Colombia cerró este domingo 21 de junio una de las elecciones más tensas de su historia reciente con el triunfo de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda, en una segunda vuelta que no solo definió la sucesión de Gustavo Petro, sino también el fin —al menos por ahora— del primer ciclo izquierdista colombiano en el poder. El resultado, ajustado y políticamente cargado, marca un giro profundo desde un intento de propuesta reformista, social y ambiental del petrismo a una derecha de orden, mercado, punitivismo y alineamiento explícito con el nuevo bloque conservador latinoamericano y con el trumpismo.
La victoria de De la Espriella no puede entenderse únicamente como el triunfo de un candidato. Es la expresión electoral de una reacción social y política contra el gobierno de Petro, contra sus conflictos institucionales, su retórica y contra una agenda que logró instalar temas centrales como desigualdad, paz, ambiente, derechos sociales y redistribución de la riqueza pero que no pudo traducirlos en capacidades estatales y gobernabilidad estable. Colombia votó en un clima de tensión y polarización. Y en ese clima, la promesa de autoridad se impuso sobre la promesa de continuidad reformista.
Por su parte, Iván Cepeda llegó a la segunda vuelta como heredero político del ciclo abierto en 2022. Su candidatura expresaba una izquierda institucional, ligada a los derechos humanos, al proceso de paz, a las víctimas del conflicto armado y a una tradición democrática progresista que buscó diferenciarse del estilo más personalista de Petro. En la recta final, Cepeda intentó moderar su programa dejando atrás la idea de una Asamblea Constituyente, redefiniendo la “paz total” y tendiendo puentes hacia sectores de centro y centroderecha, aunque sin éxito. El oficialismo cargó con el desgaste de cuatro años de gobierno y con la dificultad histórica de defender reformas en un país donde el miedo a la inseguridad suele ordenar más que cualquier promesa de justicia social.
De la Espriella, en cambio, hizo de ese miedo una plataforma. Su campaña se apoyó en un discurso de mano dura contra el crimen, rechazo a las negociaciones con grupos armados, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, reducción del Estado, baja de impuestos y recuperación del sector petrolero y gasífero. Es una derecha que habla el lenguaje de la eficiencia, pero también el de la revancha, anclada en un debate que parecía superado, pero que socialmente está muy vigente. Una derecha que promete terminar con la “permisividad” del petrismo, restaurar autoridad y devolver confianza a los mercados. En esa síntesis aparecen tres núcleos ideológicos marcados por el punitivismo en seguridad, el liberalismo económico y el conservadurismo político frente a la agenda progresista o liberal social.
El resultado obliga a una lectura incómoda. Petro no perdió solamente por la presión de las élites o por la reunificación de la derecha sino porque también una parte de la sociedad colombiana no sintió que el cambio prometido hubiera mejorado de manera suficiente su vida cotidiana. La inseguridad y la persistencia de grupos armados, la fragmentación del Congreso y la corrupción, las tensiones fiscales y la percepción de improvisación erosionaron la legitimidad de un gobierno que había despertado expectativas enormes. El petrismo intentó modificar el lenguaje de la política colombiana, pero no logró consolidar una mayoría social suficientemente amplia para defender su continuidad.
La gestión de Gustavo Petro deja un balance ambivalente. En lo social puso en el centro a los sectores postergados incluyendo trabajadores, campesinos, pueblos indígenas, juventudes populares, mujeres y víctimas del conflicto. Impulsó una agenda de ampliación de derechos y buscó una reforma laboral con respaldo sindical. También intentó ubicar la paz como política de Estado y no como concesión a los violentos. Esa orientación tuvo un valor histórico tras décadas de hegemonía conservadora y liberal tradicional, discutiendo la desigualdad no como una externalidad, sino como un problema político central. Pero también mostró límites severos. La economía creció, pero sin la potencia suficiente para disipar la ansiedad social, sostenida en mayor erogación estatal. La inversión privada se mantuvo débil en varios tramos del gobierno. La transición energética, necesaria desde una perspectiva ambiental, fue presentada muchas veces sin una estrategia convincente de reemplazo productivo para un país que todavía depende de hidrocarburos, carbón y exportaciones primarias. La paz total, a su vez, quedó atrapada entre una intención políticamente audaz y una realidad territorial más dura donde grupos armados fragmentados, economías informales, disputas territoriales locales y una ciudadanía cansada de promesas incumplidas.
Podemos agregar también un cambio de vínculo entre Israel y Colombia. Con De la Espriella en el poder, hay promesa de realineamiento internacional de Colombia con el eje de las derechas continentales. El nuevo presidente llega en sintonía con una constelación regional que incluye a Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, Santiago Peña en Paraguay, José Antonio Kast en Chile, Daniel Noboa en Ecuador, Luis Abinader en República Dominicana, Mulino en Panamá, Nasry Asfura en Honduras, Laura Fernández en Cosa Rica y eventualmente Keiko Fujimori en Perú. Cada uno tiene particularidades nacionales, pero comparten una matriz común de crítica a la izquierda o progresismo, una fuerte reivindicación del orden, centralidad de la seguridad, impugnación del Estado social y una comunicación directa, emocional y polarizante.
El vínculo con Estados Unidos será uno de los ejes del nuevo ciclo. Durante el gobierno de Petro, la relación con Washington estuvo atravesada por tensiones en política antidrogas, ambiente, Venezuela, seguridad regional e Israel. Con De la Espriella, es esperable un acercamiento más explícito a la Casa Blanca, especialmente si se consolida una agenda común en materia de seguridad, migración, narcotráfico, defensa e inversiones. Colombia volvería a ocupar el lugar de aliado estratégico privilegiado de Washington en Sudamérica, pero ahora con un tono ideológico más marcado dado no solo cooperación estatal, sino alineamiento político dentro de una disputa hemisférica contra las izquierdas.
Ese giro tendrá efectos regionales. Para Milei, el triunfo de De la Espriella significaría la ampliación de una derecha latinoamericana que reivindica el ajuste, la desregulación y la batalla cultural contra el progresismo. Para Bukele, implicaría la legitimación de un modelo de seguridad de mano dura que se exporta como receta regional, incluso cuando acumula cuestionamientos por garantías, estado de excepción y concentración de poder. Para el trumpismo, Colombia puede volver a funcionar como plataforma geopolítica frente a Venezuela, Cuba, Nicaragua y los gobiernos de izquierda o centroizquierda de la región. La presidencia de De la Espriella, en ese sentido, no será solo colombiana sino parte de un tablero continental.
La pregunta central es qué costo puede tener ese reordenamiento. Colombia tiene una historia marcada por la violencia política, el paramilitarismo, el narcotráfico, la persecución de liderazgos sociales y la fragilidad de los acuerdos de paz. Por eso, una política de seguridad que ignore la raíz social y territorial del conflicto corre el riesgo de repetir viejos errores. La demanda de seguridad es legítima y nadie puede pedirle paciencia abstracta a una comunidad extorsionada, amenazada o encerrada por históricos actores armados. Pero convertir la seguridad en pura expansión penal puede derivar en una democracia de excepción y de baja intensidad a lo Bukele con más cárceles, más militares, más vigilancia y menos Estado social.
De la Espriella buscará enviar señales rápidas a los mercados con la vuelta al neoliberalismo pero con agenda del siglo XXI. Baja de impuestos, reducción del aparato estatal, estímulo a la inversión privada y fortalecimiento de petróleo y gas. Para los sectores empresariales, su triunfo puede leerse como una promesa de previsibilidad después de años de tensión con Petro. Pero el programa también enfrenta límites concretos. Colombia tiene deuda pública elevada, un Congreso fragmentado y demandas sociales que no desaparecen con un cambio de gobierno. Achicar el Estado puede ser una consigna eficaz en campaña, pero gobernar un país desigual exige financiar salud, educación, infraestructura, seguridad, justicia y presencia territorial. La pregunta no es solo cuánto Estado habrá, sino para quién funcionará.
Para la izquierda colombiana -y latinoamericana-, la derrota tiene que dejar una lección dura. No alcanza con querer tener razón sobre la desigualdad, el ambiente o la violencia estructural sino que hay que construir mayorías, gestionar bien, ordenar expectativas, comunicar con eficacia y responder a la inseguridad sin regalarle el tema a la derecha.
Colombia entra ahora en una etapa de alta incertidumbre. El nuevo presidente tendrá legitimidad electoral, pero recibirá un país dividido casi en mitades. Si gobierna solo para su base, profundizará la polarización. Si convierte la seguridad en cruzada ideológica, pondrá en tensión los acuerdos democráticos. Si reduce la política social en nombre del ajuste, puede alimentar el mismo malestar que dice venir a resolver. Y si alinea la política exterior colombiana de manera automática con las derechas regionales y Estados Unidos, corre el riesgo de convertir al país en pieza de una guerra cultural continental antes que en actor soberano con intereses propios.
El triunfo de Abelardo de la Espriella marca el cierre del ciclo Petro y el inicio de una restauración derechista con rasgos actuales. Colombia no votó simplemente por un cambio de presidente, votó por una reorientación del Estado, de la seguridad, de la economía y de su lugar en América Latina.
