El 4 de noviembre de 1995, una crisis sacudió a la sociedad israelí. En su retirada de un acto por la paz, el primer ministro Itzjak Rabin -quien, tras su segunda elección al cargo en 1992, promovía un proceso diplomático con los palestinos- fue asesinado por Igal Amir, un joven sionista religioso, como consecuencia de una violenta campaña de demonización y polarización en torno al proceso de paz. Era el primer magnicidio en la historia israelí y tal vez –eso lo podemos juzgar hoy- el magnicidio más exitoso en la historia, en tanto llevó eventualmente al colapso del proceso de paz y la actual catástrofe que presenciamos hoy.
Además de las consecuencias políticas, el asesinato de Rabin generó importantes preguntas sobre cómo había sido posible tal descuido a la seguridad de un primer ministro que ya había recibido anteriormente numerosas amenazas a su vida. Es por eso que se estableció a mediados de noviembre una comisión oficial de investigación, liderada por Meir Shamgar -el presidente de la Corte Suprema-, el exmilitar Zvi Zamir y el jurista Ariel Rosen-Zvi. La comisión, que realizó 61 reuniones y se reunió con 72 testigos, recibió el nombre de su titular, como así también el informe que publicó, el 28 de marzo de 1996, donde se atribuyeron responsabilidades. La Comisión decidió no analizar el impacto sobre el asesino del lenguaje violento que había sido utilizado contra Rabin durante los meses que llevaron a su asesinato, pero sí determinó que el Servicio de Seguridad General (Shin Beth) no había tomado las medidas necesarias en base a la información a su disposición sobre el riesgo a la vida de Rabin. Entre otras consecuencias, el informe llevó a la renuncia de Carmi Guilón, por entonces jefe del Shin Beth, quien fue reemplazado por Ami Ayalon, así como otros miembros del aparato de seguridad. Se implementaron también cambios en los protocolos de trabajo de los servicios de seguridad israelíes.
Una tradición israelí
A pesar de la excepcionalidad de las circunstancias que llevaron a la formación de la Comisión Shamgar, esa no fue ni la primera ni la última situación en la que se hizo evidente la necesidad de un proceso transparente, imparcial y público de rendición de cuentas en la política israelí. Según el Instituto Israelí por la Democracia, existen en Israel tres tipos de comisiones de investigación: las comisiones parlamentarias, gubernamentales y estatales, en grados crecientes de formalidad y atribuciones políticas.
Las comisiones parlamentarias son formadas por decisión de los legisladores, quienes además las componen. Su única función es la de emitir recomendaciones para entidades estatales. Las comisiones gubernamentales, definidas según la Ley de Gobierno (2001), son formadas por un ministro con atribución sobre el tema, quien además define su composición. Por ejemplo, el ministro de defensa puede armar una comisión gubernamental para estudiar una falla determinada en el aparato de seguridad israelí.
Los informes de comisiones gubernamentales incluyen típicamente recomendaciones sobre pasos a mejorar para el futuro. Un ejemplo de este tipo de comisiones es la Comisión Winograd, formada para investigar los acontecimientos de la Segunda Guerra del Líbano (2006), que consistió de una crítica medida al proceso de toma de decisiones y ejecución en torno a la guerra, incluyendo la falta de preparación para la defensa civil, la falta de una estrategia clara de salida y la “oportunidad perdida” que implicó no conseguir una victoria clara para Israel, a pesar de las evidentes ventajas militares de las FDI sobre Hezbollah. En consecuencia, el entonces ministro de Defensa, Amir Peretz, y el jefe de Estado Mayor, Dan Halutz, dejaron sus cargos. Sin embargo, el primer ministro, Ehud Olmert, permaneció en el suyo, ya que la cadena de responsabilidades establecida no llegó a afectarlo.
Un siguiente paso, tanto en materia de atribuciones como de consecuencias políticas, es la comisión estatal de investigación. Estas se rigen de acuerdo a una ley de 1969, que las define esencialmente por su completo carácter de independencia política. El proceso que llevan adelante estas comisiones es de carácter cuasi judicial. Tras su creación por decisión del gobierno o del parlamento, la designación de sus miembros es un atributo propio del presidente de la Corte Suprema. Este tipo de comisiones cuenta con la facultad de convocar testigos de manera obligatoria. Sus informes incluyen recomendaciones que, por lo general, son acatadas, dado el peso que tienen en la opinión pública israelí.
Aunque pueda nos resultar extraño a los argentinos, el público israelí suele atribuir un peso significativo a las decisiones de las comisiones estatales. Por su parte, los gobiernos rara vez se sienten motivados a convocarlas, salvo como forma de apaciguar el clima de indignación que sigue a alguna catástrofe o fracaso notable. Además de la Comisión Shamgar, otros ejemplos de este tipo de comisiones son la Comisión Agranat, que investigó la falta de preparación israelí ante el ataque de Egipto y Siria que dio inicio a la Guerra de Iom Kipur de 1973; la Comisión Kahan, creada para examinar la responsabilidad israelí en la masacre de Sabra y Shatila de 1982, en el Líbano, y cuyas conclusiones derivaron en la renuncia del entonces ministro de Defensa, Ariel Sharon; y la Comisión Or, establecida para investigar los episodios de violencia de octubre de 2000 tras la visita de Ariel Sharon al Monte del Templo/Al-Haram al-Sharif, ocurridos principalmente dentro de Israel, aunque coincidentes con el inicio de la Segunda Intifada.
A lo largo de todas estas experiencias, las comisiones estatales de investigación pasaron a ocupar el rol de válvula de escape democrática, ofreciendo al público israelí garantías de llegar a la verdad, por más dolorosa que sea, atribuir responsabilidades a quienes corresponde y fortalecer al Estado y la seguridad de sus ciudadanos a través del aprendizaje de lecciones importantes derivadas de las fallas del pasado. Se convirtieron así en un mecanismo esencial para restaurar la confianza pública como método para salir de crisis políticas. En los largos años del gobierno de Netanyahu, no se ha formado una sola comisión estatal de investigación.
Tras el 7 de octubre
Inmediatamente después de la masacre del 7 de octubre, perpetrada por Hamás y otros grupos palestinos, sectores importantes de la sociedad israelí trazaron paralelismos entre esa situación y los acontecimientos que dieron lugar a la creación de la Comisión Agranat. Al igual que en 1973, vimos las peores consecuencias posibles del sostenimiento de una “concepción de seguridad” errónea, es decir, una premisa estratégica que subestimó la capacidad de un actor enemigo (en el pasado, Egipto y Siria; en el 2023, Hamas) de hacer daño a Israel. Al igual que en la década de 1970, la masacre de 2023 rompió algo fundamental en la relación de muchos israelíes frente al Estado, que requiere verdad y reparación para poder restituir la sensación de seguridad. Y también en este caso, se presenta la necesidad de investigar a amplios sectores de la estructura estatal (incluyendo miembros del aparato de seguridad, de inteligencia y de la política) haciendo uso de las atribuciones de una comisión estatal.
Sin embargo, el gobierno de Netanyahu ha sostenido hasta ahora una política de rechazo al establecimiento de una comisión estatal de investigación. Los argumentos han ido variando: desde la dificultad de conformar una comisión de este tipo en tiempos de guerra hasta afirmaciones explícitas del propio Netanyahu, quien sostiene que -a la luz de la visible enemistad entre el primer ministro y la Corte Suprema, cuyas atribuciones intenta recortar desde hace tiempo- una instancia de este tipo sería politizada y sesgada en su contra.
Familias de las víctimas, rehenes liberados y organizaciones de la sociedad civil -entre ellas, el Movimiento por un Gobierno de Calidad- presentaron una petición ante la Corte Suprema exigiendo una comisión estatal de investigación. Las encuestas de opinión pública muestran de forma consistente un apoyo mayoritario a la creación de una comisión estatal: una de las más recientes, conducida por el Instituto Israelí por la Democracia en enero de 2026, muestra que 55% de los israelíes apoya el establecimiento de una comisión estatal frente a 22% que prefiere una comisión gubernamental. Las diferencias son notables si se desglosan esos números de acuerdo a identificación política: entre israelíes que se autodefinen de izquierda, el apoyo es de 100%, mientras que los de centro la apoyan en un 84%. Sin embargo, si comparamos estos datos con los de un estudio de la misma entidad realizado a mediados de 2024, observamos que el apoyo a una comisión estatal -que sigue siendo mayoritario- descendió un 12%. Esto podría reflejar una menor visibilidad del tema como prioridad pública o la emergencia de amenazas de seguridad consideradas más urgentes por muchos israelíes, como Irán y Hezbollah. A pesar de estos cambios, los números muestran que la mayoría de los israelíes entienden que Netanyahu y los miembros de su gobierno no pueden juzgarse a sí mismos si se espera llegar a la verdad sobre lo sucedido el 7 de octubre.
Una deuda pendiente
Con el paso de los meses, investigaciones parciales nos dieron más información para ir resolviendo el complejo rompecabezas que fue el 7 de octubre. Algunos familiares de rehenes y de víctimas han elevado la demanda y ahora exigen que la comisión de investigación a formarse debe no solo entender qué fracasó para llegar hasta el 7 de octubre, sino que también debe investigar las fallas durante la guerra misma, para llegar a entender por qué se demoró tanto tiempo y se perdieron tantos rehenes hasta que se firmó un cese al fuego en octubre de 2025. El planteo subyacente a esta idea es que el gobierno priorizó su guerra contra Hamas en parte por consideraciones políticas, dejando de lado el objetivo de liberar a los secuestrados como prioridad durante la guerra, incluso cuando quedaba claro para la gran mayoría de los israelíes que liberarlos requería un cese al fuego.
Mientras tanto, Netanyahu también elevó la apuesta: tras la presentación de una propuesta parlamentaria en diciembre pasado para formar una comisión gubernamental, afirmó que la misma debería investigar todos los acontecimientos que llevaron al 7 de octubre, incluyendo la firma de los Acuerdos de Oslo, la retirada unilateral de Gaza de 2005 y las protestas contra la “reforma judicial” (en la práctica, cambio de régimen) de 2023. Tras estas declaraciones, quedaba clara la voluntad de Netanyahu de escapar de toda responsabilidad por los fracasos de su gobierno, atribuyéndolos a la oposición. En respuesta, el jefe de la oposición, Yair Lapid, anunció que “los responsables directos del desastre formarán una comisión de encubrimiento con el único propósito de absolverse a sí mismos”. Yair Golan, jefe del partido Hademocratim, declaró que “este intento patético de armar una investigación politizada es en la práctica una admisión de responsabilidad”.
A dos años y medio del 7 de octubre, todavía hay una disputa abierta en torno a la narrativa de los acontecimientos antes, durante y después de la masacre. Aunque ahora esta realidad esté nublada por la guerra con Irán, a 30 años de la Comisión Shamgar queda claro que Israel tiene los mecanismos institucionales para garantizar la rendición de cuentas y la restauración de la confianza pública. Pero también queda claro, más que nunca antes en la historia del país, que Netanyahu está dispuesto a quemar todos los mecanismos institucionales que garantizan la democracia israelí con tal de garantizar su permanencia en el poder.
Foto de portada: la Comisión Shamgar en funcionamiento.
