Argentina

Desde hace un tiempo, algunos analistas políticos opositores definen a la gestión de Cambiemos como un “macricidio”, por sus tremendas consecuencias políticas, económicas y sociales. Si bien el término utilizado para definir esta gestión no responde con fidelidad a la categoría sociológica mencionada, que tiene su peso específico propio desde lo académico, habría que indagar cómo se debe nombrar a un gobierno que aplica políticas para beneficiar solamente a una minoría, dejando a las mayorías por fuera del sistema, con muertes por hambre y falta de medicación.

Celebradas las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se desató un terremoto político de proporciones. Diseñadas para dirimir internas partidarias de modo abierto y transparente, en los hechos funcionan como una aproximación bastante ajustada de las preferencias políticas de la población, en vistas a la elección general. La fórmula del Frente de Todos se impuso por 16 puntos porcentuales sobre la boleta que proponía la reelección de Mauricio Macri, en tanto que Axel Kicillof lo hacía por 18 puntos sobre la gobernadora María E. Vidal.
¿Cómo entender no sólo los vaivenes de la política económica del gobierno de Cambiemos durante los últimos casi cuatro años, sino también su catástrofe electoral del domingo pasado?
La política económica llevada adelante por Macri a partir de diciembre de 2015 no constituye una excepción histórica, ni mucho menos una novedad. Muy por el contrario, se inscribe en un extenso linaje que, en su versión moderna, se remonta hasta mediados de los años ‘70, momento en el cual la sociedad argentina se hundía en la larga noche dictatorial.

De cuando la comunidad se convirtió en un bunker. De pilotes, muros y guardianes. Bisagras y clivajes entre el adentro y el afuera

La mera observación de las 500.000 fojas que conforman la Causa AMIA agota y paraliza. Es imposible avanzar en una investigación de esa magnitud sin los recursos humanos y tecnológicos adecuados. A lo largo de más de dos décadas, la Causa AMIA fue intervenida por una burocracia inextricable.
En 2016, por decreto presidencial se creó la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA en el marco del Ministerio de Justicia. Mas no se proveyó la tecnología requerida y no obstante hubo avances. En cuanto se observó que, aun cuando éstos fueran incipientes, podían afectar a los amigos del Poder de ayer y de hoy, en 2018 se decidió su clausura.
Sumidos en ese dilema kafkiano, los familiares de las víctimas concibieron diferentes horizontes. Hasta el presente lo que subyace es una doble defraudación por parte del Estado, y una inmensa decepción por el rol cumplido por las instituciones judías en su doble papel.

El determinismo biológico vuelve disfrazado o maquillado con enunciados de una derecha cada vez más dura con ciertos colectivos sociales, según se desprende de algunos dichos de funcionarios que engloban a determinados sectores en ciertos estereotipos para justiciar acciones públicas. En este contexto, se enmarcan las políticas migratorias contra ciertas comunidades latinoamericanas asociándolas con el delito, y -en particular- las declaraciones esta última semana del intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, quien no sólo destacó la implementación del Servicio Cívico Voluntario (SCV) sino que incluso enfatizó que deberían hacerlo las mujeres y los discapacitados porque de esa manera aprenderían a “tener orden, disciplina y en muchos casos a ser higiénicos”.

El olvido se oculta, quizás, en los modos mismos de conmemoración: el establecimiento de fechas y lugares de recuerdo puede confinar el acontecimiento –la masacre y la destrucción- a un espacio de simbólica rememoración, cuando, en realidad, se trata de algo más que el abrazo a los familiares de las víctimas. Aquí –en Argentina, en Israel, en el mundo entero- se trata de elevar el sentido de la memoria: como dice el historiador Yosef Jaim Yerushalmi «poder enfrentar a los  traficantes de documentos, revisionistas de las enciclopedias, conspiradores del silencio»

Analizada desde la liturgia en la que abreva Miguel Ángel Pichetto, su afirmación acerca de que Axel Kicillof es comunista conlleva en forma implícita la aseveración de que es judío, lo cual también lo equipara con José Ber Gelbard. La del senador justicialista devenido en candidato macrista, resulta una afirmación antisemita y lapidaria que descalifica al sujeto por su condición y no por sus actos.

Ante una conmemoración que no logra instalarse en la memoria colectiva de la comunidad judía argentina, a diferencia del Atentado a la AMIA, y frente a un reclamo que se ha centrado en la recordación, se hace necesario focalizar en la exigencia de justicia, apuntando a la búsqueda de los responsables. Bajo la premisa “Y le contarás a tus hijos…”, el pasado lunes 18 de marzo se realizó un nuevo acto en conmemoración al atentado que terminó con la vida de 29 personas, que en esta oportunidad contó con la polémica presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, cuestionado por su involucramiento en el juicio por Encubrimiento del Atentado a la AMIA.

La incendiaria columna de Durán Barba en el diario Perfil, con acusaciones tan falaces como arbitrarias, planteadas únicamente para exacerbar la oposición del oficialismo con el kirchnerismo, pone en evidencia que el asesor presidencial no titubea al momento de manipular datos históricos y encolerizar los ánimos caldeados, hasta un punto que puede ser de no retorno.

Comodoro Py huele a podrido. Quizá como antesala de una sentencia que se viene pronto. En verdad, en la causa AMIA desde el principio todo viene con aroma desagradable. Pero ahora que se acerca el veredicto del Tribunal Oral N°2, los Tribunales Federales de Retiro se visten de fiesta con desbordes cloacales y baños inutilizables. ¿Acaso esta podredumbre no es la metáfora más apropiada para lo que pasó y, quizá, lo que pasará?