Donald Trump decidió desengancharse de Medio Oriente y por eso no volverá a la guerra con Irán. Se convenció de que es la única manera de salir de la trampa en la que se metió solo en febrero, y parece importarle poco irse sin imponer condición alguna al régimen. Nunca reconocerá el fracaso. En ese escenario, los actores regionales empezaron a delinear una nueva realidad geopolítica sin Estados Unidos en el centro de la escena. Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, las tres potencias sunitas más relevantes del mundo musulmán, sellaron en La Meca una alianza de defensa mutua. Casi en simultáneo, Irán dejó en claro —al avanzar con Omán en la gestión del estrecho de Ormuz— que ni la vía militar ni la diplomática, y mucho menos las amenazas, le alcanzan a Washington para doblegarlo, como hizo con Venezuela.
Otro escenario del que se retira Estados Unidos
El estrecho de Ormuz se convirtió en el arma de extorsión más eficaz del régimen, por encima incluso de su programa nuclear. Drones, lanchas artilladas y minas navales le permitieron regular a su antojo el tránsito por esa arteria central del petróleo mundial. Con sus misiles de medio y largo alcance, además, Irán envió un mensaje inequívoco a sus vecinos: la infraestructura vital de esos países pasó a ser un blanco legítimo si colaboraban con un eventual ataque de Estados Unidos. El mensaje de fondo es otro: Washington no puede garantizarles seguridad.
Ni Trump ni sus socios de las monarquías del Golfo están dispuestos a pagar el costo, económico y humano, de una guerra prolongada para frenar o desarmar al régimen iraní. El presidente estadounidense no quiere llegar aún más golpeado a las elecciones de medio término de noviembre. Los países árabes, mientras tanto, sacaron su propia conclusión: la seguridad que Washington les había prometido no llegó. Y no se quedaron de brazos cruzados.
Con su repliegue, Trump deja un Medio Oriente muy distinto al que existía el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron los primeros ataques contra Irán, pero también muy distinto al que soñaba aquel día cuando ejecutó la avanzada. Esto quedó más claro que nunca al ver cómo se consolidan dos bloques de poder en la región: el sunita y el chiita. La alianza entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán —bautizada Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca— es un gesto político y militar con un mensaje directo: no depender de nadie en materia de seguridad, y mostrarles tanto a Irán como a Israel que los tres países sunitas más poderosos están dispuestos a disputar poder en la región.
Los nuevos socios
Se trata de tres actores de peso político, económico, militar y nuclear. Mohammed bin Salman, Erdogan y Shehbaz Sharif dejaron de lado sus diferencias históricas y firmaron un pacto que incluye una cláusula de asistencia mutua ante agresiones armadas: un ataque contra cualquiera de los tres será considerado un ataque contra todos. Es, en los hechos, un «no confiamos en tu paraguas de seguridad» dirigido a Washington, después de que la guerra con Irán dejara a varios países árabes expuestos y sin protección real. El acuerdo, además, profundiza un vínculo previo: Arabia Saudita y Pakistán ya habían firmado un pacto de defensa mutua en septiembre del año pasado.
Para Teherán, la señal es preocupante. Irán interpreta este realineamiento de las potencias sunitas como una respuesta a la presión que ejerce sobre sus vecinos del Golfo a través del control de facto de Ormuz y el respaldo a los hutíes en el Mar Rojo. Irán, sin abandonar su retórica desafiante hacia Trump, avanzó con Omán en una nueva ruta de tránsito conjunta por el estrecho. Pero la letra chica importa: la reapertura plena del paso sigue supeditada a que Estados Unidos levante el bloqueo sobre los puertos iraníes, algo que todavía no ocurrió. Aun así, el mensaje de Teherán es de fortaleza: el régimen no solo sobrevivió a más de un mes de bombardeos del ejército más poderoso del mundo, sino que ahora se posiciona para registrar, supervisar y hasta condicionar el paso de buques por una de las vías energéticas más sensibles del planeta. Pero todo tiene un costo y, en este caso, para Irán es la unión sellada en La Meca días atrás. Para el régimen, aun así, todo es ganancia.
Para Israel, el pacto de La Meca funciona como una señal de alarma. Jerusalén ve cómo las potencias sunitas se rearman política y militarmente frente a la reconfiguración regional que Israel busca imponer desde el 7 de octubre. El propio ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, afirmó apenas horas después de la firma del acuerdo que Israel representa “una amenaza para todo el mundo musulmán” y pidió la conformación de “un frente militar unificado” contra él. “En el contexto de Israel, todos los países musulmanes deben unirse, no tengo ninguna duda al respecto”, declaró. Lo están haciendo.
No es la primera vez que Asif eleva el tono contra Israel: meses atrás ya lo había calificado de “maldición para la humanidad” y “Estado canceroso”, comentarios que en su momento generaron una dura respuesta de Netanyahu y del canciller Gideon Sa’ar, que los calificaron de abiertamente antisemitas.
Netanyahu pone en juego su poder
En un Medio Oriente que reacomoda el tablero mientras observa cómo Estados Unidos se retira sin haber resuelto nada de fondo, con las potencias sunitas blindándose entre sí para marcarle la cancha a Washington y mientras Irán negocia desde una posición de fuerza relativa sobre el estrecho más sensible del planeta, Israel vota.
Bibi Netanyahu tiene chances reales de seguir siendo primer ministro. Lo viene siendo desde 2009, con la única excepción de un año en que tuvo que cederle el poder a una coalición que terminó colapsando. Su responsabilidad política por las fallas de seguridad del 7 de octubre de 2023 —las más graves en la historia del país—, no haber cumplido los objetivos que se propuso de terminar con Hamas, cambiar el régimen iraní y eliminar la amenaza nuclear, sumado a sus causas de corrupción, son los principales argumentos electorales de sus rivales.
Entre ellos, el mejor posicionado es Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor israelí que integró brevemente el gabinete de guerra de Netanyahu y hoy lidera el partido Yashar, cabeza a cabeza con el Likud en las encuestas. Uno de los dos va a encabezar la coalición que gobierne Israel en los próximos cuatro años, con decisiones que van a marcar el rumbo del país.
La oferta electoral en Israel está atravesada por la guerra y la seguridad: es la agenda que domina la discusión pública, y la usan tanto Bibi como la oposición. Qué hacer con Gaza, donde Israel mantiene el control del 70% del territorio y Hamas sigue en pie. Cómo terminar con la amenaza de Hezbola mientras siguen las conversaciones con el Líbano. Cómo frenar el descontrol de los grupos de colonos extremistas, que el embajador de Estado Unidos en Israel no dudó en calificar como terroristas, que atacan a palestinos en Cisjordania. Y cómo gestionar la relación con Trump y reconfigurar los vínculos regionales y globales de Israel, dañados tras las guerras en Gaza e Irán.
Lo que se define el 27 de octubre es cómo gestionar esos asuntos: si sigue el gobierno más extremo de la historia en donde conviven los sectores nacionalistas y religiosos más radicalizados, y que presenta el poder militar como única herramienta de seguridad, o si emerge una coalición de centroderecha que busque recomponer la posición diplomática de Israel en la región y a nivel global, aunque sin ningún cambio de fondo respecto de los palestinos.
El impacto del 7 de octubre en la sociedad israelí se refleja en la propia oferta electoral: desaparecieron las opciones de negociación con los palestinos y, por primera vez en muchos años, nadie se anima siquiera a mencionar la fórmula de dos pueblos para dos Estados.
Lo que parece claro es que gane quien gane en Israel, deberá dar respuestas, más temprano que tarde, ya sin el respaldo directo de Estados Unidos en el terreno, ante un vecindario sunita que empieza a moverse por su cuenta y un Irán de pie que complican los planes de Netanyahu de reconfigurar Medio Oriente a su medida.
