Mucho ha ocurrido desde el anuncio del 4 de enero del ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, donde presentó el paquete de reformas bajo los supuestos objetivos de “fortalecer la democracia, restaurar la gobernabilidad, devolver la confianza al sistema judicial y restaurar el equilibrio entre los tres poderes de gobierno”. Pocos habrán imaginado en ese momento que este proyecto, cuyo resultado real sería la magnificación del poder de Netanyahu y de sus aliados de efectuar cambios permanentes en el carácter del país y de sus instituciones sin tener que responder al control de otra entidad gubernamental, desencadenaría un proceso político inédito.