En los últimos días, los medios de comunicación han concentrado gran parte de su atención en la incursión realizada por un grupo de élite de los Estados Unidos con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro y trasladarlo al país del norte. Se trata, sin duda, de un hecho que conmociona a propios y extraños por la velocidad con la que, en pocas horas, la realidad venezolana parece haberse transformado. Sin embargo, al mismo tiempo y a miles de kilómetros del Caribe, se iniciaba una oleada de manifestaciones populares masivas que comenzaron a sacudir el tablero internacional: la salida a la calle del pueblo iraní para enfrentar al régimen teocrático encabezado por Ali Jamenei.
Las protestas, que comenzaron con reclamos de comerciantes por cuestiones económicas, rápidamente se transformaron en manifestaciones masivas de amplios sectores de la sociedad contra la mera existencia del régimen político. El resurgimiento de la efervescencia revolucionaria tiene como trasfondo una fuerte devaluación de la moneda persa frente al dólar y la emergencia de una pregunta para la cual el sistema político iraní no tiene respuesta: ¿por qué se destinan recursos a Gaza y al Líbano mientras los iraníes sufren penurias en su propio país? Esta pregunta, en apariencia simple, desata una cadena de contradicciones en un régimen debilitado por múltiples tensiones acumuladas a lo largo del tiempo.
La baja credibilidad de las autoridades estatales, el creciente rechazo de los jóvenes a la imposición de valores religiosos, los problemas económicos que afectan a cada vez más personas y, como agravante, una profunda crisis hídrica en la capital del país, conforman el caldo de cultivo del actual despertar social. Mientras la población expresa su malestar, el líder supremo Ali Jamenei insiste en centrar su discurso en la crítica permanente a Estados Unidos e Israel. La brecha entre los intereses de la élite gobernante y los del pueblo iraní se profundiza día a día. Dado que el diseño institucional otorga un poder desmedido al líder supremo por sobre las autoridades electas —en comicios cuyo margen de maniobra ya está severamente limitado por el Consejo de los Guardianes—, la sociedad civil comienza a comprender que el actual sistema político es incapaz de ofrecer soluciones reales. El pueblo iraní ha llegado a la conclusión de que el Estado funciona como un instrumento de opresión. Esta vez, las masas parecen decididas a tomar el futuro en sus propias manos.
Hasta aquí, se trata de problemas internos que ya han dado lugar en el pasado a distintas oleadas de protestas. El pueblo iraní ha pagado un alto precio en vidas en su lucha por un país más justo, libre y democrático. En 2009, miles salieron a las calles para exigir que se respetara el voto tras la candidatura de Mir Hossein Mousavi. Más recientemente, en 2022, el asesinato de Mahsa Amini desató movilizaciones masivas contra la imposición del velo a las mujeres. Sin embargo, las manifestaciones actuales presentan elementos novedosos que podrían abrir la puerta a un verdadero cambio de régimen.
El primer elemento distintivo es que ya no se reclama por demandas sectoriales, sino por la caída del sistema político en su conjunto. Voces opositoras que antes aparecían fragmentadas hoy convergen en una consigna común, lo que potencia el mensaje y amplifica su alcance. El segundo factor es la emergencia de una figura que logra aglutinar a la oposición: Reza Pahlavi, hijo del último Sha de Irán. En numerosas manifestaciones se corean consignas a favor de su retorno, y sus declaraciones encuentran eco en amplios sectores de la sociedad. La masividad de las protestas del 8 y 9 de enero da cuenta del peso simbólico de su figura. Incluso, en distintas ciudades, se ha observado el reemplazo de la bandera del régimen teocrático por la bandera nacional previa a 1979.
El tercer elemento es la combinación de métodos de lucha: huelgas de comerciantes y trabajadores durante el día, manifestaciones nocturnas, ocupaciones de edificios gubernamentales y enfrentamientos directos con las fuerzas represivas —los Basij y los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica— en todo el territorio. Esta dinámica ha obligado al régimen a recurrir a combatientes de milicias aliadas provenientes de Irak. La simultaneidad y extensión de las protestas exponen con claridad la debilidad del aparato represivo estatal.
Un cuarto factor se ha sido introducido desde el exterior. Las advertencias de Donald Trump, que amenazó con represalias si el régimen asesinaba manifestantes, alimentaron el temor de la cúpula gobernante a un desenlace similar al venezolano. Más allá de la figura de Trump, ese miedo revela una notable fragilidad del poder. A ello se suma un dato decisivo: el pueblo iraní ha perdido el miedo a enfrentar a las fuerzas de seguridad. Estas son las primeras manifestaciones posteriores a la guerra de doce días con Israel, un conflicto que dejó al descubierto las serias limitaciones del poder militar del régimen.
Resta aún un elemento clave cuyo posicionamiento definitivo no se ha manifestado con claridad: el rol del ejército iraní. Para que un proceso revolucionario triunfe, es indispensable que al menos una parte de las fuerzas armadas rompa con el régimen. La persistencia de la crisis económica, la falta de respuestas a problemas estructurales como el acceso al agua y el deterioro de las condiciones de vida afectan también a los soldados y a sus familias. La pregunta es inevitable: ¿cuánto tiempo falta para que una parte del ejército se coloque del lado del pueblo?
¿La revolución del siglo XXI?
Un proceso revolucionario exitoso en Irán podría provocar un cambio estructural no solo en Medio Oriente, sino también a escala global. Un nuevo Estado iraní probablemente establecería vínculos de cooperación con Estados Unidos e Israel, lo que alteraría de manera significativa el mapa geopolítico mundial. Rusia y China perderían un aliado estratégico de peso. Buena parte de la sociedad iraní —y en particular Reza Pahlavi— es consciente de que la caída del régimen teocrático se vería facilitada por el enfrentamiento sostenido que Estados Unidos e Israel han mantenido durante años contra los ayatolás.
La caída del régimen también supondría un golpe político y militar para los grupos armados financiados, entrenados y respaldados por la República Islámica. Hamás, Hezbollah, la Yihad Islámica, los hutíes y las milicias chiitas de Irak enfrentarían un debilitamiento severo. El eje del fundamentalismo islámico podría desplazarse hacia Turquía y Qatar, países que promueven el islamismo político sunita más como proyecto de poder que como terrorismo armado. Este cambio reconfiguraría alianzas regionales y abriría interrogantes sobre conflictos aún abiertos: ¿podría el Líbano enfrentar a Hezbollah sin el respaldo iraní?, ¿Hamás podría reconvertirse en una fuerza política?, ¿los hutíes serían derrotados por sus vecinos?, ¿resurgirían conflictos sectarios en Irak?
Pero la consecuencia más profunda sería ideológica. Irán es el principal Estado teocrático islámico con peso internacional. Una derrota del régimen de los ayatolás enviaría un mensaje contundente a los sectores más radicalizados del islam político, al demostrar la inviabilidad de un sistema incapaz de responder a las necesidades de su pueblo. Irán tendría entonces la oportunidad histórica de mostrar al mundo cómo se construye una sociedad libre y democrática tras casi medio siglo de un sistema autoritario, machista, homofóbico y sostenido por la represión y el terrorismo de Estado.
Imagen de portada: https://x.com/i/status/2010421772974485845
