No he visto la película. Escribo sobre lo que el gobierno de Israel no hace —y que le da a esa película toda su fuerza.
Se cuenta —y la anécdota es probablemente apócrifa, aunque verdadera en el único sentido que importa— que durante la ocupación alemana de París un oficial de la Gestapo entró en el taller de Picasso, vio una reproducción del Guernica y preguntó: “¿Esto lo hizo usted?”. Picasso habría respondido: “No. Esto lo hicieron ustedes”. Guardo la escena, porque a la pregunta que hoy divide a Israel —“¿quién hizo el documental Naza?”— la única respuesta seria es la de Picasso: lo hizo este gobierno.
Empiezo por una confesión de método, no por una disculpa. No he visto Naza. No se estrenó en Israel, y no voy a pronunciarme sobre lo que no vi. Por eso mismo me aparto de los dos bandos que estos días opinan a los gritos sin haberla visto: quienes la condenan como “calumnia” o “traición” y hasta piden quitarles la ciudadanía a sus autores sin verla; y quienes la aplauden en automático sin verla. Mi tema no son sus fotogramas. Mi tema es el vacío que la rodea —lo único que puedo juzgar con pruebas—, y ese vacío es obra de este gobierno.
Recordemos los hechos, que no están en disputa. Naza —נזא, sigla de nézek agaví, “daño colateral”, el número de civiles que se calcula que morirán en un ataque— es un documental de Yuval Abraham y Rachel Szor, los mismos que ganaron el Óscar de 2025 con No Other Land. Se estrenó en la competencia oficial de Venecia el 10 de septiembre y recibió la ovación de pie más larga en la historia del festival, unos veinticinco minutos; el jurado le dio su Premio Especial. Reúne los testimonios de veinticuatro israelíes —oficiales de inteligencia y soldados, con el rostro y la voz ocultos— sobre cómo se mató a distancia en Gaza. Son ellos, no yo, quienes hablan de una política deliberada y hasta pronuncian las palabras “crímenes de guerra” y “genocidio”.
Miren ahora la respuesta del Estado. No fue “investiguemos si esto es cierto”. Fue la amenaza. El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ordenó estudiar acciones legales y calificó la película de “libelo de sangre” —dos veces—, pero enseguida agregó una frase que se puede leer de dos maneras: “No he visto la película, no sé a quién entrevistaron ni qué o quién está detrás”. La lectura fácil es que debería avergonzarlo: condenar sin haber visto. Cabe otra, más fina y quizá más real: que el propio jefe del Estado Mayor sienta la necesidad de aclarar que no la vio y que no sabe quién está detrás es una reserva —una grieta en el coro que repite la versión oficial—, el reconocimiento a media voz de que el asunto no se zanja por decreto sino investigando. Dicho así, “juzgar sin ver” no afirma la culpa de nadie: advierte que sin ver —sin investigar— no hay veredicto posible. Su cautela es, casi contra su voluntad, un llamado a la comisión que su gobierno niega. No sería la primera vez que este jefe del Estado Mayor se distancia del primer ministro: ya chocó con él por la ofensiva sobre la ciudad de Gaza, advirtiendo por la suerte de los rehenes y por el desplazamiento de un millón de personas —tanto, que el entorno de Netanyahu lo acusó de “golpismo” y, según se informó, lo marcó para el despido—. El ministro de Cultura pidió quitarles la ciudadanía a los directores por traición; Netanyahu habló de incitación y antisemitismo; se abrió una causa por traición. A los testigos les llueven amenazas de muerte. Una sociedad entera se moviliza no para averiguar si se mató a inocentes, sino para castigar a quien lo dice. El sociólogo Stanley Cohen llamó a esto “negación de las consecuencias”: admitir los hechos y rechazar su significado moral.
Hay una pieza que corona esta lógica y merece nombrarse, porque circula como si fuera una investigación: un dossier que “demuestra” que Naza es una “operación de guerra híbrida” de Hamás. ¿Cómo lo demuestra? No refutando un solo testimonio de la película —eso no lo hace, no puede—, sino rastreando vínculos: el socio político de un director, el hermano de ese socio, una ONG, el fundador de esa ONG, una conferencia de hace diez años, una designación administrativa. Al final del rosario se anuncia la conclusión que ya estaba en la primera línea: la película es terrorismo. Es la falacia genética —descalificar algo por su origen y no por su contenido— hecha industria. Pero aunque cada eslabón fuera cierto —y muchos son designaciones del propio gobierno, no fallos de un tribunal—, no movería un milímetro la única pregunta que importa: un testimonio sobre matar a una familia de noche es verdadero o falso con independencia de quién edite Wikipedia. Peor aún: para probar la “red detrás del film”, el dossier recicla una lista negra que el gobierno ya había dictado meses antes, en mayo, por un motivo del todo distinto —un artículo de opinión en el New York Times sobre presos palestinos—, con la que vetó la entrada al país a cuarenta personas de una organización de derechos humanos. Se toma una proscripción vieja, hecha por otra cosa, y se la pega al documental como si fuera su radiografía. La función de todo esto no es probar que el film miente: es volver innecesario mirarlo. Si el mensajero es una red terrorista, uno se ahorra el mensaje. No produce un argumento, sino listas de proscritos. Eso no es investigar; es lo contrario de investigar. Un Estado seguro de su inocencia abre una comisión y responde; un Estado que fabrica dossiers de conspiración y listas negras confiesa que no tiene respuesta.
Se dirá —lo dicen incluso periodistas serios que sí la vieron, como Raviv Drucker— que Naza tiene fallas: testimonios sin un solo caso comprobable, sin fecha ni lugar, sin la otra cara. Puede ser; no lo arbitro, no la vi. Pero reparen en la trampa. El mismo gobierno que impidió que existiera un registro verificable —sin comisión, sin periodistas, sin examen público de lo que hizo su ejército— es el que ahora exige pruebas verificables a quien lo acusa. Fabricó él la única prueba que hoy desautoriza. Es romper el termómetro y negar después la fiebre porque “no hay medición”.
Hay algo que ninguna objeción a la película puede tocar, porque no depende de ella. El sociólogo militar Yagil Levy —el estudioso más riguroso del ejército israelí— tiene documentado, desde mucho antes de Naza, que Israel combate según una doctrina explícita: la “transferencia del riesgo” de sus propios soldados a los civiles enemigos. En la práctica: política de fuego agresiva, ataques aéreos que autorizan “daño colateral” —es decir, matar civiles— a una escala sin precedentes, y “zonas de matanza estériles” donde todo hombre que entra es blanco legítimo. El título mismo del film —nézek agaví, daño colateral— no inventa nada: nombra esa doctrina. Cuando un general formado en Hebrón, Yehuda Vach, declara que “no hay inocentes en Gaza” y lo vuelca en las políticas de fuego, no da una opinión: institucionaliza una orden. Podrán descartar cada testimonio anónimo de Naza; la doctrina que dramatiza ya está probada, y no por sus autores.
Aquí está la acusación, que no es contra la película sino contra quienes la hicieron posible. Un documental de testigos anónimos, sin fecha ni lugar verificables, es exactamente lo que queda cuando el Estado clausura toda otra vía de saber. Israel tuvo siempre la tradición de nombrar una comisión investigadora estatal inmediatamente después de cada guerra o desastre —la Agranat tras Yom Kipur, la Kahan tras Sabra y Chatila, la Or tras los sucesos de octubre de 2000, la Winograd tras el Líbano de 2006—. Van casi tres años del 7 de octubre de 2023 —la guerra más larga de su historia— y este gobierno todavía impide que se forme: la bloquea, ofrece en su lugar una comisión a su medida, y su jefe repite que “no tiene nada que ocultar” mientras se ocupa de que nada se investigue. Negarse ahora, por primera vez, no es prudencia: es romper esa tradición a propósito. Se entiende por qué: una comisión seria tendría que explicar por qué se ignoró la advertencia del jefe de la inteligencia egipcia días antes del ataque —Netanyahu la llamó “fake news”—, por qué se desestimó el plan de Hamás que Israel tenía en su poder desde hacía más de un año, el llamado “Muro de Jericó”, y por qué se desoyó durante meses a las jóvenes observadoras de la frontera. No es que no supieran: es que no quisieron mirar, entonces y ahora.
A la negativa a investigarse se suma la negativa a dejar mirar: van casi tres años y a los periodistas extranjeros se les prohíbe entrar a Gaza por su cuenta; se admite, a lo sumo, alguna visita de horas, escoltada por el ejército y con itinerario militar. Se prohíbe investigar y se prohíbe ver. ¿Qué esperaban que ocupara ese vacío? El universo detesta el vacío: cuando el Estado no investiga, otros investigan por él —cineastas, organismos internacionales, tribunales— y en la dirección que Israel, por haberse callado, ya no puede decidir. La opacidad no protege del veredicto: lo dicta. Quien silencia la prueba no puede quejarse del testimonio.
¿Por qué un gobierno prefiere la calumnia y la lista negra a una comisión? Porque ha vuelto ilegítima la pregunta misma. Hay una confusión que cultiva a propósito, sobre todo a semanas de las elecciones: identificar su política con la existencia misma de Israel, de modo que toda crítica a lo que hace el ejército se vuelva un ataque a que el país exista. No lo es. Se puede —se debe— sostener el derecho de Israel a existir y a defenderse y, a la vez, denunciar que lo que hace en Gaza y en Cisjordania son crímenes. Confundir las dos cosas no defiende al Estado: defiende al gobierno, y usa al Estado de escudo. El propio Levy describe el mecanismo: criticar al ejército como institución —que fija políticas y responde por ellas— se re-enmarca como un ataque a los soldados, y así se silencia a quien habla; “es una estrategia de encuadre muy eficaz —dice—, y funciona”. Prohibir la crítica no es patriotismo; es el reflejo de quien tiene algo que esconder.
Que nadie diga que exagero el clima. En julio de 2024, cuando la policía militar intentó investigar la vejación de un detenido palestino en la base de Sde Teiman —siete costillas rotas, un pulmón perforado, el recto desgarrado, cirugía y una colostomía: eso no es una “calumnia”, es una historia clínica—, la reacción no fue la vergüenza. Fue una turba, con diputados a la cabeza, que asaltó la base para defender a los agresores. El desenlace es todavía más elocuente: en marzo de 2026 el caso contra los reservistas se archivó, mientras la única persona hoy procesada es la fiscal militar que destapó el caso y autorizó difundir el video. Así funciona: al que muestra el crimen se lo juzga; al crimen, se lo absuelve. Naza no cae del cielo: cae sobre ese suelo.
Ese suelo tiene nombre. Es el de un gobierno cuyos ministros dicen en voz alta lo que en otras partes no se dice ni en voz baja. El ministro Amijai Eliyahu afirmó que arrojar una bomba atómica sobre Gaza es “una de las opciones”, y meses después lo repitió: “hasta en La Haya conocen mi posición”. Ben-Gvir llama a la “emigración voluntaria” de los gazatíes “la solución correcta”; Smotrich propone “reducir a la mitad” la población de Gaza en dos años y extender la receta a Cisjordania. Mientras tanto —lo documentan Human Rights Watch, Amnistía y la ONU— los colonos expulsan palestinos de Cisjordania con el ejército al lado o de brazos cruzados: decenas de miles de desplazados solo en 2025. A eso le dicen “voluntario”: fabricar condiciones tan invivibles que irse parezca una elección. Es la palabra que borra la coacción, como “daño colateral” es la palabra que borra al muerto.
Esa maquinaria de palabras que borran tiene su correlato en los hechos: la marca de este gobierno es la no-acción, y su no-acción es una elección. En Gaza se niega a que vuelva la Autoridad Palestina —“ni Hamás ni la Autoridad”, repite— sin ofrecer a cambio ningún horizonte político. En Siria, caído Assad, no ayuda a estabilizar al nuevo gobierno de al-Sharaa: le ocupa una franja más allá del Golán y lo bombardea —cerca de mil ataques aéreos en un año—. En el Líbano, tras el alto el fuego, sigue golpeando, retiene posiciones en el sur y descalifica como “insuficiente” el despliegue del ejército libanés, el único que podría desarmar a Hezbolá; así alimenta el rencor antiisraelí hasta entre quienes detestan a Hezbolá. En todos los frentes, la única iniciativa es la destrucción y el bloqueo.
No es solo que no reconstruya Gaza: la deja caer a propósito. Esta misma semana se derrumbó un edificio de viviendas en la ciudad de Gaza —veintiún muertos, doce de ellos niños—, con unos dos mil edificios más al borde del colapso, cientos de ellos de forma inminente. No es un accidente aislado, sino —en palabras de Haaretz— el derrumbe de toda la Franja. La reconstrucción está detenida, y la explicación que corre en Gaza es de una franqueza brutal: el proceso quedó congelado “hasta después de las elecciones en Israel”. Dos millones de personas hacinadas en media Franja esperan, entre escombros, a que a este gobierno le sirva.
El propio secretario general de la ONU reiteró esta misma semana que la salida es el desarme gradual de Hamás y la retirada gradual de Israel de Gaza, con acceso humanitario pleno y un vínculo entre Gaza y Cisjordania hacia dos Estados. Es, punto por punto, lo que este gobierno rechaza: el obstáculo del arreglo tiene nombre, y no es Hamás.
Pero la no-iniciativa más grave es la más vieja, y explica el resto. Durante años este gobierno trató a Hamás como un activo y a la Autoridad Palestina como una carga —la fórmula es de Smotrich; la política la ejecutó Netanyahu—, para mantener divididos a los palestinos e impedir que naciera su Estado. No fue pasividad: fue inversión. Desde 2018, con visto bueno israelí al más alto nivel, entraron a Gaza valijas de dinero catarí —cientos de millones de dólares, hasta mil quinientos o dos mil millones en total—; un mes antes del 7 de octubre, Israel todavía le pedía a Qatar que aumentara la ayuda. El historiador Adam Raz, que reconstruyó esta trama, lo dice sin rodeos: la prioridad de Netanyahu “no es la seguridad de Israel, sino impedir toda posibilidad real de resolver el conflicto”; fue, escribe, “el cerebro y el arquitecto” de esa transferencia de fondos que mantuvo a Hamás en pie. El mismo gobierno que hoy destruye Gaza es el que, con tal de no dividir la tierra, construyó y alimentó al enemigo que dice combatir. Naza filma la secuela; el original lo escribió él.
Vuelvo a Picasso. Este gobierno quiere fusilar al mensajero: quitarle la ciudadanía, procesarlo por traición, llamarlo antisemita. Pero Abraham y Szor no “hicieron” Naza en el sentido que importa: solo apretaron el obturador. El autor de esa película es quien vació el lugar de toda otra verdad posible: quien se negó a investigar el 7 de octubre, quien cerró Gaza a los periodistas, quien archivó Sde Teiman y procesó a la fiscal, quien convirtió “daño colateral” y “emigración voluntaria” en política de Estado. A la pregunta “¿quién hizo Naza?”, la respuesta es la de Picasso ante el Guernica: no la hicimos nosotros; la hizo el gobierno. Naza es el autorretrato de Israel —y lo pintó, trazo por trazo, quien hoy pretende quemar el cuadro.
Fuente: Blog Pan Rayado
* Fue miembro de la Jativa Anilevich en Argentina
Foto de portada: Yuval Abraham y Rachel Szor, directores del documental Naza.
