El resultado de las elecciones israelíes dejó una imagen bastante elocuente del momento que atraviesa el país. Benjamin Netanyahu volvió a colocar al Likud como primera fuerza, con 27 bancas, pero con sus aliados reunió apenas 53 de los 120 escaños de la Knéset. La oposición obtuvo 48, mientras que las fuerzas árabes alcanzaron una representación histórica de 19 legisladores. Nadie tiene, por ahora, los 61 votos necesarios para formar gobierno.
Lo llamativo es que esa fragmentación no se corresponde con una economía en derrumbe. Israel no atraviesa una crisis de producción, una espiral inflacionaria ni un proceso generalizado de desempleo. Por el contrario, después de más de tres años atravesados por movilizaciones militares y tensiones regionales, su estructura económica conserva una fortaleza difícil de encontrar en otros países. El problema es que esa capacidad de resistencia, que suele presentarse como uno de los mayores éxitos del modelo israelí, convive con una realidad mucho menos favorable para buena parte de sus habitantes.
La campaña electoral volvió a desarrollarse alrededor de la seguridad, las consecuencias del 7 de octubre de 2023, la relación entre religión y Estado y las responsabilidades por los fracasos militares y políticos de los últimos años. La economía estuvo presente, pero al fondo. Una encuesta de Gallup realizada antes de las elecciones mostró que el 56% de los israelíes identificaba la seguridad como el principal problema nacional, frente a apenas el 10% que mencionaba la economía.
La aparente contradicción dice bastante sobre la sociedad israelí. Los problemas económicos preocupan y condicionan la vida familiar, pero cuando llega el momento de votar muchas veces quedan subordinados a otras identidades y conflictos. Para una parte importante del electorado, la pregunta decisiva sigue siendo quién puede garantizar la seguridad del país. Para otros, lo central es la preservación de las instituciones democráticas o la creciente influencia de los partidos religiosos. Las preocupaciones materiales no desaparecen, aunque no son prioridad.
Esa particularidad también tiene una explicación en el funcionamiento del sistema económico. Israel construyó durante décadas una estructura productiva altamente sofisticada, con un sector tecnológico de enorme peso en las exportaciones, elevada capacidad de innovación, universidades competitivas y un entramado empresarial conectado con los principales mercados internacionales. La tecnología se convirtió en uno de los principales pilares de la economía nacional, desde el desarrollo de software y la ciberseguridad hasta la biotecnología, la inteligencia artificial y las industrias vinculadas con la defensa. Esa diversificación, acompañada por la fortaleza del sistema financiero y la capacidad de respuesta del Banco de Israel, permite amortiguar impactos que en otras economías provocarían desequilibrios mucho más profundos. La guerra perjudicó la inversión y la actividad, pero no consiguió destruir los principales motores de generación de divisas. En ese aspecto, el Banco de Israel proyecta un crecimiento del PIB del 5,6% para 2026, con matices, pero con una economía que en los últimos 25 años solo se resintió en 5 trimestres esporádicos, no consecutivos.
Ahí aparece una de las contradicciones más persistentes del modelo israelí. La inflación puede ser baja y, sin embargo, vivir seguir siendo extraordinariamente caro. La OCDE viene advirtiendo que Israel se encuentra entre los países con precios relativos más elevados de la organización, una situación especialmente visible en alimentos, vivienda y transporte. Las barreras comerciales, la concentración de determinados mercados, las restricciones a las importaciones y los problemas de infraestructura contribuyen a sostener esa estructura de costos. La situación se observa con claridad en los productos básicos. En los últimos meses subían las frutas y las verduras, los huevos, los servicios y otros bienes de consumo, aún con un IPC anual de 1,6%. No son movimientos que permitan hablar de un descontrol inflacionario, pero sí muestran cómo los aumentos de determinados alimentos siguen afectando el presupuesto familiar aun cuando los indicadores agregados transmiten tranquilidad.
La vivienda constituye otro problema de difícil resolución. Los alquileres continuaron aumentando y los nuevos contratos con cambio de inquilino mostraban en septiembre una suba interanual del 5,3%. Para una familia joven, el problema pasa por cuánto de su ingreso queda disponible después de pagar vivienda, alimentación, transporte y cuidados infantiles con una canasta que apenas cubre el salario medio nacional.
El encarecimiento también alcanza a sectores de ingresos medios altos que, aun trabajando, encuentran cada vez más difícil sostener el nivel de vida al que aspiran. Es una tensión significativa para un país que se presenta como una potencia tecnológica y que exhibe resultados macroeconómicos relativamente favorables. La prosperidad de las empresas exportadoras no garantiza, por sí misma, viviendas accesibles ni servicios públicos de calidad. Una parte de la población participa de esa economía globalizada; otra depende de actividades tradicionales, empleos de menor productividad y mercados internos donde la competencia sigue siendo limitada.
La guerra profundizó estas diferencias y modificó las prioridades del presupuesto. En marzo de 2026, la Knéset aprobó un presupuesto de aproximadamente 850.000 millones de shekels, con una partida para el Ministerio de Defensa superior a los 142.000 millones. Educación recibió alrededor de 97.000 millones y Salud, unos 63.000 millones.
El problema no es solamente cuánto gasta Israel, sino qué parte de ese gasto sirve para mejorar las condiciones de vida de manera permanente. La contradicción quedó expuesta apenas nueve días antes de las elecciones, cuando el gobierno aprobó un recorte transversal de 2.600 millones de shekels en ministerios civiles para financiar compras urgentes de defensa. Afectado partidas de educación, salud, bienestar y transporte, mientras se mantuvieron asignaciones vinculadas con compromisos de la coalición gobernante.
La movilización prolongada de reservistas tiene costos fiscales, interrumpe trayectorias laborales y afecta a empresas que pierden trabajadores durante períodos extensos. En ese contexto, la discusión sobre la distribución de las obligaciones militares ya no puede separarse del debate sobre quién trabaja, quién contribuye y quién financia el funcionamiento del Estado. Aunque puede quedar demodé en una eventual nueva alianza sin Netanyahu, es fundamental revisar cuanto se va en la masa trabajadora que frecuenta las filas de las FDI, que empresas pierden y cuánto gasta el Estado en educación religiosa que no va asiste al servicio militar.
Asimismo, el sistema de seguridad social permite observar la dimensión de ese esfuerzo. Bituach Leumi, el organismo encargado de jubilaciones, discapacidad, asignaciones familiares, desempleo y otras prestaciones, cumple una función decisiva en la distribución del ingreso. Sus pagos de prestaciones alcanzaron aproximadamente 172.000 millones de shekels, de los cuales, cerca de 34.000 millones estuvieron relacionados con las consecuencias de la guerra, incluyendo compensaciones por servicio de reserva, víctimas de hostilidades y ayudas extraordinarias. Es decir, una parte importante del crecimiento del gasto social no respondió a una ampliación de derechos permanentes, sino a la necesidad de atender los efectos de la emergencia.
La oposición, pensando la problemática urgente y necesaria
La campaña estuvo dominada por la seguridad y las identidades políticas, mientras los programas económicos quedaron relegados a un segundo plano. La falta de un deterioro macroeconómico generalizado contribuye a explicar esa situación. Israel no ofrece una imagen de fracaso económico inmediato que obligue a discutir un cambio radical de rumbo. Su sector tecnológico sigue produciendo, el sistema bancario funciona y la inflación se mantiene controlada. La economía, en términos generales, conserva suficiente estabilidad como para que el voto continúe organizado alrededor de otras preocupaciones.
Es que, aunque no parezca, los problemas estructurales avanzan más lentamente y encuentran menos espacio en la agenda política. La vivienda se vuelve inaccesible para sectores jóvenes, los bienes esenciales absorben una proporción creciente de los ingresos de muchos hogares, las desigualdades educativas condicionan el mercado laboral y los compromisos militares desplazan inversiones que serán necesarias durante décadas.
Hademocratim, el partido de centroizquierda, presenta una mirada diferente, centrada en la reconstrucción de los servicios públicos, la regulación de mercados concentrados, la vivienda accesible y una distribución más equilibrada de los recursos. Algo vinculado a la problemática que va a quedar en el fondo de la discusión de la sociedad israelí, pero que está emergiendo. Desde esta perspectiva democrática y progresista, reconocer la necesidad de proteger a la población no obliga a aceptar que cualquier incremento del gasto militar sea incuestionable. Tampoco significa desconocer que Israel enfrenta amenazas reales. Significa exigir que las prioridades presupuestarias sean discutidas públicamente, que sus costos se distribuyan con criterios de equidad y que la seguridad no termine convirtiéndose en un argumento permanente para relegar derechos sociales. Y eso es parte de lo que en cierta medida está, a veces implícito y otras explicito, en la oposición, desde Eizenkot a Lapid, pasando por los partidos árabes.
El resultado electoral dejó una sociedad dividida y un Parlamento sin mayorías evidentes. Pero también dejó pendiente una discusión sobre el rumbo del país. La economía israelí demostró que puede resistir escenarios excepcionales. Lo que todavía no está resuelto es si esa capacidad se traducirá en mejores condiciones de vida para el conjunto de la población o si seguirá dependiendo de una estructura social cada vez más desigual, con sectores altamente productivos y otros que encuentran dificultades crecientes para participar de sus beneficios.
