Esta semana, Benjamín Netanyahu forzó a la Knéset a designar a su abogado personal como contralor del Estado de Israel, el funcionario encargado de supervisar la acción del gobierno, incluida la investigación sobre las fallas que rodearon el 7 de octubre. Los legisladores oficialistas recibieron instrucciones de fotografiar sus papeletas. Una derrota en la primera ronda fue revertida mediante presiones evidentes. La oposición ya recurrió a la Corte Suprema. El mismo patrón se repitió en los nombramientos vinculados al Shin Bet y al Mossad: lealtad por encima de independencia, fidelidad personal por encima de integridad institucional.
No actúa como alguien convencido de la solidez de su gestión. Actúa como alguien que teme las consecuencias de una investigación honesta sobre el 7 de octubre. Pero hay una verdad incómoda que debería encuadrar cualquier discusión seria sobre responsabilidades políticas en Israel: si observamos los antecedentes de las democracias occidentales con las que el país suele compararse, Netanyahu tiene poco que temer. La pregunta es por qué se comporta como si realmente tuviera motivos para preocuparse y qué debería concluir la sociedad israelí de ese comportamiento.
I
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos produjo una cantidad extraordinaria de investigaciones oficiales. Hubo una Comisión del 11-S, una Comisión sobre las Armas de Destrucción Masiva, un informe del Senado sobre la tortura, de 6.700 páginas -todavía en gran medida clasificado- y numerosas investigaciones militares sobre Abu Ghraib.
Las conclusiones fueron demoledoras. La inteligencia había sido manipulada para justificar la guerra. La tortura había sido sistemática y autorizada desde los niveles más altos del gobierno. Funcionarios de primera línea habían engañado al Congreso y a la opinión pública.
El Reino Unido fue incluso más lejos. La Investigación Chilcot dedicó siete años a examinar la toma de decisiones que condujo a la guerra de Irak. Su informe final, de 2,6 millones de palabras, concluyó que la intervención militar se había lanzado antes de agotar las alternativas pacíficas y sobre la base de información de inteligencia presentada con un grado de certeza que los hechos no justificaban.
¿El resultado? Ningún alto responsable político enfrentó consecuencias penales en ninguno de los dos países.
Ni uno solo. La administración Obama convirtió esta actitud en una doctrina explícita: «Debemos mirar hacia adelante, no hacia atrás». El Departamento de Justicia cerró todas las investigaciones sin presentar cargos. En Gran Bretaña, Tony Blair expresó arrepentimiento, pero insistió en que había tomado la decisión correcta.
Los sistemas político y judicial, actuando en conjunto, produjeron verdad sin consecuencias. Las investigaciones terminaron sustituyendo a la rendición de cuentas en lugar de conducir a ella. Absorbieron la demanda pública de responsabilidades y luego archivaron silenciosamente sus conclusiones.
II
Pero no fueron solo los políticos y los fiscales quienes fallaron.
También falló la prensa, la institución a la que las democracias encomiendan la tarea de controlar al poder cuando el Estado se niega a controlarse a sí mismo.
No es que los periodistas hayan dejado de criticar al gobierno después del 11 de septiembre. Los medios estadounidenses y británicos cuestionaron políticas económicas, escándalos partidarios, estrategias electorales e incluso ciertos aspectos de la conducción militar.
Lo que no hicieron fue desafiar el marco interpretativo surgido del trauma nacional.
Los investigadores W. Lance Bennett, Regina Lawrence y Steven Livingston demostraron este fenómeno en su influyente estudio None Dare Call It Torture («Nadie se atreve a llamarlo tortura»), publicado en 2006 en el Journal of Communication.
A pesar de la abundante evidencia de que Abu Ghraib era la expresión de una política de tortura autorizada desde las más altas esferas del poder -evidencia presente en documentos oficiales, informes de la Cruz Roja y testimonios de detenidos-, los principales medios estadounidenses adoptaron el lenguaje de la administración Bush.
Hablaron de «abusos». No de «tortura». La diferencia no era semántica.
«Abuso» remitía a la conducta desviada de algunos individuos. «Tortura» implicaba responsabilidad institucional y política. Al elegir una palabra y no la otra, la prensa preservó intacto el marco de interpretación dominante.
Aquí entra en juego la conocida «hipótesis de la indexación» desarrollada por Bennett: los medios no desafían al poder de manera completamente autónoma. Tienden a ajustar sus coberturas al rango de desacuerdos existentes entre las élites políticas.
Cuando las élites discrepan, la prensa amplifica esas diferencias. Pero cuando las élites comparten un consenso básico -como ocurrió con las premisas centrales de la Guerra contra el Terrorismo-, los medios terminan reproduciéndolo.
Las críticas pueden aparecer en los márgenes, pero el relato central permanece intacto.
Una sociedad cohesionada por el trauma difícilmente genere las fracturas entre las élites que permitirían a la prensa desafiar el consenso dominante.
Quien haya seguido el comportamiento de los medios israelíes desde el 7 de octubre reconocerá inmediatamente este patrón.
III
Si el sistema político no va a exigir responsabilidades a sus propios dirigentes, y si la prensa es incapaz de romper el marco que los protege, surge una pregunta inevitable: ¿Quién puede hacerlo? La respuesta, una y otra vez, ha sido la misma: la sociedad civil.
Y solo la sociedad civil.
En Estados Unidos, la ACLU logró forzar la desclasificación de más de cien mil páginas de documentos relacionados con la tortura, construyó una base de datos pública de pruebas y promovió la única demanda judicial que llegó a examinar directamente las responsabilidades de los arquitectos del programa.
El Centro por los Derechos Constitucionales obtuvo cuatro fallos de la Corte Suprema que limitaron la capacidad del Poder Ejecutivo para crear zonas exentas del control judicial.
En Europa, litigios impulsados por organizaciones de derechos humanos produjeron condenas contra Polonia, Lituania y Rumania por su colaboración con el programa de prisiones secretas de la CIA.
Estas organizaciones hicieron aquello que los gobiernos se negaron a hacer y que la prensa no pudo sostener por sí sola: mantuvieron viva durante años, e incluso décadas, la exigencia de responsabilidades. Construyeron un archivo de pruebas capaz de sobrevivir a los cambios políticos y a los ciclos de atención pública.
Aun así, los resultados fueron limitados.
En 2020, Donald Trump indultó a los contratistas de Blackwater condenados por la masacre de catorce civiles iraquíes, anulando el único caso significativo en que el sistema había conseguido sancionar a los responsables.
Sin embargo, existe un ejemplo excepcional: Argentina.
Tras la caída de la dictadura militar en 1983, el camino hacia la justicia estuvo lejos de ser lineal. Los juicios a las juntas de 1985 produjeron condenas históricas, pero luego llegaron las leyes de obediencia debida y punto final, seguidas por los indultos presidenciales.
Durante años pareció que la impunidad había triunfado definitivamente.
No fue así.
Las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y otras organizaciones surgidas durante la dictadura mantuvieron vivo el reclamo, preservaron la documentación y rechazaron la idea de que el caso estuviera cerrado.
Cuando se abrió una nueva oportunidad política a comienzos de los años 2000, el trabajo ya estaba hecho. Las leyes de impunidad fueron anuladas, los juicios se reanudaron y las condenas continuaron durante más de una década.
Hay que reconocer un hecho fundamental: nada de esto habría sido posible sin una ruptura política previa. La caída del régimen militar creó un espacio que la sociedad civil, por sí sola, nunca habría podido generar.
Pero esa ruptura tampoco habría significado nada sin treinta años de perseverancia de quienes conservaron las pruebas, sostuvieron el reclamo moral y evitaron que la demanda de justicia quedara reducida a una nota al pie de la historia.
El régimen cayó. El archivo estaba listo.
Fue la combinación de ambas cosas lo que hizo posible la justicia.
IV
Netanyahu comprende todo esto, probablemente mejor que muchos de sus críticos.
Sabe que los Estados democráticos rara vez exigen responsabilidades a sus dirigentes por decisiones tomadas bajo la sombra de un trauma nacional.
Sabe que incluso una prensa vigorosa suele terminar protegiendo los marcos interpretativos que emergen de esos traumas.
Pero también sabe algo más, algo que debería preocupar a todos los ciudadanos israelíes.
Sabe que el expediente sigue abierto.
Sabe que las pruebas que hoy están acumulando el contralor saliente, los periodistas y las familias de las víctimas del 7 de octubre sobrevivirán a cualquier protección política circunstancial.
Por eso la cuestión no es si algún día habrá una investigación seria, sino cuándo ocurrirá y qué revelará.
No intenta protegerse del presente.
Intenta protegerse del futuro.
Sus movimientos de esta semana constituyen, quizás, la admisión más clara de que teme lo que una investigación independiente podría descubrir.
La lección que dejan Washington, Londres y Buenos Aires es sencilla y al mismo tiempo incómoda: los políticos no suelen ofrecer rendición de cuentas después de una crisis nacional.
El sistema judicial rara vez la impone cuando la clase política comparte el interés de evitarla.
La prensa no rompe el consenso hasta que ese consenso comienza a fracturarse desde arriba.
Solo la sociedad civil -organizada, perseverante y capaz de sostener sus reclamos durante décadas- ha conseguido alguna vez reabrir causas que el poder pretendía clausurar.
Y, aun así, lo logró únicamente cuando entendió que su tarea no consistía en esperar que el sistema funcionara por sí mismo, sino en construir un archivo de pruebas tan sólido que, tarde o temprano, el propio sistema se viera obligado a enfrentarlo.
Esa es la decisión que enfrenta hoy la sociedad israelí.
No si Netanyahu tiene miedo. Sus acciones ya respondieron esa pregunta.
La verdadera cuestión es si una sociedad que perdió a más de 1.200 personas el 7 de octubre estará dispuesta a sostener, durante el tiempo que sea necesario, la exigencia de verdad y de responsabilidades, hasta que esa verdad produzca finalmente consecuencias.
