Cuando el 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra el régimen iraní, en cuestión de horas se repitieron tanto en Europa como en América Latina las mismas palabras: imperialismo, genocidio, cambio de régimen, Gran Israel. Los discursos y declaraciones se convirtieron en expresión manifiesta de una sociopatología preexistente. Y justamente esa velocidad —la inexistencia de un hiato cronológico entre el acontecimiento y su adjetivación discursiva— es precisamente lo que nos lleva a examinar este fenómeno.
La pregunta es por qué el pensamiento progresista y poscolonial ha desarrollado esta forma de procesar los conflictos de Oriente Medio que cercena un análisis diferencial y lo impulsa a repetir jerarquías morales absolutistas, silencios estructurales y, en su núcleo más sórdido, un antisemitismo rancio que ha aprendido a circular con ropa nueva, o quizá no tanto.
El derecho internacional como instrumento selectivo
Pocas horas después del inicio de la ofensiva, por ejemplo, Sarah Wagenknecht, la adalid política alemana de la nueva «izquierda» populista, publicó una declaración acusando al gobierno alemán de hipocresía: ¿cómo podía condenar la invasión rusa de Ucrania y guardar silencio ante el ataque a Irán? El argumento tiene una apariencia de coherencia jurídica difícil de rebatir en términos abstractos. El derecho internacional debe ser universal, o no es derecho: es política disfrazada.
Sin embargo, la comparación que hace Wagenknecht —y que reprodujeron docenas de voces en distintos países— no busca precisión jurídica; intenta reinstalar una jerarquía moral donde Occidente es siempre el transgresor primario.
La invasión rusa de Ucrania fue una conquista, una invasión territorial explícita sobre un Estado reconocido, sin ambigüedad jurídica. En cambio, el caso iraní involucra un programa nuclear con componentes militares documentados por el OIEA, una doctrina preventiva debatida en el derecho internacional desde los años noventa, amenazas permanentes de destruir y «borrar del mapa» a Israel, décadas de exportación y organización de milicias terroristas en Líbano, Siria, Irak y Yemen, Gaza y Cisjordania. Adosar a ambas situaciones la misma etiqueta no es rigor jurídico, sino pura y exclusivamente una distorsión y un sesgo ideológico.
Lo que revela esta operación manipulativa es algo más profundo que la inconsistencia argumental. Evidencia que el derecho internacional, al gusto del cliente, no funciona como marco analítico sino como recurso retórico que se aplica con máxima exigencia cuando el acusado es Occidente o Israel, y se ignora cuando los actores son los “otros”.
En ese esquema hermenéutico el programa nuclear iraní rara vez aparece examinado en detalle. La política regional de la República Islámica, el financiamiento y armamento de Hezbolláh, su apoyo a las milicias hutíes en Yemen, tampoco. El derecho internacional tiene, para este sector del pensamiento, una sola dirección posible.
Así es cómo opera una ideología cuando se convierte en un sistema cerrado: las categorías preexisten a los hechos; se invierte el procedimiento: los hechos se seleccionan para confirmar las categorías. El resultado es una coherencia perfecta que no acepta grietas ni ambigüedades, solo el pensamiento puro.
La crueldad ignorada
En la narrativa antiimperialista dominante, Irán aparece como Estado soberano violentamente agredido. Pero Irán es una teocracia cuya constitución subordina la soberanía popular a la tutela del Líder Supremo, figura cuya autoridad no emana del voto sino de la interpretación religiosa. Su sistema jurídico contempla ejecuciones públicas, penas corporales y la persecución sistemática de opositores, periodistas, minorías religiosas y población LGBTQ.
Las protestas de 2022-2023, desencadenadas por el asesinato de Mahsa Amini a manos de la policía moral, y las protestas de enero de 2026 fueron respondidas con centenares de muertos y miles de detenidos.
Nada de esto desaparece con el bombardeo. Sin embargo, en el esquema interpretativo del campo «antiimperialista», estos elementos se reinterpretan como secuela del cerco occidental: si Irán es autoritario, es porque ha sido presionado durante décadas por sanciones y amenaza militar. La causalidad se invierte. El régimen deja de ser un actor expansionista y desestabilizador, enemigo jurado de Israel y factoría terrorista, y se convierte en víctima de los embates imperialistas.
Esta omisión tiene consecuencias políticas y morales precisas. Un colectivo que se autopercibe como defensor de los derechos humanos y de la emancipación, pero que simultáneamente silencia la naturaleza del régimen iraní para mantener la pureza del esquema imperialismo-resistencia, ha sacrificado sus propias convicciones en el altar de un principio sectario y extremista.
Las mujeres iraníes que salieron a la calle a quemar sus velos no estaban resistiendo al imperialismo occidental. Estaban resistiendo a su propio régimen. La izquierda que no puede ver esto —o que, si lo ve, lo relativiza— tiene un problema que excede lo analítico.
Israel como el mal absoluto
El elemento más revelador de esta gramática ideológica no es su visión de Estados Unidos ni de Irán, sino su percepción de Israel. En este discurso, Israel no es simplemente un Estado con políticas cuestionables —como puede serlo Francia, Turquía o la India— sino una entidad que ocupa un lugar singular: núcleo del proyecto imperialista occidental, epítome del colonialismo, encarnación de una forma de poder que por definición no puede legitimarse.
Esta singularización es llamativa. Israel tiene aproximadamente diez millones de habitantes y representa una fracción marginal del poder occidental. Sin embargo, en ningún otro caso contemporáneo la crítica a un Estado se formula con tanta naturalidad en términos de ilegitimidad ontológica —la negación del derecho a existir— como ocurre respecto a Israel. La retórica del Gran Israel, recurrente en los comunicados de estas semanas, presenta toda acción israelí como expresión de una naturaleza expansionista esencial e inmutable, independientemente de cualquier decisión concreta del gobierno de turno.
Cuando se critica la política migratoria de EE.UU., nadie sugiere que EE.UU. debería dejar de existir. Cuando se condena la invasión rusa de Ucrania, nadie pone en cuestión la legitimidad del Estado ruso como tal.
El tratamiento de Israel es cualitativamente diferente, y esa diferencia exige explicación. La respuesta que muchos prefieren evitar es que esa singularización no se explica solo por las políticas del Estado israelí, por cuestionables que puedan ser en determinados momentos. Se explica también por el lugar que el judío ha ocupado en el imaginario europeo durante siglos: figura del poder abstracto, del capital sin patria, del cosmopolitismo sospechoso.
Hoy esas categorías reaparecen en el vocabulario poscolonial. El judío cosmopolita se convierte en colono blanco; el capital abstracto se convierte en brazo avanzado del imperialismo. El léxico cambia; la función simbólica permanece.
Esto es lo que la literatura académica llama antisemitismo estructural: no necesariamente el insulto directo ni el odio declarado, sino la persistencia de esquemas de significación donde el judío —codificado ahora como israelí o como sionista— ocupa el lugar del mal constitutivo. Israel no es tratado como un Estado que actúa mal, sino como un sujeto político que no debería poder actuar, porque su mera existencia es ilegítima.
La crítica no se dirige entonces a decisiones concretas —un gobierno, una operación militar, una ley específica— sino a la legitimidad misma de esa entidad soberana. Cuando la ilegitimidad es inmanente, cualquier acción confirma la culpa previa. Ningún otro Estado contemporáneo es evaluado bajo ese estándar.
El fanatismo como criterio interpretativo
Un ejemplo manifiesto lo constituye el comunicado difundido por Podemos en España el mismo día de la ofensiva, el 28 de febrero. En él se habla de guerra imperialista, cambio de régimen y proyecto del Gran Israel sin una sola referencia a la arquitectura del régimen iraní, a su programa nuclear o a su política regional.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, escribe en su cuenta de X que los ataques a Irán constituyen la “destrucción del Derecho Internacional y nos lleva a un mundo de agresiones continuas, con la impunidad como única norma”.
Las conclusiones políticas ya estaban escritas antes de que ocurriera nada. El conflicto no produjo el análisis; confirmó la tesis preexistente.
En Argentina el patrón se reprodujo con la misma rapidez. Dirigentes, intelectuales y analistas adoptaron el léxico del imperialismo y el genocidio sin detenerse en la especificidad del conflicto nuclear iraní, en las implicaciones para la estabilidad energética del Golfo o en las consecuencias para las poblaciones civiles de la región. El Golfo Pérsico se convirtió en pantalla de proyección de tensiones locales: el antiamericanismo histórico, el rechazo a la arquitectura atlántica, la sospecha hacia la globalización liberal.
No se trata solo de acusar agresión. En este caso se atribuyen motivaciones raciales al adversario. El ejemplo más obsceno fue el artículo de Atilio Borón en Página/12, el 1 de marzo: “Los dos ‘Estados canalla’ más peligrosos del mundo, Estados Unidos e Israel, lanzaron un sorpresivo ataque contra objetivos indiscriminados en Irán… Este ataque solo pudo ser realizado a partir de una convicción profunda por parte de la dirigencia israelí: que los iraníes son una ‘raza inferior’”. Esto no es un argumento, sino una proyección racista delirante.
El conflicto real se disolvió en la comodidad de categorías escatológicas. Esta forma de procesar los conflictos tiene una consecuencia práctica importante: vuelve imposible el debate. Si el resultado está fijado de antemano —Occidente e Israel son los agresores; los demás son víctimas o resistencias— no hay nada que examinar, solo algo que confirmar. La política se convierte en ritual de reconocimiento identitario.
Hipocresía revelada
Al priorizar la crítica geopolítica a Occidente, esta corriente termina por minimizar o relativizar las dinámicas represivas internas del régimen iraní, invisibilizando a sus víctimas. Una crítica coherente de las injusticias globales debería, por el contrario, mantener criterios normativos consistentes independientemente del actor implicado.
Este tipo de condenas se producen siempre con la misma estructura: actores preseleccionados, víctimas predesignadas, causas previamente atribuidas. El silencio sistemático sobre el régimen contrasta con la singularización de Israel como categoría moral absoluta, que no se explica solo por el análisis político sino por sedimentos históricos que el pensamiento crítico debería ser el primero en examinar en sí mismo.
Este cinismo no siempre es consciente. Con frecuencia es estructural: está incrustado en las categorías mismas con las que se percibe el mundo antes incluso de que haya algo que analizar. Por eso resulta tan resistente a la crítica. No se corrige simplemente con más información ni con una argumentación más rigurosa, porque no se trata de un error empírico sino de una disposición previa del pensamiento, casi una ortodoxia moral que organiza de antemano qué merece indignación y qué puede ser relativizado. En ese sentido, funciona más como una forma de fe que como una posición intelectual cuestionable.
Mientras esas matrices no sean sometidas a examen, cada acontecimiento será inmediatamente absorbido por el mismo esquema interpretativo: los hechos no obligan a reconsiderar las categorías, sino que son forzados a confirmarlas. El resultado es una falsa conciencia crítica que se vuelve impermeable a la realidad. Así, bajo la apariencia de lucidez política, se instala el mecanismo más eficaz para no pensar: convertir el juicio moral en reflejo automático.
