La filtración de audios en los que Diego Spagnuolo, ex-titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, describe con detalle los pedidos de retorno por la compra de medicamentos a droguerías y proveedores del organismo, y que involucra directamente a Karina Milei –hermana del presidente y secretaria general de la presidencia–, provocó una crisis en la credibilidad de un gobierno que había prometido que “una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.” La pegadiza canción “Alta Coimera” se ha convertido, sorpresivamente, en el “hit del invierno”, condensando un cierto hastío en una parte importante de la población con respecto a las políticas económicas, al carácter represivo del Gobierno, y los modos brutales con que se expresan y actúan el presidente y su equipo de “marginales” –en palabras de Elisa Carrió–, colocados electiva o políticamente en los poderes legislativo y ejecutivo.
Detrás de ese descontento pueden identificarse problemas acumulados que el Gobierno no hizo más que agravar desde que asumió en diciembre del año 2023: la caída en picada del salario real y la consecuente retracción en la capacidad de compra de amplias franjas de la sociedad que ya no logra resolver siquiera sus necesidades básicas, la cancelación de la obra pública con los efectos recesivos que ello provoca, el desfinanciamiento de los sistemas públicos de salud y educación, el virtual congelamiento de las jubilaciones y la represión semanal a quienes estoicamente protestan frente al Congreso; a ello se suma el probable hartazgo por la violencia verbal de un presidente inclasificable que expone e insulta con saña a quién lo cuestione, ya sean políticos opositores, economistas y periodistas en un amplio espectro ideológico, artistas populares, o niños de 12 años con autismo. El alcance y los efectos de este primer brote de descontento generalizado son una incógnita que sólo el tiempo podrá revelar.
La aceleración de los tiempos
El domingo 7 de septiembre pasado se realizaron elecciones a legisladores locales en la provincia de Buenos Aires, distrito que concentra el 37% del padrón electoral nacional. El resultado sorprendió no tanto al gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof, como decepcionó a los armadores de la alianza LLA-PRO, que esperaban sino ganar por poco margen, al menos alcanzar un digno empate técnico. Cada nueva elección exige un análisis, ya que representa el único momento en que la población se manifiesta, incluso con las críticas al sistema democrático (ese “abuso de la estadística” en el cinismo borgeano). A pesar de las influencias cada vez más evidentes en el voto, provenientes de los sentidos construidos por los medios de comunicación tradicionales y digitales (especialmente las redes sociales), y del desánimo que lleva a muchos a abstenerse de ejercer su derecho ciudadano, esta derrota podría marcar un punto de inflexión, revelando el descontento hacia el autopercibido “mejor gobierno de la historia”. Sin embargo, antes de esto, hubo semanas de intensa campaña: convencido de que, por primera vez, “el ajuste es una medida con apoyo popular”, el Gobierno apostó fuerte por una estrategia de marketing que demonizaba a sus “enemigos”, representándolos como zombis infectados por un virus kirchnerista y responsabilizándolos de todos los males desde la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912, en lugar de ofrecer propuestas concretas para superar la crisis.
Lo que parece haber pesado en el resultado adverso es el descontento por la situación económica de las familias, que enfrentan cada vez más dificultades para llegar a fin de mes. Ningún esfuerzo perdura cuando el hambre aprieta, y la probable correlación entre el voto y los indicadores de caída de la actividad económica lo demuestra. Aunque el Gobierno admitió la derrota, atribuyéndola no a errores propios, sino “al aparato que [el peronismo] tiene desde hace 40 años y lo ejecuta de manera eficiente” [Milei sic], decidió ratificar el rumbo económico sin realizar ningún cambio, ni siquiera superficial. Exhibiendo una inexistente cintura política, el propio presidente, sus funcionarios y propagandistas mediáticos han expresado que “el equilibrio fiscal no se negocia”, lo que implica, sin lugar a dudas, que el ajuste sobre el ingreso popular continuará.
Que pase el que sigue
Abundan en las redes sociales parapsicólogos y adivinos de toda laya que presagian el futuro. Es, sin duda, el signo de un tiempo sin certezas presentes que permitan vislumbrar el porvenir. En ese barro de la historia se coló el falso profeta del anarco-capitalismo que, con la poción mágica de la libertad, ofrecía el bienestar para todos los “argentinos de bien”. Pero sin milagros para exhibir (la baja de la inflación no se tradujo en auge del consumo), su aura se va extinguiendo. ¿Cuál será el reemplazo cuando finalice su mandato? Pero más que la especulación por quién o quiénes podrían asumir el próximo turno gubernamental, la pregunta es qué consensos políticos y sociales dejará como herencia el actual gobierno. Habrá que partir de la base de que el discurso de “no hay plata” –especuladores, formadores de precios y acreedores no advirtieron esa falta, sino todo lo contrario– no podrá ser la divisa que oriente una próxima gestión. Se deberán arbitrar los medios para que el bolsillo popular recupere su capacidad de compra, incrementando la demanda y generando nuevas oportunidades de negocios. Pero la necesidad de una recuperación del consumo popular y de reparación del tejido social puede entrar en contradicción con algunos de los principios impuestos por el actual gobierno.
El equilibrio fiscal –es decir, que el Estado no pueda gastar más de lo que recauda–, es uno de esos principios. Este equilibrio puede lograrse de dos maneras: reduciendo el gasto estatal o incrementando su capacidad recaudadora, lo cual plantea nuevos interrogantes: ¿qué gastos recortar y qué impuestos aumentar o ampliar? En la gestión del actual gobierno, la solución ha sido eliminar organismos clave, despedir a más de 50 mil empleados públicos –más por prejuicio que con un criterio lógico–, y desfinanciar la salud, la educación, el sistema científico y las agencias de promoción de la tecnología agropecuaria e industrial; al mismo tiempo, se incrementó la carga impositiva y se eliminaron subsidios hacia las clases populares, mientras que se condonaron millonarias deudas con el Estado (mediante el blanqueo de capitales) y se alivió la carga fiscal a los grupos concentrados de la economía. ¿Continuará siendo entonces el equilibrio fiscal el altar en el que se sacrifique a los sectores que deberían ser protegidos desde el Estado?
El Estado mínimo y sin capacidad reguladora parece otro de los consensos que llegaron para quedarse, aunque la historia contemporánea ha demostrado que las sociedades desarrolladas alcanzaron ese estadio sosteniendo un Estado fuerte que regule la economía para prevenir de la ruina de un capitalismo que, en su afán de obtener madera, serrucha la rama del árbol en el cual está sentado. Se requerirá un Estado inteligente que combine sensibilidad con estrategia, que atienda la emergencia a la vez que promueva mecanismos para superar la crisis estructural en el mediano y largo plazo.
El acceso irrestricto a un dólar barato ha sido, de modo recurrente, una medida que logró “comprar” consenso social, sobre todo en sectores medios. La apertura importadora y los viajes al exterior que propicia un dólar atrasado, constituyen un activo que una parte de la población valora sobremanera, al tiempo que considera como un derecho humano fundamental. Cualquier atisbo de intervención que pretenda regular este acceso se torna irritante e impopular. Tan sólo en el último año, los gastos en turismo y los consumos con tarjeta en moneda extranjera fueron equivalentes al saldo por exportaciones argentinas de electricidad, gas y petróleo. ¿Puede una economía que aspira al desarrollo con inclusión social dilapidar un recurso estratégico y escaso como es el dólar?
El endeudamiento perpetuo y la especulación financiera (ahora democratizada con aplicaciones que invitan a cualquier hijo de vecino a enriquecerse a un clic de distancia), parecen ser incuestionables. Las advertencias de Keynes se han vuelto realidad, y la economía argentina se asemeja a un casino en el que el endeudamiento con fines meramente especulativos, y la apuesta por “hacer dinero del dinero” sin relación directa con producción, marcan el pulso de las burbujas financieras y las crisis que le suceden.
El fin de la acción política
El carácter periférico y dependiente de la economía argentina hace que cualquier error de cálculo, cualquier estrategia que se implemente sin evaluar sus posibles límites, se pague muy caro en términos de desarrollo, soberanía, e indicadores sociales. Apoyándose en sus cuestionables “conocimientos científicos”, Milei propuso una transformación radical del funcionamiento económico que relegó a las personas a la condición de “un medio para” en lugar de “un fin en sí mismo” de la acción política. El costo ha sido muy elevado, y a menos que el rumbo de la economía cambie (lo cual, como ya se ha visto, “no se negocia”), tarde o temprano conducirá a un inevitable colapso. No se trata de recurrir a artes adivinatorias que hemos criticado anteriormente, sino de contar con la evidencia histórica disponible para comprender que experimentos como el que se está llevando a cabo dejan secuelas difíciles de revertir, especialmente en una sociedad que no ha logrado consensos básicos sobre su rumbo, los sacrificios que está dispuesta a realizar a corto y mediano plazo, y el tipo de Estado que debería construir, sostener y defender para lograrlo.
