A fines de noviembre, el primer ministro israelí, Biniamín Netanyahu, desató una nueva tormenta política al enviar una carta al presidente Itzjak Herzog solicitando formalmente un indulto. El documento, de 111 páginas y firmado por su abogado Amit Hadad, sostiene que el prolongado proceso legal —seis años después de haber sido imputado por fraude, sobornos y abuso de confianza— está profundizando la división social y afectando la capacidad del gobierno para enfrentar los múltiples desafíos del país. La carta también pide reconocer “la tremenda contribución” de Netanyahu al Estado y su sociedad, sugiriendo que Israel atraviesa uno de sus mejores momentos bajo su liderazgo.
La carta también alude a los acuerdos de no intervención firmados al inicio del juicio, que permitieron a Netanyahu seguir en el cargo pese a la incompatibilidad entre sus funciones y la investigación. En ellos, se comprometía a no intervenir en asuntos vinculados al Poder Judicial y a los medios. Aun así, sus socios de gobierno avanzaron con reformas y ataques a la independencia judicial y mediática, generando crisis aún abiertas. Ahora, el abogado de “Bibi” sostiene que un indulto le permitiría actuar libremente en estos temas, en un argumento que muchos expertos legales califican de extorsivo. Antes de continuar, conviene repasar el contexto de esta carta.
Los juicios
Las investigaciones sobre el presunto accionar ilícito de Netanyahu comenzaron en 2016 y, dos años después, la policía recomendó llevarlo a juicio. El proceso, iniciado en mayo de 2020, sufrió demoras por la pandemia y luego numerosos retrasos por motivos de seguridad nacional. Se trata de tres casos distintos pero conectados: los casos 1000, 2000 y 4000 (hubo también un caso 3000, relacionado con la compra de submarinos, finalmente descartado).
En el primero de ellos, el caso 1000, Netanyahu está acusado de haber recibido cerca de 300.000 dólares en regalos por parte de dos empresarios: el multimillonario productor de cine israelí Arnon Milchan y el aún más acaudalado inversor australiano James Packer.
Según la fiscalía, este flujo de obsequios —que Netanyahu presenta como expresión de “hermosas amistades”— estuvo asociado a una serie de beneficios otorgados desde el gobierno, entre ellos exenciones impositivas, ayuda para la extensión de la visa estadounidense de Milchan y otras ventajas regulatorias que habrían generado ganancias por cientos de millones de dólares. La dificultad de demostrar de manera concluyente la conexión causal entre el vínculo personal y los beneficios recibidos convierte a este expediente en el más débil de los tres, razón por la cual Netanyahu lo ha colocado en el centro de sus críticas.
El caso 2000 se centra en un presunto acuerdo entre Netanyahu y Arnon Mozes, propietario de Yediot Ajronot, el periódico de mayor circulación en Israel. Según la acusación, ambos habrían pactado perjudicar mediante regulaciones a uno de los principales competidores del diario, Israel Hayom —propiedad del fallecido magnate de los casinos Sheldon Adelson, aliado cercano de Netanyahu y megadonante republicano— a cambio de una cobertura más favorable hacia el primer ministro en las páginas del medio de Mozes.
El caso 4000 también apunta a un intercambio entre ventajas regulatorias y cobertura periodística positiva. En este expediente, se investiga un acuerdo por el cual Netanyahu habría buscado mejorar su imagen en el portal de noticias Walla —uno de los más leídos del país—. A cambio, su entonces propietario, Shaul Elovitch, habría recibido aprobaciones y beneficios regulatorios destinados a favorecer otras empresas de su grupo, entre ellas la compañía de telecomunicaciones Bezeq y el proveedor de televisión por cable Yes.
Por qué ahora
La carta representa, en realidad, la formalización de algo que no debería sorprendernos. Desde hace años, distintos sectores —algunos cercanos al gobierno y otros no tanto— vienen planteando la necesidad de conceder un indulto, aunque por motivos diversos. Uno de los argumentos más reiterados sostenía que Netanyahu debía concentrarse plenamente en las emergencias derivadas de la guerra en Gaza y en los otros frentes abiertos en los últimos dos años (Líbano, Siria, Irán y Yemen). El debate sobre el indulto adquirió una intensidad renovada cuando, durante el jolgorio por la firma del cese del fuego y el acuerdo para el retorno de los rehenes secuestrados, Donald Trump habló ante el Parlamento israelí el 13 de octubre y mencionó abiertamente la cuestión. Luego le escribió una carta a Herzog el 12 de noviembre pidiéndole un indulto para “Netanyahu, quien ha sido un primer ministro formidable y decisivo en tiempos de guerra”. Esa inusual intervención en los asuntos internos de un aliado —aparentemente una marca registrada de su segundo mandato— sugería con fuerza que la iniciativa respondía a un pedido directo del propio Netanyahu.
Más allá del “regalo” de Trump, existe también un contexto judicial y político interno que explica la carta. En las últimas semanas, el avance del proceso contra Netanyahu prácticamente disipó las chances de una absolución total. Con el horizonte judicial en su contra y deseoso de evitar una condena, al primer ministro solo le quedan dos caminos: obtener un indulto o alcanzar un acuerdo con la fiscalía. El problema de esta última alternativa es que implicaría, inevitablemente, una admisión de culpabilidad y, como mínimo, la renuncia al cargo y la inhabilitación para competir electoralmente durante un período determinado. Netanyahu cumplió 76 años en octubre, por lo que que una inhabilitación en estas condiciones equivaldría, en los hechos, al final de su vida política.
La segunda explicación es política. Israel ya transita un clima preelectoral rumbo a octubre de 2026, con encuestas desfavorables al Likud y tensiones crecientes en la coalición. El punto crítico es la ley sobre el servicio militar de los jóvenes ultraortodoxos, ampliamente apoyada por la sociedad, pero rechazada por Shas y Iahadut HaTorá, aliados clave de Netanyahu. La carta, aun si fracasa, vuelve a centrar el debate en su figura y en si su continuidad es buena o mala para el país, un terreno que divide en dos bloques nítidos pero que a la vez cohesiona a su base de apoyo.
El punto central de esta crisis es la discusión en torno a una ley que garantice la participación de los jóvenes ultraortodoxos en el servicio militar. Esta es una causa que encuentra abrumador apoyo entre la mayoría de la sociedad israelí, pero cualquier ley que imponga sanciones efectivas para quienes evadan el Ejército desatará la furia de los aliados ultraortodoxos, que hoy son parte del gobierno y que Netanyahu necesita para mantenerse en el poder: los partidos Shas y Iahadut HaTorá. La presentación de esta carta, incluso si no es exitosa, devuelve el debate a la personalidad de Netanyahu y si es bueno o malo para el país. Ese es un terreno que divide a la sociedad en dos bloques nítidos, pero que al mismo tiempo cohesiona al electorado que todavía respalda al oficialismo.
Los antecedentes
La carta desató un amplio debate nacional, donde se mezclan argumentos jurídicos y políticos. Ante un caso tan excepcional, muchos miran los precedentes, aunque la Ley Básica —que regula la autoridad presidencial— otorga al presidente una facultad amplia para conceder indultos. Aun así, como recuerda el Instituto Israelí de la Democracia, esta herramienta se ha usado históricamente de forma muy limitada: casi siempre después de una condena y por razones estrictamente personales, como problemas de salud.
El indulto nunca fue pensado para frenar un juicio ni para “sanar heridas sociales” derivadas de disputas políticas. Y ese argumento, además, pasa por alto el rol que Netanyahu tuvo en profundizar esas divisiones y en politizar su propio proceso judicial, asegurando en reiteradas ocasiones que todo era una invención de la izquierda.
Hay una excepción importante: el caso del colectivo 300, en 1984. Ese año, cuatro palestinos llegados desde Gaza secuestraron un ómnibus con 41 pasajeros, alegando estar armados con cuchillos y explosivos. Tras largas negociaciones, una unidad de las FDI tomó el vehículo y mató a dos de los secuestradores; los otros dos fueron ejecutados sumariamente por agentes del Shin Bet con piedras y barras de metal. La prensa internacional —y luego la israelí— reveló tanto los hechos como el encubrimiento posterior, lo que derivó en una investigación judicial. Los agentes amenazaron con divulgar secretos de Estado si eran condenados, lo que llevó al presidente Jaim Herzog —padre del actual mandatario— a otorgarles un indulto.
La carta del abogado de Netanyahu menciona este episodio como antecedente para argumentar que el presidente tiene tanto la facultad como el precedente legal para conceder un indulto antes de una condena. Sin embargo, como advierte el constitucionalista israelí Yaniv Roznai, existen diferencias cruciales entre aquel caso y la situación actual. En primer lugar, en 1984 había una amenaza explícita que ponía en riesgo la seguridad del Estado. En segundo lugar —y quizá lo más relevante— en aquel episodio hubo una admisión clara de culpabilidad y, en consecuencia, todos los involucrados, incluido el jefe del Shin Bet, Avraham Shalom, renunciaron a sus cargos.
Netanyahu, en cambio, ha dejado claro que no piensa admitir culpabilidad, insiste en que todas las acusaciones son infundadas y sostiene que continuará en funciones incluso si recibe un indulto. Para numerosos expertos legales israelíes, frenar un juicio en estas condiciones pondría en riesgo el principio de igualdad ante la ley.
En un video difundido en sus redes, Netanyahu calificó el proceso como una “ficción ridícula” y llegó a argumentar —mostrando un muñeco de Bugs Bunny— que una de las acusaciones se basaba en un regalo hecho a su hijo hace 29 años. En una tensa intervención parlamentaria, el diputado Guilad Kariv (Hademocratim) le respondió: “No es un muñeco de Bugs Bunny lo que debería estar en tu cajón, sino una muñeca de uno de los cuartos incendiados de los niños de Beerí o Nir Oz”.
¿Y ahora?
El consenso general es que la decisión recae ahora principalmente en el presidente Itzjak Herzog, quien ya anunció haber derivado el pedido a sus asesores legales y al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia, siguiendo el procedimiento habitual. Ese equipo deberá presentar una recomendación jurídica, que será evaluada junto con el informe de la fiscalía —que con toda certeza se opondrá al indulto— y con el análisis del propio círculo de asesores de Herzog. El presidente también aseguró que abordará el tema “de la mejor manera posible, considerando el bienestar del Estado”. A esto se sumó una respuesta inesperada, quizá sintomática de los tiempos que corren: invitó al público israelí a enviar su opinión sobre el asunto a través de su sitio web.
Más allá del reality show que sugiere esta iniciativa, el 9 de diciembre el Canal 12 difundió un documento redactado por un miembro del equipo presidencial, en el que se analizaban las facultades del presidente para otorgar indultos. La insinuación —rápidamente desmentida por Herzog— era que el apoyo de Netanyahu a la candidatura de Herzog en 2021 para la presidencia, elegido por la Knéset mediante voto secreto, habría sido negociado a cambio de una promesa de indulto si llegado el caso resultaba necesario. La difusión de este documento despertó serias dudas sobre la imparcialidad y la transparencia del presidente. Como consecuencia, líderes de las protestas contra el intento de reforma judicial impulsada por Netanyahu cancelaron una reunión prevista con Herzog, en la que tenían intención de pedirle que rechazara el pedido de indulto.
En Israel existe la percepción de que Herzog preferiría poner fin al juicio y cerrar el prolongado impasse político que este ha provocado. Sin embargo, parece improbable que un indulto concedido en condiciones tan excepcionales sea otorgado sin contrapartidas. Es posible que la carta marque el inicio de un proceso de negociaciones destinado a evitar una condena, pero que incluya algún tipo de sanción o compromiso por parte de Netanyahu —por ejemplo, cesar sus ataques a la autoridad del poder judicial— como condición para avanzar.
La reacción popular
Si Herzog está prestando atención a la reacción pública, el Instituto Israelí de la Democracia publicó el 9 de diciembre los resultados de una encuesta sobre el pedido de indulto, realizada entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre. Según el relevamiento —efectuado entre adultos israelíes, tanto judíos como árabes—, la mitad de la población se opone al indulto, mientras que un 41% lo respalda. No resulta sorprendente que esta división siga de manera casi exacta las líneas partidarias: quienes apoyan a Netanyahu son, con mucha mayor probabilidad, quienes apoyan también la solicitud.
La encuesta también reveló una fuerte ansiedad sobre el panorama de seguridad: la mayoría teme enfrentamientos con Hezbolá e Irán en el próximo año y un recrudecimiento de la violencia en Gaza. Seis de cada diez israelíes creen probable un estallido en Cisjordania, incluso en forma de una nueva intifada. El estudio mostró además un profundo pesimismo respecto del futuro de la democracia, la economía y, sobre todo, de la cohesión social. Las preocupaciones sobre la fractura interna que menciona la carta de Netanyahu son, por lo tanto, reales, aunque muchos israelíes atribuyen esas divisiones no a la fiscalía o a los medios, sino al propio Netanyahu.
Se espera que la decisión de Herzog llegue en las próximas semanas. Los acontecimientos recientes muestran que Netanyahu continúa poniendo a prueba los fundamentos de la democracia israelí y la separación de poderes, en un sistema institucional que no fue concebido para resistir ataques provenientes desde su interior. Algunas figuras de la oposición, como Yair Golán, han señalado que no puede haber discusión alguna sobre un indulto sin una admisión de responsabilidad, renuncia e inhabilitación política. Sea cual sea el desenlace, resulta evidente que los próximos meses de la política israelí —en un país que se encamina hacia decisiones trascendentales y nuevas elecciones— serán particularmente intensos. Para ambos campos, lo que está en juego es, en gran medida, el futuro mismo del Estado.
