Argentina

El 18 de julio de 1994, como todas las mañanas, Adrián Furman tomó uno de los ascensores de Pasteur 633 alrededor de las 9 y fue hasta la oficina donde trabajaba Fabián, el mayor de sus hermanos, a tomar un café. Había llegado a las 8 a la AMIA, compartió con su hermano la infusión y la charla habitual sobre el tiempo, la familia y la consagración de Brasil contra Italia en el Mundial de Fútbol, que había finalizado el día anterior. Un rato después, a las 9.53, cuando el menor de los Furman se encontraba de nuevo en su oficina, escuchó una explosión y se tiró debajo del escritorio pensando que habían reventado los aires acondicionados. El edificio estaba en arreglo y algo podría haber fallado. En segundos, la AMIA y varias construcciones aledañas quedaron reducidas a escombros. Fue el atentado terrorista más grave de la Argentina, murieron 85 personas y otras 300 quedaron heridas, 67 de las víctimas se encontraban dentro del edificio y otras 18 en la vereda o en edificios aledaños. Uno de esos muertos fue Fabián; Adrián sobrevivió.

¿Milei es un profeta porque se aleja de la política o es un “falso profeta” porque no cumple lo que promete? ¿Es la presidencia un peldaño para emprender una carrera individual antes que un servicio de vocación pública?

En una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado argentino por la falta de Verdad y Justicia y por el encubrimiento en la investigación del atentado contra la AMIA. Fue hace apenas unas semanas. Días después, Nueva Sion conversó con Paula Litvachky (Buenos Aires, 1972). Litvachky es la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, organismo que acompaña a Memoria Activa en el litigio desde 1999 y los temas de la entrevista, además de la actualidad del caso AMIA, fue la política del actual gobierno en materia de derechos humanos.

Encabezó durante tres gobiernos la Unidad AMIA, representó a Memoria Activa en el juicio por encubrimiento y también a Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman en la causa por el Memorándum con Irán. Alejandro Rúa acaba de publicar un libro en el que relata en forma pormenorizada lo que ocurrió del 1 al 30 de julio de 1994 basado en los expedientes judiciales, informes de inteligencia y cables diplomáticos.

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo), en su asamblea universitaria del mes de marzo, emitió una declaración “ante las acciones genocidas del gobierno sionista de Israel sobre la población palestina en Gaza y Cisjordania”. En esta nota, Rolando Schnaidler, coordinador de la Catedra Libre de Estudios Hebraicos “Baruj Spinoza”, de la misma casa de estudios, pone en contexto este pronunciamiento, realizando un recorrido por distintos acontecimientos que tuvieron como eje a diferentes actores de la comunidad judía, y a la UNCo, presentando una mirada compleja que procura evitar todo simplismo y maniqueísmo.

Javier Sinay es un escritor y periodista que acaba de publicar “Después de las 09:53, AMIA: Cartografía de un atentado” (Sudamericana). Esta monumental investigación está basada en lo que sucedió el primer mes del atentado de 1994, momento donde ocurrieron las cuestiones más importantes. El aporte de Sinay es abrir preguntas y que los lectores saquen sus propias conclusiones, para eso no dejó nada sin revelar: entrevistas a los principales actores judiciales, testigos, acusados, lecturas de expedientes, versiones taquigráficas de los procesos judiciales. “En este abre preguntas trato de generar relaciones de diferentes cosas, pero nunca me propuse descubrir algo a esta altura y desde mi posición de periodista o de detective ciudadano sin más armas que la curiosidad y sin más intereses que contar una historia. Me propuse bucear en documentos, noticias, testimonios y demás historias que pueden ser terribles asombrosas o viceversa y a lo sumo que el lector decida” dice el autor.

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) sostuvo en una declaración que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “que declaró responsable a la Argentina por la violación a los derechos de las víctimas en el esclarecimiento al atentado perpetrado el 18 de julio de 1994, confirma la responsabilidad del Estado Argentino, que fracasó no solo en prevenir la masacre terrorista, sino también en llevar adelante una investigación eficiente y en tiempo razonable.”