos podrían estudiar, tener casa propia, disfrutar de la vida con sus familias. El aire que respirábamos se sentía diferente”.
No obstante, la sociedad chilena en su conjunto estaba polarizada, y la comunidad judía reflejaba esa polarización.
La hermana mayor de Claudia no compartía su alegría. Hacía las valijas para unirse al caudal de judíos que abandonaban el país. Ni el medio litro de leche que mejoró la nutrición infantil, ni la editorial estatal Quimantú que hizo la literatura accesible a todos, ni ninguna otra nueva reforma la impresionaron. Temía que el gobierno de la UP expropiara la fábrica de jeans Wrangler de su marido y que la vida se volviera insoportable.
En efecto, varias industrias fueron nacionalizadas, sobre todo las gigantes estadounidenses de la minería del cobre Anaconda y Kennicott, con aprobación unánime del Congreso chileno en 1971. La mayoría de los chilenos de todos los partidos había llegado a un consenso sobre el derecho de su país a controlar y beneficiarse de sus recursos naturales. Fue un proceso que comenzó en 1967 bajo un presidente demócrata cristiano, mucho antes de que Allende asumiera el cargo.
Fuerzas políticas poderosas, dentro y fuera de Chile, no estaban dispuestas a aceptar a un gobierno socialista con los brazos cruzados. Estados Unidos ya comenzaba a tomar medidas para desestabilizar al nuevo gobierno cuando, un mes después de la elección de Allende, la CIA respaldó el asesinato de René Schneider, comandante en jefe del Ejército, quien prometía apoyar al gobierno constitucional.
Las hermanas Chaimovich y su hermano fueron criados por un padre y una madre inmigrantes que les imbuyeron de una profunda conciencia de la identidad judía. La democracia, la libertad, la ética y la justicia eran valores transmitidos por su familia que Claudia asociaba con ser judía. Y cuando ella nació, en 1947, el duelo de sus padres por parientes asesinados en la Shoá seguía marcando intensamente sus vidas.
Los mismos valores e historia llevaron a muchos judíos a poblar la izquierda chilena, algunos después de pasar sus años formativos en el movimiento scout Hashomer Hatzair. Allende hizo una parada de campaña en la sede (ken) de Hashomer Hatzair, donde jóvenes se ofrecieron con entusiasmo como voluntarios para su campaña.
Por lo menos 20 personas de origen judío desempeñaron cargos relevantes en el gobierno de Allende; nunca antes hubo participación judía tan destacada en un gobierno de Chile. La tía de Claudia, Dora Guralnik, dirigió el programa gubernamental Grupos Básicos de Salud que envió jóvenes profesionales a distritos industriales con sillones dentales portátiles para resolver los problemas odontológicos de los trabajadores.
Mil días después, la democracia y la dignidad humana de Chile se hundieron en las profundidades de un abismo donde permaneció durante casi dos décadas.
Golpe
Nada preparó a los chilenos para la ferocidad y las dimensiones del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Desde un puente peatonal arqueado sobre el río Mapocho, Claudia observó cómo los aviones bombardeaban el edificio presidencial de La Moneda, a un kilómetro y medio de distancia. “El pánico me invadió”, afirma.
Al final del primer día de dictadura, el saldo era desolador: el presidente Allende estaba muerto, el Congreso cerrado, los ministros del gabinete, gobernadores, congresistas y la mayoría de los empleados públicos arrestados, partidos políticos y sindicatos prohibidos, detenciones masivas indiscriminadas y redadas en viviendas de zonas populares, universidades, lugares de trabajo a lo largo de Chile. Durante los diecisiete años siguientes, más de 2.200 personas serían ejecutadas sumariamente, 1.469 fueron secuestrados y desaparecidos para siempre, 40.000 serían torturados, 200.000 se verían obligados a exiliarse y miles más serían despedidos de sus lugares de trabajo y expulsados de las universidades.
En la ciudad de Calama, en el desierto del norte, el hijo de su tía Dora, Carlos Berger*, director de comunicaciones de la mina de cobre nacionalizada Chuquicamata, fue detenido junto con decenas más. En una audiencia apresurada, un consejo de guerra lo condenó a 60 días de prisión. Pero la tarde del 19 de octubre, Carlos y otros 25 detenidos fueron sacados de la cárcel y llevados a un lugar desconocido. Décadas más tarde, salió a la luz que el grupo de prisioneros había sido llevado a las afueras de la ciudad y masacrado; sus cuerpos habían sido ocultados. Los llantos de su tía y su madre, doblándose en desconsuelo al saber lo que le había pasado a Carlos, traspasaron el alma de Claudia.
Cinco meses después, una patrulla militar vino a buscar a Claudia. No estaba en casa, y un convento la acogió. Que su trabajo de asistente jurídico para el gobierno de la coalición política de la Unidad Popular (UP) y su limitada participación política merecieran encarcelamiento y la obligaran a huir del país todavía la asombra. «En Europa se perseguía principalmente a los judíos, pero aquí cualquiera podía ser un blanco», recuerda Claudia.
Salvar vidas
El arzobispo católico Raúl Silva Henríquez era un sacerdote políticamente conservador. No se contaba entre los adherentes de la teología de la liberación que apoyaban incondicionalmente a Allende. Sin embargo, los horrores que presenció en los primeros días y semanas después del golpe lo impulsaron a salvar vidas. Convocó a un grupo interreligioso -entre ellos el rabino Angel Kreiman[ii]– que había intentado abrir canales de diálogo en los meses previos al golpe, para crear el Comité Pro Paz. Así surgió un movimiento extraordinario que no se replicó en otras partes de América Latina bajo gobiernos autoritarios. El Comité Pro Paz, seguido tres años más tarde por la Vicaría de la Solidaridad, fue el primero de varios organismos de defensa a los derechos humanos que funcionaron abiertamente durante la dictadura.
Al igual que los rescatistas de judíos en la Europa bajo la ocupación nazi, no solo individuos sino también redes políticas y cristianas se arriesgaron para proteger a los perseguidos. Surgieron nuevas organizaciones, con financiamiento internacional, que atendieron todo tipo de necesidades apremiantes.
La psicóloga Elizabeth Lira, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile 2017, ha dicho: “No todos los que trabajaban en estas oficinas de protección de derechos humanos se identificaban con las ideas políticas de los perseguidos, pero no podían permitir que las personas fueran perseguidas por esas ideas. Motivados por la noción de una humanidad compartida, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para proteger a las personas”.[iii]
En casi todas las instituciones que surgieron para proteger vidas, los equipos humanos incluían judíos. Cuando regresó a Chile en 1979, Claudia se incorporó al departamento jurídico de la Vicaría. Desde las primeras semanas después del golpe, los abogados presentaban recursos de amparo. Entre 1973 y 1987, los tribunales denegaron 5.000 recursos y aceptaron sólo diez. Sin desanimarse, el director del departamento jurídico, Roberto Garretón, les instruyó a seguir presentando peticiones de hábeas corpus. Quizás la próxima sea aceptada, les decía. “Nunca dejó de creer que la justicia era posible. Eso me hizo creer también”, dice Claudia. Quince años después, ya en transición hacia la democracia, su optimismo se vio confirmado cuando los abogados empezaron a ganar casos por crímenes de lesa humanidad basados en los primeros recursos de amparo y la documentación recopilada durante la dictadura.
La capacidad de Garretón para transmitir optimismo, sumada a la contención emocional que impregnaba a la institución le dio fuerza a Claudia y al resto del equipo para soportar lo que, a veces, era un trabajo altamente peligroso. Los funcionarios de la Vicaría y de otras agencias de derechos humanos fueron acosados, arrestados e incluso asesinados. “Yo era una persona muy miedosa pero apenas abría la puerta para entrar a la Vicaría me sentía inmensamente protegida y cuidada. Era como entrar en un templo judío, donde te envolvía el amor y la tranquilidad. No recuerdo ningún otro lugar donde me haya sentido tan a gusto”.
Además, añade Claudia: “En la Vicaría era un plus ser judío. Uno era visto como parte de un pueblo perseguido, alguien sensible a la opresión. Ser judío en este país puede resultar angustioso. Fue la única vez en mi vida que sentí orgullo de ser judía en Chile”.
Acatar la ley que sea
Cuando Claudia estuvo en peligro, su padre, un respetado farmacéutico, recurrió al liderazgo de la comunidad judía. Un amigo abogado, que se había convertido en fiscal del régimen militar, comentó: “Esto le pasa por mezclarse con esos comunistas”. Otro líder judío preguntó por qué Claudia tenía un novio que no era judío. Un tercero señaló que nunca la había visto en el Estadio Maccabi, el centro cultural y recreativo judío de Santiago.
Mientras numerosos judíos, de forma individual, participaban en diversas instancias de resistencia a la dictadura y de protección a las personas perseguidas, las instituciones de la comunidad judía habían tomado un rumbo diferente. Fundaciones cristianas internacionales movilizaron apoyo para crear y sostener organizaciones de defensa de los derechos humanos[iv] Sin embargo, la respuesta judía a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos no siempre priorizaba el principio de pikuaj nefesh (salvar vidas).
Tres semanas después del golpe, La Palabra Israelita (el periódico de la comunidad judía chilena), publicó en primera plana una foto de Augusto Pinochet, con sus “saludos a la Honorable Junta de Gobierno” y su “Sr. Presidente”. El comité representativo de la colectividad judía llamó a la comunidad a donar dinero y objetos de valor a un fondo de reconstrucción nacional, campaña lanzada por la esposa del dictador. A partir de 1974, y cada año posterior, un miembro de la Junta Militar asistía a los servicios de Iom Kipur a mediodía para escuchar la oración por la nación.
Desde los primeros días de la dictadura y durante toda su prolongada duración, las instituciones judías chilenas y su dirigencia, reiteraron su apoyo al dictador. Se ha especulado que fuese un ejemplo extremo de dina d’maljuta dina -de acatar incondicionalmente la ley del país- para lograr la seguridad de la comunidad.
Fuera de Chile, el rabino Morton Rosenthal de la Liga Antidifamación y Jacob Kaplan, el Gran Rabino de Francia, brindaron un importante apoyo a casos individuales. En el interior del país, las instituciones judías autorizaron al único rabino, Angel Kreiman, a formar parte del Comité Pro Paz para mantener buenas relaciones con la Iglesia Católica. Sin embargo, cuando su participación comprometió las relaciones con la Junta Militar, lo frenaron, dictando a quién podía luchar para salvar y a quién dejar a la merced de los verdugos.
En los días posteriores al golpe, el embajador israelí Moshe Tov ignoró las críticas de los líderes judíos y dio refugio a perseguidos en la embajada, igual que la mayoría de las demás misiones diplomáticas. Sin embargo, unos años después, el mismo diplomático desempeñó un papel decisivo en la negociación de las relaciones exteriores chileno-israelíes. En un momento en que los Estados Unidos había cortado la ayuda militar a Chile, Israel se convirtió en su principal proveedor militar y aliado en las Naciones Unidas. Israel se abstuvo o votó en contra de catorce resoluciones de la Asamblea General que condenaban el desprecio de Chile por los derechos humanos.
Retorno
Con el retorno, en marzo de 1990, del primer gobierno en 18 años elegido por voto popular, Chile se perfiló como un país democrático, a pesar de la sombra persistente del dictador. Las organizaciones de defensa a los derechos humanos que florecieron en dictadura perdieron sus fuentes de sustento y se desdibujaron severamente. La Vicaría de la Solidaridad cerró sus puertas en diciembre de 1992. Lo que hoy se conserva es el Centro de Documentación y Archivo, bajo el Arzobispado de Santiago, donde historiadores, abogados y parientes de las víctimas consultan su registro del cataclismo que dejó huellas imborrables en la sociedad chilena. Durante el estallido social que irrumpió en 2019 con graves violaciones a los derechos humanos, se palpó la ausencia de esta red.
Claudia Chaimovich se ha jubilado. Sirvió muchos años como jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, reconocida por su apasionada defensa de quienes sufrieron graves vulneraciones a los derechos humanos.
A las instituciones judías chilenas todavía les cuesta abordar el legado de la dictadura. En 2013 se instaló un monumento a los judíos ejecutados extrajudicialmente y desaparecidos forzados en un cementerio judío de Santiago. Los familiares agradecieron el gesto de reconocimiento de su dolor, originado no solo de la pérdida de sus seres queridos, sino también del ostracismo que sentían de parte de la colectividad judía. Denni Traubmann, cuyo padre Ernesto Traubmann,víctima de desaparición forzada el 13 de septiembre de 1973 hasta ser hallados y luego identificados sus restos en 2012, permanece desaparecido desde su secuestro el 13 de septiembre de 1973, expresó los sentimientos de muchos: “Estoy feliz que lo hayan hecho, pero para sentirme reparado se tendrían que dar otros pasos más”.
Tales pasos podrían incluir hacerse parte en una de las muchas demandas judiciales en curso por crímenes de lesa humanidad. Instituciones e individuos podrían comparecer en calidad de testigos en diferentes casos. Las sinagogas y las escuelas hebreas podrían romper el silencio y realizar homenajes para recordar a las víctimas judías. También podría incorporarse la enseñanza de los derechos humanos al currículo escolar y la preparación de bar/bat mitzvá. Según la tradición judía, nunca es demasiado tarde para teshuvá.
Claudia Chaimovich, por su parte, insta a las comunidades judías preocupadas por el resurgimiento de corrientes autoritarias a “reforzar las redes que puedan ayudar a los segmentos más vulnerables de la población. Fortalecer a las comunidades donde haya un lugar para todos. Y nunca olviden que la democracia, la solidaridad y la libertad son valores judíos”.
Foto de portada: Fundación de Documentación y Archivo Vicaría de la Solidaridad.
[i] Entrevista con Claudia Chaimovich 25 de marzo de 2024 para la versión original de este artículo, publicado en inglés en Fragments, Fall 2024, por T’ruah y su Emor Leadership Council.
[ii] Nacido en Buenos Aires en 1945, egresó con la primera generación de rabinos del Seminario Rabínico Latinoamericano. Llegó a Chile en 1972 para hacerse cargo de cinco comunidades que se unieron para contratarlo, cuando los demás rabinos abandonaron Chile tras la elección de Allende. Su esposa Susy Wolynski murió en el atentado en la AMIA, donde trabajaba. Kreiman falleció en 2014 en Chile.
[iii] Lira hizo estas reflexiones en el lanzamiento de Memoria Latente: una comunidad enfrentada por el desafío de los derechos humanos en Chile (Lom Ediciones), por esta autora, el 7 de diciembre de 2017.
[iv] El Consejo Mundial de Iglesias, Iglesia Evangélica Luterana de América, Finn Church Aid, Catholic Relief Services, Diakonia, Bread for the World y Oxfam fueron algunas de las fundaciones religiosas que hicieron posible la defensa de los derechos humanos, desde una amplia definición del concepto, durante la dictadura.
* Carlos Berger Guralnik era el marido de la destacada abogada Carmen Hertz, hoy diputada de la nación.
