Una nota viene resonando con fuerza desde los últimos días de 2025: el clamor de protestas masivas en Irán. La estética que asumen es la del colapso del régimen. Los últimos años estuvieron atravesados por oleadas de manifestaciones que hoy crecen y se aceleran al calor de sus propias experiencias previas. Se emparentan con aquellas, pero al mismo tiempo se distinguen, porque la pregunta que las atraviesa se vuelve cada vez más acuciante: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más puede sostenerse un régimen apoyado en la persecución política, la proscripción de libertades básicas, los apagones de luz y de internet, y el asesinato de quienes se movilizan en las calles?
La cúpula de clérigos chiitas que gobierna Irán intenta tapar el sol con las manos. Su distanciamiento de un pueblo hambreado se profundiza con amenazas de pena capital contra quienes protestan, señalados como traidores, y con advertencias de atacar a Israel si el presidente Donald Trump —hoy enfocado en Venezuela y en Groenlandia— llegara a cumplir una de sus promesas: avanzar contra el régimen iraní para evitar un mayor derramamiento de sangre. El antecedente inmediato de la abducción de Nicolás Maduro en Venezuela y su posterior procesamiento en los tribunales de Nueva York no constituye, sin duda, un buen augurio para el Líder Supremo Alí Jamenei.
Por ahora, el número de iraníes muertos por el régimen es incierto debido, precisamente, al boicot deliberado a las comunicaciones. Ello también dificulta evaluar la magnitud cuantitativa de estas protestas, que se estiman menos nutridas que las de 2022. En su momento, el detonante había sido la articulación entre el conservadorismo radical impuesto por el Líder Supremo, la impunidad y la violencia institucional dirigida contra la vida y dignidad de la mujer.
El asesinato de la joven kurda Mahsa Amini desató entonces las protestas más extendidas que el país había visto hasta ese momento. Mujer, Vida, Libertad fue la consigna que unió a miles de jóvenes —de distintas clases sociales, etnias y regiones— que salieron a manifestarse. Aplacadas por una lógica de violencia extrema y disciplinamiento, las fuerzas del régimen reprimieron a quemarropa, asesinando a mujeres, niñas y a quienes las acompañaban.
Aunque las imágenes de jóvenes iraníes sin velo que encienden las fotografías de Jamenei se viralizaron, esta vez, el catalizador inmediato es una fuerte devaluación económica que se monta sobre años de sanciones y aislamiento producido desde que en la primera presidencia de Trump, Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear con Irán. En consecuencia, se explica que los comerciantes tuvieran un protagonismo especial en el estallido de diciembre pasado.
La convergencia del descontento
Múltiples descontentos y frustraciones se superponen y se refuerzan entre sí. Compartidos por amplios sectores de la sociedad —en términos de etnia, religión, clase social, generación y región—, no existe una causa única que explique el clamor por la caída del régimen, e incluso los pedidos explícitos por la muerte del ayatolá. Aunque los manifestantes comparten demandas generales, las protestas carecen, por ahora, de un liderazgo unificado.
Años de proscripción y terror han impedido la acumulación de experiencia política, y no existe hoy ninguna institución pública capaz de canalizar o contener el malestar social. En caso de que la cúpula religiosa chiita fuera desplazada, podría emerger un gobierno militar o una conducción directa de la Guardia Revolucionaria, ambos escenarios igualmente carentes de legitimidad democrática. En otras palabras, tal como lo sugiere la experiencia histórica de los procesos revolucionarios —de 1789 a 1979, o incluso la Primavera Árabe—, es posible intuir cómo comienzan estos ciclos, pero nunca cómo terminan. En el caso iraní, además, abundan las condiciones para que distintas minorías regionales reclamen autonomía, abriendo la posibilidad de una eventual cantonización del país.
Un elemento notable e inédito de esta coyuntura es la aparente pregnancia que ha adquirido la proclama del heredero exiliado al trono del shá, Reza Pahlavi, entre distintos grupos de manifestantes, tanto dentro como fuera de Irán. La revolución que derrocó a su padre tardó en encontrar un liderazgo definido. Profesionales, comerciantes, estudiantes universitarios, pero también milicias comunistas, muyahidines islamo-marxistas y clérigos chiitas disputaban entonces la forma que adoptaría el nuevo orden político. Entre ellos hubo alianzas transitorias, enfrentamientos abiertos y una intensa guerra de propaganda, atravesada por acusaciones de complicidad y traición, hasta que los expertos en la ley islámica lograron imponerse.
En aquel momento, quien regresó del exilio investido como redentor moral, enfrentado a un gobierno represivo, ajeno a las necesidades de su pueblo y alineado con los intereses de Occidente, fue el ayatolá Ruhollah Jomeini, en contraposición al shá. Hoy la pregunta se invierte: ¿le toca al hijo del shá encabezar el desplazamiento de un régimen que ha dilapidado recursos económicos en guerras y causas ajenas a los intereses de la sociedad iraní? Y, en el caso de que Irán adoptara una forma de monarquía parlamentaria, ¿habrá aprendido este aspirante las lecciones que los ayatolás desestimaron?
Décadas invertidas en guerras y conflictos foráneos, mientras el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo y la inflación crecían puertas adentro, en un contexto de libertades civiles diezmadas. Recursos destinados a sostener al hoy depuesto Bashar al-Assad en Siria, para que ese país termine ahora acercándose a Estados Unidos y negociando mecanismos de entendimiento en materia de seguridad con Israel. Inmensas sumas volcadas al armado y entrenamiento de Hezbollah y Hamás —posteriormente pulverizados por Israel— o al apoyo de los distantes hutíes en Yemen.
Irán llegó incluso a exponerse, de manera insólita, al riesgo de una guerra total con Israel, cuya inteligencia dejó en evidencia las debilidades del sistema defensivo iraní. Sin embargo, ni el miedo ni la indignación alcanzaron para cerrar filas en torno al ayatolá frente a un enemigo externo. Por el contrario, consolidaron el hastío social con el propio régimen, al que la población terminó responsabilizando por ese derrotero.
Probablemente amplificado por redes sociales y medios de comunicación, aunque con una presencia intensificada en los coreos que resuenan en las ciudades de Irán, dada la falta de un garante creíble en quien depositar tantas expectativas de cambio, la figura del príncipe heredero se alza como nunca antes. En rigor, el régimen todavía no cayó y Pahlavi aún no ha vuelto.
Si aprendemos de la historia, la revolución de 1979 —fruto de años consecutivos de protestas— devino islámica solo en la medida en que determinados actores lograron imponerse sobre otros. En el escenario actual, en cambio, no aparece aún nadie capaz de articular desde el propio territorio un horizonte común para el conjunto de la sociedad iraní.
Las lecciones más inmediatas deberían alertar todavía más. Es temprano para afirmaciones concluyentes, pero por el momento la Venezuela sin Maduro no está exenta de conflictos palaciegos, mientras el régimen persiste bajo un nuevo mando. Pese a la paulatina liberación de presos políticos, impera allí un clima inquietante y violento, sin indicios claros de un proceso fehaciente de transición democrática.
En ese marco, cabe preguntarse si bastaría el exilio del ayatolá, su captura por un grupo de élite norteamericano, su asesinato o incluso su simple remoción, para satisfacer demandas tan amplias, heterogéneas y profundamente arraigadas como las que hoy atraviesan a la sociedad iraní.?
Así como el régimen cuenta con detractores manifiestos, también conserva bases de apoyo que veneran como mártires a miembros caídos de la Guardia Revolucionaria, como el general Qassem Soleimani, asesinado en un ataque estadounidense en enero de 2020. No puede descartarse que sectores de la sociedad iraní afines al régimen estén dispuestos a luchar por su supervivencia.
La experiencia de la Primavera Árabe —cuya chispa inicial estuvo ligada al malestar socioeconómico, pero que pronto derivó en una impugnación más amplia de diversas formas de autoritarismo— advierte sobre la necesidad de atender analíticamente otros factores decisivos: el peso del tribalismo, las brechas entre grandes centros urbanos y regiones periféricas, la captura de recursos estratégicos y de agencias estatales por minorías etnorreligiosas y por distintos grupos de interés.
El contexto persa no es ajeno a estos elementos. Mientras los salarios pierden poder adquisitivo y el desempleo se expande, un entramado de empresas vinculadas al Estado —y en particular a la Guardia Revolucionaria Islámica— concentra contratos, licitaciones y acceso privilegiado a sectores estratégicos como la infraestructura, la energía, la construcción y las telecomunicaciones. Este esquema refuerza la percepción de que la crisis castiga a amplios sectores de la sociedad mientras protege a quienes orbitan el núcleo del poder, alimentando un descontento interclasista que atraviesa a trabajadores precarizados, profesionales, comerciantes, estudiantes y pequeños empresarios, todos ellos enfrentados a la amarga realidad de una movilidad social bloqueada.
Ya durante la pandemia había quedado expuesto un Estado más enfocado en controlar a su población que en contenerla. A este entramado de desigualdades y mala gestión se suma un factor cada vez más decisivo: la crisis hídrica. En su extensión metropolitana, Teherán alberga cerca de quince millones de habitantes cuyo acceso al agua se encuentra seriamente comprometido como consecuencia de decisiones políticas concretas, entre ellas proyectos de represas mal planificados, desvíos de cuencas, sobreexplotación de acuíferos y una urbanización descontrolada.
Detrás de muchos de estos proyectos se encuentran empresas ligadas a la Guardia Revolucionaria, que han priorizado la apropiación de recursos estratégicos por sobre la sustentabilidad ambiental. La crisis es, así, tanto ecológica como política: se estima que, de persistir esta pésima gestión estatal, la ciudad podría volverse insostenible en el mediano plazo. Pese a su ostensible corrupción, la Guardia Revolucionaria conserva apoyo, recursos y capacidad operativa suficientes como para, llegado el caso, ensayar un gobierno propio, prescindiendo del Líder Supremo y de la Asamblea de Expertos.
Una crisis destituyente sin horizonte instituyente
En suma, las protestas que irrumpen de manera recurrente en Irán dan cuenta de la inviabilidad del régimen y de la ilegitimidad generalizada de sus instituciones y de buena parte de los actores que lo gobiernan. Ante la desazón social y la ausencia de candidaturas reformistas o moderadas disponibles —la mayoría fueron proscriptas—, las elecciones legislativas y presidenciales de 2024 exhibieron algunos de los niveles de participación más bajos de la historia reciente: 41% en las legislativas, 39,9% en la primera vuelta presidencial y 49,68% en la segunda.
Los ciclos de protesta en Irán comparten un rasgo central: su capacidad destituyente es mayor que su capacidad instituyente. Esta asimetría no constituye un defecto accidental de las movilizaciones, sino el resultado de una crisis política prolongada y profundamente desgastante. Tener en cuenta este factor permite comprender tanto la potencia como los límites de los cambios esperables: en el mejor de los escenarios, un proceso gradual de democratización; en el peor, la deriva hacia conflictos armados entre iraníes.
En términos destituyentes, el impacto es profundo. Las movilizaciones revelan la honda erosión que alcanza a los pilares simbólicos del régimen. A riesgo de morir o de enfrentar los suplicios del encarcelamiento, los manifestantes cuestionan la legitimidad del clero como autoridad moral, desacralizan los dispositivos de control religioso y quiebran el miedo que durante décadas sostuvo el orden político. Mujer, Vida, Libertad no constituye un programa de gobierno ni un diseño acabado de sociedad alternativa, pero sí condensas demandas existentes que impugnan frontalmente los mecanismos de control social y los fundamentos morales del régimen.
La fuerza del rechazo y el vacío del “después”
La dificultad persistente reside en la capacidad de transformar esa potencia destituyente en un proyecto político que no derive en luchas intestinas ni quede a merced del poder coercitivo del ejército o de la Guardia Revolucionaria. A diferencia de la Revolución de 1979 —que logró articular liderazgo, organización y horizonte ideológico—, el ciclo actual carece de narrativas instituyentes claras. En aquel momento, esos debates se dirimieron, con mayor o menor violencia, entre el liberalismo, el marxismo y el chiismo.
La debilidad instituyente del actual ciclo de protestas no es anecdótica, sino una condición estructural ligada a las temporalidades en juego en Irán: la de un presente inestable y la de un futuro que aparece, por defecto, incierto, incluso en lo que respecta a la continuidad del país como entidad soberana. Las movilizaciones exhiben la ambigüedad de no ser lo suficientemente potentes como para impedir una restauración plena de la normalidad autoritaria, pero siguen siendo, al mismo tiempo, demasiado fragmentarias como para imponer un nuevo principio de organización política.
La paradoja reside en que, mientras se subraya la flagrante incapacidad del régimen para recomponer su legitimidad —valiéndose, en cambio, de las prácticas más cruentas del terrorismo de Estado—, el ciclo de protestas tampoco logra clausurarse definitivamente. Al menos, no por ahora. Si algo sugieren los primeros días de 2026, es que ciertas tendencias ya parecen irreversibles.
