La comisión independiente que investigó la masacre del 7 de octubre de 2023 -perpetrada por Hamás y otras facciones palestinas contra Israel- apuntó directamente a los miembros del gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu, al entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, al actual jefe de las Fuerzas Armadas, Herzi Halevi, y a otros altos cargos, como el líder opositor y exministro de Defensa, Benny Gantz. Según el informe, todos ellos fallaron en tomar las medidas necesarias para proteger a la población, apostaron por un ejército más reducido que “confiara en un exceso de tecnología”, disminuyeron la presencia de tropas en la frontera con Gaza y permitieron “deficiencias en la preparación de los militares desplegados en las bases del sur del país”. En síntesis, el documento subraya la responsabilidad del liderazgo israelí en los secuestros y asesinatos de la mayor masacre contra judíos desde la Shoá.
La Comisión, encabezada por el juez Gideon Ginat, afirmó también que no se actuó con la debida diligencia al recibir las alertas de una posible amenaza tanto el día previo, el 6 de octubre, como durante la mañana del ataque. Estas conclusiones se conocen en paralelo a la decisión de la Corte Penal Internacional de La Haya, que emitió órdenes de detención contra Benjamín Netanyahu y su recientemente destituido ministro de Defensa, Yoav Gallant, al considerar que ambos serían responsables de crímenes contra la humanidad en el marco de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Aunque el gobierno israelí apeló el fallo y lo calificó de antisemita, la medida generó una leve merma en el apoyo de algunos países aliados, que internamente aún no logran equilibrar su defensa del derecho a la seguridad con las críticas por las acciones que afectan a civiles en Gaza.
El impacto global: aliados en tensión y críticas cruzadas
Un número relevante de dirigentes políticos occidentales también expresó desconfianza respecto de la decisión de la Corte Penal Internacional sobre Netanyahu. Michael Roth, miembro del SPD y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag, sostuvo que “el Tribunal pierde gran parte de su credibilidad porque no actúa contra criminales de guerra y dictadores como Bashar al-Assad o Alí Jamenei, pero permite que el jefe de gobierno de un país con un Poder Judicial independiente sea buscado por orden de detención”, aunque otros socialdemócratas del Parlamento Europeo sí respaldaron la decisión.
En Francia, Estados Unidos e Italia se registraron reacciones en una línea similar a la alemana, mientras que el Reino Unido adoptó una postura emparentada, aunque con la disposición de sancionar a los ministros israelíes de extrema derecha Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, además de dirigir varias advertencias a Netanyahu. La ausencia de procesos contra dictadores como Alexander Lukashenko, o contra líderes autoritarios como Recep Tayyip Erdogan por la situación del pueblo kurdo, Xi Jinping por la persecución de los uigures, o incluso Vladimir Putin, es interpretada por algunos dirigentes como una señal de que el fallo posee un sesgo específico contra Israel, una nación que -argumentan- actúa en defensa propia.
Contra lo que podría suponerse, Netanyahu no vio debilitado el apoyo de sus aliados ni sufrió un impacto significativo en las encuestas. Los sondeos más recientes muestran que, pese al contexto, el Likud seguiría siendo el partido más votado, aunque ello no le garantiza por sí mismo un triunfo cuando finalmente se convoquen elecciones.
La oposición se organiza mientras el gobierno se atrinchera
Todo este arsenal de dimes y diretes de la geopolítica global, en cierto modo, termina fortaleciendo la posición interna de Netanyahu. Tras la reciente expulsión de Yoav Gallant del gabinete, los líderes de cuatro partidos de la oposición -Yair Lapid (Yesh Atid), Benny Gantz (Hamajané Hamamlajtí), Avigdor Lieberman (Israel Beitenu) y Yair Golan (Hademokratim)- se reunieron en la Knesset para emitir una declaración conjunta en la que denunciaron que el primer ministro había perjudicado a las Fuerzas de Defensa de Israel y a las unidades combatientes con el único fin de aprobar las leyes que permiten la evasión del servicio militar en beneficio de sus socios de coalición.
Mientras tanto, la guerra con Hezbolá ha otorgado un margen transitorio de maniobra a la ultraderecha, que, impulsada por un nacionalismo exacerbado, se muestra dispuesta a extender el conflicto en todos los frentes posibles. Todo esto ocurre en un contexto en el que la sociedad israelí atraviesa un desgaste profundo, tanto económico como psicológico.
Netanyahu sabe que la continuidad de la guerra juega a su favor: según diversas encuestas, perdería unas eventuales elecciones y, debido a las múltiples causas judiciales en su contra, quedaría sin la inmunidad que hoy lo protege de posibles condenas. En este sentido, el panorama político aparece nítido: la oposición podría conformar una coalición multicolor con un peso creciente de la izquierda, recientemente unificada en Los Demócratas, decidida a revertir la derechización de la sociedad israelí y a poner fin al modelo impulsado por el Likud y la ultraderecha, que ha profundizado la segregación y la colonización de nuevos territorios en Cisjordania. Ese proceso, además, desvió recursos y personal militar hacia los asentamientos, dejando debilitada la defensa en el sur del país, uno de los factores que explican la vulnerabilidad frente al ataque del 7 de octubre de 2023.
Mientras tanto, una parte importante de la sociedad israelí se moviliza para exigir acuerdos que permitan recuperar a los secuestrados, terminar la guerra y forzar la salida de Netanyahu. En paralelo, un tribunal israelí ha dictaminado que el primer ministro deberá declarar en su juicio por corrupción a comienzos de diciembre. Si fuera declarado culpable con sentencia firme, estaría obligado a dimitir; sin embargo, podrá conservar el cargo mientras el proceso siga en curso.
Una reciente encuesta del Canal 12 mostró que el 54% de la población cree que la guerra se prolonga por razones políticas del primer ministro, mientras que el 43% reclama elecciones anticipadas, frente al 23% que prefiere que Netanyahu complete su mandato. Nada, al menos por ahora, parece suficiente para impulsar su retirada.
El giro mesiánico y el deterioro institucional
Ya no queda salvavidas para la deriva personalista del primer ministro israelí, y él lo sabe. Por eso insiste en una estrategia de resistencia absoluta: caiga quien caiga, no piensa abandonar el poder. En ese empeño, es capaz incluso de arrastrar consigo a organismos independientes como el Shin Bet, especialmente tras la investigación que apunta a asistentes suyos por la presunta transferencia de información clasificada con intención de dañar al Estado, un delito que puede conllevar cadena perpetua, además de cargos por posesión ilícita de material sensible y obstrucción de la justicia.
Desde el 7 de octubre de 2023, Israel y su conducción política parecen haber entrado en un modo mesiánico, embarcados en una carrera contra sí mismos. El gobierno ha dejado de respetar la institucionalidad y se apoya en un populismo que lo sostiene, aun a costa de erosionar los pilares democráticos. La disyuntiva que plantean los hechos es contundente: o prevalece la lógica mesiánica del gobierno, o sobrevive la vida democrática israelí, amenazada por la prolongación indefinida de la guerra.
Los miembros del Likud no levantarán la voz, aunque algunos discrepen con Netanyahu en privado. Según encuestas de Maariv, el ultraderechista Naftali Bennett sería hoy el candidato más votado si decidiera competir, pese a las falencias que tuvo su gestión dentro de la coalición multicolor. Para la oposición, la prioridad es doble: poner fin a la guerra y desplazar a Netanyahu. Pero nada garantiza que, incluso logrando ambos objetivos, se abandonen los métodos y el enfoque político que él encarna si no se modifica la matriz que guía las cuestiones centrales del Estado: la anexión unilateral de territorios en Cisjordania, el rechazo a la solución de dos Estados, la expansión de asentamientos en áreas ocupadas, el retroceso en derechos LGBT+ y la creciente inclinación hacia un judaísmo político-religioso.
